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Indignación sindical por la adjudicación de la seguridad en el centro de Valle Tabares sin subrogar a 20 trabajadores

FTSP-USO Canarias no entiende cómo "la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Viviendas ha otorgado el contrato a la empresa Alcor Seguridad", que ha hecho una "baja temeraria" para ganar el concurso a costa de los empleos

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Imagen del centro de menores de Valle Tabares, isla de Tenerife

Imagen del centro de menores de Valle Tabares, isla de Tenerife

El sindicato FTSP-USO Canarias ha mostrado su indignación por la adjudicación del contrato de seguridad en el centro de internamiento de menores infractores de Valle Tabares, en Tenerife, a una empresa que no ha subrogado a 20 trabajadores que prestaban su servicio con la anterior concesionaria, Seguridad Integral Canaria.

"No entendemos cómo la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Viviendas del Gobierno de Canarias ha adjudicado el contrato para prestar servicio de protección y seguridad a la empresa Alcor Seguridad", que ha hecho una "baja temeraria" para ganar el concurso a costa de los trabajadores, indica USO en un comunicado.

Se trata de una compañía especializada en conseguir concursos públicos a precios muy ajustados a costa de los trabajadores, lo que se denomina una "empresa pirata", apunta el sindicato.

El servicio comenzó a prestarse en la medianoche del jueves al viernes y 20 vigilantes de seguridad de la empresa Seguridad Integral Canaria no han sido recogidos por la nueva empresa que presta el servicio, relata USO.

"El argumento de esta empresa es que han inflado el listado del personal del servicio de vigilancia a subrogar, por lo que es necesario menos trabajadores, pero a su vez han realizado un total de 20 nuevos contratos de trabajo, con un cómputo mensual de 182 horas", denuncia USO.

Para este sindicato, "la oferta que ganó este concurso público automáticamente se sitúo en baja temeraria", por lo que se va a estudiar una demanda al considerar que debería asumir a todos los trabajadores.

"Alcor Seguridad se descolgó del convenio estatal en 2013 para recortar salarios, ampliación de la jornada por encima del convenio y abonar sueldos que no llegan a los 1.000 euros", según sostiene USO.

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