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Nuevo Legislativo de California luchará por los migrantes ante las promesas de Trump

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Nuevo Legislativo de California luchará por los migrantes ante las promesas de Trump

Nuevo Legislativo de California luchará por los migrantes ante las promesas de Trump

Los dos nuevos líderes del Legislativo de California, ambos hispanos, anunciaron hoy "el compromiso del estado para proteger a su población inmigrante" ante las promesas del presidente electo de EE.UU., Donald Trump.

Los demócratas Kevin de León, al frente del Senado, y Anthony Rendón, a la cabeza de la Asamblea, discutieron hoy en una conferencia de prensa la posición legislativa estatal para enfrentar las promesas de Trump en materia migratoria.

"California nunca respaldará a aquellos que con socavar pretenden disminuir nuestra prosperidad o privar nuestra gente de los derechos humanos fundamentales", dijo hoy De León.

"Nos negamos a regresar a la política de chivo expiatorio, de persecución con hostilidades religiosas, raciales y étnicas", agregó.

"Tenemos que luchar" contra las iniciativas de Trump, afirmó Rendón.

"En este momento creo que nuestra nación se enfrenta a otra gran amenaza existencial y una amenaza para el progreso que hemos logrado", sostuvo el presidente de la Asamblea, reelegido hoy.

Una de las medidas es disponer mayores recursos para que los indocumentados cuenten con defensa legal para sus casos, explicó De León.

"También vamos a presentar una medida para parar en seco toda la colaboración de las agencias policiacas locales y estatales con los agentes policiacos a nivel federal", añadió.

Con la nominación por parte del gobernador Jerry Brown de otro importante líder hispano, el representante federal Xavier Becerra, como fiscal general del estado, muchos lo ven como el abanderado de la resistencia californiana contra las posibles futuras medidas presidenciales.

Al aceptar la nominación, el congresista nacido en San Diego de padres inmigrantes aseguró que "California en este momento está por delante del país cuando se trata de energía limpia, tratamiento de sentido común para los inmigrantes, seguridad de salud real y mucho más".

Varios líderes de California han señalado que se opondrán a las medidas del presidente electo para aplicar las leyes de inmigración y deportar a quienes residen ilegalmente en el país.

El senador demócrata de Bell Gardens, Ricardo Lara, presentó hoy tres iniciativas de ley a favor de los inmigrantes.

Una de las propuestas busca establecer un plebiscito estatal sobre la construcción de un muro en la frontera entre California y México.

Otra plantea prohibir a las agencias estatales suministrar información al Gobierno federal sobre la afiliación religiosa de las personas, por ejemplo de los musulmanes, excepto cuando se trate de casos que pongan en riesgo la seguridad nacional.

La tercera busca poner fin a los contratos de los Gobiernos locales con empresas privadas para la detención de inmigrantes indocumentados.

El senador Ben Hueso, vicepresidente del Caucus Legislativo Latino, anunció una propuesta legislativa que busca crear un programa estatal para financiar la representación legal a aquellos que enfrenten procesos de deportación.

La medida "manda un mensaje claro a los californianos indocumentados de que no les daremos la espalda. Haremos todo lo que esté en nuestro poder para protegerlos de deportaciones injustas", expresó hoy Hueso.

Otras dos resoluciones aprobadas hoy, una en el Senado y otra en la Asamblea, piden al presidente electo que abandone su plan de deportar a millones de indocumentados.

Según se destacó hoy "los inmigrantes son vitales para muchas industrias de California" y los trabajadores indocumentados representan aproximadamente el 10 % de toda la fuerza laboral del estado.

La legislatura californiana contará con una "supermayoría" demócrata, lo que les permitirá en teoría sacar adelante medidas en aspectos como impuestos.

Las "ciudades santuario", donde las autoridades locales protegen de la deportación a inmigrantes indocumentados, fue otro de los puntos de lucha anunciados hoy, sobre todo en Los Ángeles, San Francisco, y Oakland, cuyos gobernantes reafirmaron que continuarán con su política de no colaborar con las autoridades federales de migración.

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