Excluyen que el futuro sistema de justicia penal en México elimine el arraigo

La figura del arraigo, utilizada en México como medida cautelar para permitir la prisión preventiva prolongada, no desaparecerá con la entrada en vigor en 2016 del nuevo sistema de justicia penal, dijo hoy en Naciones Unidas un alto representante de la Secretaría (ministerio)de Relaciones Exteriores de este país.

“El arraigo no desaparecerá con el nuevo sistema de justicia penal”, declaró el subsecretario general para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de esa Secretaría, Juan Manuel Gómez Robledo, en el Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas.

México concluyó hoy una presentación de dos días ante ese Comité, donde se cuestionó la utilización del arraigo, por considerar que crea una situación en la que existe el riesgo de desaparición forzada.

Al respecto, Gómez Robledo admitió que se trata de una figura legal controvertida: “es un debate de hace años y que nos ha servido para tomar conciencia de los abusos a los que puede dar lugar”.

El arraigo está reservado para casos de crimen organizado y su duración es de cuarenta días, renovables por un periodo similar.

Sin embargo, el subsecretario recordó que ya se han introducido cambios en su aplicación, como la decisión de la Corte Suprema, que retiró a las autoridades locales la potestad de emitir tal orden.

Gómez Robledo indicó que ahora sólo procede cuando es decretado por la autoridad federal y que su duración es menor, como también lo es el número de personas a las que se le aplica.

Como prueba de ello, mencionó que si ante existían varios centros de arraigo, ahora hay uno sólo de carácter nacional.

Gómez Robledo agregó que el año pasado 259 personas se les aplicó la medida de arraigo, frente a 2.402 en 2011.

“El debate de si se elimina esta figura no está agotado”, recalcó.

Otro miembro de la delegación oficial, Guillermo Fonseca, funcionario de la Procuraduría General de la República, explicó que el propósito del arraigo es garantizar la presencia del presunto responsable del delito, la integridad de la investigación y la protección de las víctimas.

De esa manera se evita el riesgo de evasión mientras se formaliza el proceso, agregó.