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Dejemos que la negociación avance...

Mariola Urrea Corres

Profesora Titular de Derecho Internacional Público de la Universidad de La Rioja —

Los resultados electorales del 26-J han dejado muchas dudas y alguna certeza. Entre las certezas está la victoria del Partido Popular con ciento treinta y siete diputados. Cincuenta y dos diputados más que los que ha logrado el PSOE como segunda fuerza política. De todo ello parece concluirse, con poco margen para la duda, que le corresponde al PP la misión de gobernar España. A nadie se le escapa, sin embargo, que Mariano Rajoy no lo tiene fácil. De hecho, necesita forjar un acuerdo que le facilite la investidura y, en su caso, la gobernabilidad del país para el que es imprescindible mostrar no sólo flexibilidad, sino también cierta sensibilidad para incorporar a su acción de gobierno las iniciativas de aquellos adversarios políticos a los que ha ignorado durante los últimos cuatro años. Es obvio que la mayoría absoluta del anterior mandato ha podido atrofiar unas capacidades en términos de negociación que, sin embargo, se reactivarán sin mayor problema en cuanto se imponga el pragmatismo propio de quien no es prisionero de un armazón ideológico sólido, como parece ser el caso de Mariano Rajoy.

Con todo, el desafío que tiene el PP es verdaderamente exigente porque, en esta ocasión, no es descartable que tenga que aceptar la invitación del rey para acudir a la investidura sin garantías reales de que su candidato pueda ser elegido, al menos, en primera votación. Atendiendo al precedente que Rajoy provocó tras las elecciones del 20-D, vale la pena insistir en la irresponsabilidad que implicaría un comportamiento consistente en condicionar la aceptación del encargo de Felipe VI para acudir a una sesión de investidura a la existencia de una mayoría suficiente para garantizar su elección como Presidente de Gobierno. Un comportamiento como el descrito implicaría una presión en el sistema político difícilmente aceptable en términos democráticos e institucionales. No negamos que la hipótesis descrita resultaría, en otras circunstancias distintas a las actuales, ciertamente improbable, pero la experiencia acumulada en los últimos meses nos previene sobre cualquier potencial tentación de retorcer el proceso de elección del Presidente de Gobierno hasta el límite de lo políticamente aceptable, incluso aunque tenga como noble propósito evitar la convocatoria de unas terceras elecciones difícilmente asumibles.

Ha pasado algo más de una semana desde que se conocieron los resultados electorales y quien aspira a gobernar durante los próximos años no ha realizado ninguna declaración que nos permita adivinar cómo va a conducir el proceso, qué parte de su agenda política está dispuesto a sacrificar para dar cabida a las iniciativas de otros, si prefiere un pacto de investidura, un acuerdo de gobierno, un gobierno de coalición, si admitiría conformar un gobierno compuesto por personas próximas a otras fuerzas políticas…

En estos primeros momentos, cuando la digestión electoral todavía no ha terminado de hacerse, el PP únicamente ha expresado una voluntad clara de preterir a Ciudadanos en estas fases iniciales del proceso y proclamar una voluntad de aproximación al PSOE que no se ha traducido, hasta la fecha, en nada a pesar de la complejidad política que tal iniciativa implica. No es fácil, por tanto, concluir si estamos ante un movimiento táctico que se dará por terminado en el momento en que Ciudadanos deje de vincular la regeneración democrática a la continuidad política de Rajoy o si, por el contrario, se trata de un posicionamiento estratégico en virtud del cual el PP pretende terminar con el proyecto de Ciudadanos arrastrándolo hasta la irrelevancia política a la vez que proyecta sobre un PSOE muy debilitado, electoral y orgánicamente, la posibilidad de mancomunar, en beneficio propio, el coste de asumir futuras decisiones económicas que probablemente serán muy contestadas por la ciudadanía.

Conforme vayan avanzando las negociaciones, tendremos oportunidad de ir despejando alguna incógnita. Mientras tanto, merece la pena fijar la atención sobre el Partido Socialista no tanto para interpelarle, como viene ocurriendo desde la misma noche electoral, acerca de su responsabilidad en la gobernabilidad del país, sino para describir un contexto interno que difícilmente permite gestionar con eficiencia un resultado electoral que, en otro escenario, daría una alta rentabilidad hasta el punto de poder convertir al PSOE en el arquitecto de la agenda política de los próximos años. Sin embargo, no parece estar entre los objetivos del PSOE hacer frente a este reto. Con un liderazgo permanente cuestionado, Pedro Sánchez se enfrenta el sábado a un Comité Federal en el que las ambiciones de quienes aspiran a sucederle tratarán de escribirle el guión que tendrá que representar durante el tiempo que se prolongue el proceso de negociaciones para formar gobierno: abstenerse para facilitar un gobierno del PP o votar en contra de un gobierno de Mariano Rajoy. En uno y otro caso, se asume la oposición como el destino políticamente menos comprometido, a sabiendas de que será muy difícil configurar una alternativa en un Parlamento donde (des)Unidos-Podemos protagonizará una oposición más contundente.

Con todo, como hemos ya apuntado, la principal debilidad del PSOE no puede atribuirse a unos pobres resultados electorales que, sin embargo, han permitido evitar el sorpasso. La precariedad de una dirección que es permanentemente contestada a través de una portavocía coral a lo largo y ancho del territorio nacional es una buena muestra de la precariedad interna del Partido Socialista que, sin duda, es aprovechada por todos para repercutir sobre él la responsabilidad de la gobernabilidad de España e, incluso, para que pague el coste, llegado el caso, de la convocatoria de unas nuevas elecciones que, curiosamente, podrían resultar electoralmente rentables únicamente para el PP. Habrá tiempo para buscar responsables de lo que le ocurre a España y, también, de lo que le ocurre al PSOE. Ahora, dejemos que las negociaciones para formar gobierno avancen, que cada uno de los partidos formulen sus peticiones, que se perfilen los acuerdos, que se formalicen los pactos… Y, sobre todo, aspiremos a que quien ambiciona ser presidente sea consciente, al menos, de que los resultados logrados en el proceso deben ser proporcionales a los esfuerzos que se invierten en su consecución.

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