Lluvia de críticas a Educación por introducir la “censura” en los centros bajo el paraguas de la “neutralidad institucional”

La instrucción de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias sobre organización y funcionamiento de los centros no universitarios ha generado polémica. La disposición 3.4 establece que “no se podrá autorizar la realización de conferencias, charlas, reuniones o eventos que puedan llevarse a cabo por individuos, grupos, organizaciones o colectivos caracterizados por una determinada opción ideológica que no sea neutral y no respete los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en nuestra Constitución en espacios e instalaciones de los recintos escolares”, algo que ha suscitado críticas entre colectivos y grupos políticos quienes tachan de “censura” la medida introducida por la Administración, bajo el principio de “neutralidad institucional”.

La Consejería aclara que esa instrucción se aplica “sin ningún tipo de incidencia desde este curso que termina y surge para proteger a los equipos directivos y docentes cuando programan o les solicitan impartir charlas o ponencias en centros educativos y que pueden no resultar del contenido que inicialmente esperaban o se expresan desde una parcialidad que puede influir directamente en la percepción de unos determinados temas por parte del alumnado, en una etapa de su desarrollo especialmente sensible”.

Este lunes, el viceconsejero de Educación de Ejecutivo regional, José Manuel Cabrera (PP), defendió en la Cadena Ser que la norma “no es nueva” y asegurando que la instrucción se hizo “hace ya dos cursos”.

En este contexto, Cabrera cuenta las experiencias en algunas ponencias en centros educativos en años anteriores, donde se trasladó a la Consejería que se había utilizado “de forma inadecuada” ese espacio que se cede al alumnado, al no emplear “la rigurosidad y pluralidad” en cuanto a las alternativas ideológicas, y defiende que “la misma palabra lo dice, neutral, en el sentido de mostrar las diferentes opciones”. Además, asegura que fueron los propios equipos directivos quienes indicaron al departamento que “reafirmara cuál es la utilidad de esas charlas” que complementan la actividad lectiva.

El viceconsejero defiende que las ponencias se deben hacer “atendiendo a la ley, a los derechos y a las ibertades públicas, y a partir de ahí serán como siempre los equipos directivos y el Consejo Escolar el que decida qué charlas educativas son adecuadas y se deben implantar e implementar en los centros”, asevera Cabrera.

Sin embargo, a la pregunta de quién decide si algo es neutral o no, el viceconsejero detalla que en algunas casos son los equipos directivos de cada centro y, en otros, el Consejo Escolar es el que indica si la charla es “interesante, complementa a la actividad curricular y, en tal caso, la persona puede impartir esa ponencia al alumnado”. 

José Manuel Cabrera pone de ejemplo el caso de una persona que desde el propio centro educativo podrían considerar que tiene una ideología y que puede lanzar unos mensajes “xenófobos” o que no son “adecuados”, pues “a partir de ahí pues lo normal es que esa persona no asista”.

El PSOE de Canarias ha sido uno de los partidos más críticos exigiendo explicaciones al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, sobre la decisión de su Consejería de Educación de establecer “criterios restrictivos para la realización de conferencias, charlas, reuniones o eventos que puedan llevarse a cabo por una determinada opción ideológica que no sea neutral en los centros educativos del Archipiélago”.

Los socialistas consideran “especialmente grave” la presencia de una referencia tan ambigua como la de “ideología no neutral”, un concepto cuya definición “no aparece aclarada en la directriz trasladada por la consejería que dirige el Partido Popular, socio de gobierno de Coalición Canaria”, y que, a juicio del PSOE, “abre la puerta a interpretaciones arbitrarias y a restricciones incompatibles con el papel que debe desempeñar la educación pública”.

 “Puede tener consecuencias especialmente negativas sobre el pensamiento crítico y sobre la propia función educativa de la escuela, que debe ser un espacio abierto al debate, al intercambio de ideas y a la formación en valores democráticos”, interpretan.

Sí se puede en Canarias, Vanesa Martín, por su parte, ha señalado este lunes que “una cosa es decir que no se permitirán discursos que deningren a las personas por su origen o estética, que ataquen los derechos civiles de la ciudadanía o que cuestionen argumentos científicos o las leyes, y otra bien distinta es hablar de una neutralidad que es difícil de aplicar”, asegura la portavoz. 

En este sentido, la formación califica de disparate el hablar de “colectivos caracterizados por una determinada opción ideológica no neutral”, para impedir acciones informativas en los centros educativos.

Además, desde la formación señalan que la palabra “neutralidad solo genera inseguridad jurídica y que debe aclararse”. Desde Sí se puede señalan que las instituciones y las propias constituciones democráticas no son “neutrales”, sino que están fundamentadas en valores como la igualdad, la sostenibilidad y los derechos humanos.

Defienden, además, que no se aisle los centros educativos de los debates de la sociedad y de los colectivos sociales, que siempre han formado parte de la misma a través de charlas y jornadas que resultan útiles y favorecen un debate democrático.  Vanesa Martín reclama que se haga un escrito aclaratorio desde la Consejería de Educación, donde se desarrolle una idea que a día de hoy solo promueve la “autocensura” y el cese de actos externos para evitar posibles conflictos.

Sí se puede exige a la Consejería de Educación la revisión “inmediata” de esta disposición “para garantizar que la autonomía de los centros y la libertad de cátedra no queden supeditadas a interpretaciones subjetivas del poder de turno”, concluye.

Para la Red Feminista de Gran Canaria, “se trata de un planteamiento preocupante que abre la puerta a cuestionar y excluir iniciativas sobre igualdad, feminismo, educación afectivo-sexual, diversidad, prevención de las violencias machistas o derechos humanos” y añade que “cuando se utiliza el concepto de ”neutralidad“ sin definirlo, se corre el riesgo de equiparar la defensa de los derechos humanos con opiniones políticas que los cuestionan”.

“Puede generar censura en los centros educativos, limitar la autonomía del profesorado, dificultar la prevención de las violencias machistas e invisibilizar el trabajo por décadas han desarrollado organizaciones sociales y profesionales especializadas”, agrega el colectivo.

“Mecanismo ambiguo y peligrosamente arbitrario”

El sindicato STEC-IC ya trasladó hace unos días su “más absoluto rechazo” al contenido del punto en cuestión. La organización considera que la Consejería introduce un mecanismo “ambiguo y peligrosamente arbitrario” que puede convertirse en una herramienta de “censura ideológica en la escuela pública.

La organización asegura que lo “verdaderamente preocupante no es que existan ideas diversas en los centros educativos; sino que una Administración pretenda decidir cuáles son aceptables y cuáles deben ser excluidas”.

Además, el sindicato recuerda que “la normativa vigente ya contempla límites suficientes frente a discursos de odio, violencia, racismo o xenofobia”. Por tanto, considera que, “este nuevo apartado no responde a una necesidad jurídica real, sino a una voluntad política de controlar el discurso público dentro de los centros educativos”.

Precisamente, el portavoz de STEC-IC, Iván Morales, ha analizado en el mismo medio las palabras del viceconsejero de Educación, y aclara que para el sindicato la “gravedad” de la disposición 3.4 de la resolución reside en que si la Administración deja por escrito una instrucción a los centros “ya condiciona y fomenta una autocensura”, y añade que, aunque sean los equipos directos o el Consejo Escolar, es la Consejería, “el jefe directo quien ha impuesto un aviso”.

Con esto, Morales se refiere a que el área en cuestión está gobernada por el Partido Popular y lanza una pregunta: “¿Es el PP un partido neutral?”

En este contexto, el portavoz acusa al actual departamento que tienen ejemplos de haber actuado “de forma no neutral, fomentando su propia ideología en diversos aspectos”.

Tenemos un partido político (PP), claramente con ideología de derecha, que ya de por sí ha aplicado ciertas medidas de derecha en otros ámbitos, y que pretende hablar de neutralidad

Desde el sindicato solicitan a la Consejería que retiren en tal caso, el párrafo “si es tan inocuo”, e instan a “confiar más en los docentes, en su libertad de cátedra, en su criterio pedagógico y su capacidad para enriquecer el currículo, sin necesidad de que la Administración opte por una actitud paternalista”.

Incluso piden al área que no traten como “estúpidos” a los docentes, y defienden que saben “diferenciar entre un radical y un violento, de una persona que venga a enriquecer”. 

Por ultimo, Iván Morales manifiesta que “el debate se debe dar, que se debe fomentar el pensamiento crítico y que sea el alumnado, a medida que crezca, quien elija qué ideología adoptar en función de lo que consideren más apropiado”, sentencia.