El Defensor del Pueblo pide que todo el sector público pague la extra de 2012

El Defensor del Pueblo urge a todas las administraciones públicas a esforzarse para que abonen la parte proporcional de la paga extra suspendida en 2012, y eviten así “desigualdades” entre los trabajadores de las diferentes administraciones o entidades estatales.

El informe anual correspondiente a 2015 y que hoy ha presentado la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, en el Congreso, señala que “si todo el personal del sector público se vio afectado por la suspensión de la paga, de igual modo, a todo ese personal se le debe reintegrar lo que le corresponda”.

En este sentido, añade que las administraciones públicas deben realizar “los esfuerzos necesarios” para evitar “desigualdades de tratamiento” en esta materia retributiva, con independencia de la administración o entidad pública en la que trabajen los empleados públicos.

No obstante, el informe incide en que el número de quejas planteadas en 2015 en materia retributiva por parte de los trabajadores del sector público ha sido “considerablemente menor” que en años precedentes.

Sin embargo, recuerda que los funcionarios de la Administración General del Estado (AGE) han ido recuperando un porcentaje de la paga extraordinaria de diciembre de 2012.

Pero otras administraciones y entidades públicas no han procedido a la devolución de ese porcentaje alegando dificultades presupuestarias, lo que implica en la práctica una situación de desigualdad que debe ser corregida.

El informe anual también alerta de que se ha incumplido el Estatuto Básico del Empleado Público en cuanto a la ejecución de las ofertas de empleo público en el plazo improrrogable de tres años y recuerda que aún están pendientes las correspondientes a 2009 y 2010.

Afirma que el número de quejas planteadas por falta de transparencia y dificultades para acceder a la información de convocatorias “sigue siendo amplio”.

La Defensora del Pueblo recomienda a las administraciones adoptar medidas para que las ofertas de empleo público se realicen en los plazos legalmente previstos.

Por otra parte, sobre el permiso de paternidad en el sector público, ampliado de quince días a cuatro semanas en 2009, el Defensor del Pueblo pide su aplicación efectiva, ya que desde la aprobación de la ley ésta “nunca ha entrado en vigor” y todos los años ha sido pospuesta.

Prevé que en 2016 suceda lo mismo, ya que la disposición undécima de los Presupuestos Generales del Estado de 2016 vuelve a retrasar su entrada en vigor al 1 de enero de 2017 y por ello, considera necesario “evitar nuevos aplazamientos” de un permiso que lleva ocho años reconocido y sin aplicación efectiva.

En cuanto a la movilidad laboral de los empleados públicos entre administraciones autonómicas, la institución que dirige Soledad Becerril incide en que “hasta el momento son escasos los convenios de colaboración suscritos entre las administraciones autonómicas para posibilitar la movilidad del personal laboral”, y lamenta que no queden satisfechas las demandas de aquellos trabajadores que lo solicitan y se quejan ante esta institución.

De nuevo el Defensor del Pueblo pide “profundizar en los esfuerzos” para garantizar la movilidad interadministrativa del personal laboral de las comunidades autónomas.