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Gobernar el 'Open Data'

Antoni Gutiérrez-Rubí

Según la International Data Corporation, una compañía especializada en el análisis de los mercados tecnológicos, la estimación de negocio alrededor del Big Data en el mundo crecerá desde los 122.000 millones de dólares de 2015 a los 189.000 en 2019.  “Los datos son el petróleo del siglo XXI”, afirman expertos y analistas. Detrás de ella se esconde el rápido desarrollo de todas las industrias digitales, así como las oportunidades de negocio y las profesiones que han nacido con ellas y una concepción de nueva era. Este recurso inagotable está brindando oportunidades para las personas y organizaciones que están entendiendo el nuevo paradigma y saben trabajar con él. 

Pero la revolución no se limita a la esfera económica. Los datos y la capacidad para capturarlos, transmitirlos, analizarlos y obtener nuevos aprendizajes también han cambiado las reglas de juego para el ámbito de la gestión de lo público y lo político, que entre otras prácticas ha descubierto la capacidad para compartir todo tipo de información con la ciudadanía de forma que aquélla pueda ser reutilizada. Es lo que conocemos como Open Data.

La expansión del fenómeno de los datos abiertos en los últimos años es incuestionable. Desde que en el año 2009 el Gobierno estadounidense lanzó el portal data.gov, en el que abrió todos los datos salvo los de carácter personal o que tuvieran relación con la seguridad del Estado, han sido más de 70 países los que han seguido su ejemplo, y centenares de administraciones regionales y locales, la mayoría correspondientes a países desarrollados. 

La publicación y difusión de datos públicos tiene como objetivo facilitar su acceso y permitir la reutilización. En su origen se encuentra la necesidad de cumplir con ciertos criterios de transparencia, incluso para facilitar la participación ciudadana, aunque también se busca promover la innovación y la actividad empresarial alrededor de estos datos, así como una mejora en la toma de decisiones.  En la mayoría de los países desarrollados el sector público es el primer empleador, y su capacidad de gestión de la información prima (la nueva materia prima) es un poderoso caudal de posibilidades. 

Publicar datos como los horarios de transporte, los registros de criminalidad, los índices de contaminación, entre otros, ha generado nuevas dinámicas y colaboraciones entre la Administración, la ciudadanía y las empresas. Compartir datos públicos abre espacios para la cogestión de servicios y la colaboración público-privada. A pesar de ello, aun ahora, cuando han pasado años desde el despegue de este ejercicio de transparencia, seguimos con la duda de si esta apertura masiva de datos ha sido capaz de generar una gran transformación. 

El análisis del Big Data se convertirá en un elemento clave en el desarrollo económico, y es la base a partir de la cual se diseñarán muchos procesos de innovación, y por tanto el necesario aumento de la productividad que lleva al crecimiento. Ya en Europa este sector es uno de los principales motores de empleo, tanto es así que ahora la duda es si los distintos mercados de trabajo están preparados. Todo parece indicar que no es así, pues sólo en Estados Unidos se prevé que en 2018 tengan un déficit de entre 140.000 y 190.000 analistas de datos, según la consultora McKinsey. Esta es la razón, seguramente, para que la UE haya apostado por el Big Data como la nueva centralidad competitiva. El Horizonte 2020 (H2020) es el nuevo programa europeo de investigación e innovación de la Unión Europea para el período 2014-2020. El plan de 70.000 millones de euros pretende acelerar la financiación de proyectos de I+D y que la innovación llegue al mercado y a toda la sociedad. 

CUATRO DESAFÍOS PARA EL FUTURO

Existe un cierto acuerdo entre los expertos sobre el hecho de que facilitar el uso de los datos y empoderar a los ciudadanos —formarlos— para que los usen a fin de solucionar problemas que les sean cercanos son los retos más próximos para afrontar los cuatro desafíos más inmediatos del Open Data.

Primero. Ser capaces de entender qué ocurre una vez que se han liberado los datos. La mayor parte de las administraciones no tienen forma de trazar los outputs que se generan con sus datos: quién los está utilizando, para qué, con qué resultados... Monitorizar el uso que se hace de toda la información es prioritario si queremos entender qué funciona y qué no.

Segundo. Asegurarse de que los datos que se generan con dinero público se abrirán lo antes posible, que lo harán en los formatos adecuados y con licencias para que se puedan reutilizar libremente. Esta prioridad implica que la apertura de datos, en lugar de ser el final de un proceso, debe situarse en el centro del proceso. Dicho de otra forma, la Administración es la primera que debe trabajar con estos datos no sólo como medida de transparencia, sino para ir avanzando hacia un modelo de toma de decisiones basado cada vez más en la evidencia. Para hacerlo habrá que incorporarlos en las tareas habituales, de forma que los datos abiertos ya no serán sólo el resultado final del proceso, sino que forman parte de cómo se ejecutan estos procesos. 

Tercero. Preparar a las administraciones no sólo para compartir datos propios, sino para trabajar con datos externos. A pesar de que va más allá de la idea original de Open Data y transparencia, lo que trata es de generar nuevos sistemas de colaboración entre las instituciones y empresas que son capaces de explotar el small data, es decir, los datos que generamos los usuarios cotidianamente con nuestros smartphones. De esta colaboración existen múltiples ejemplos, como el proyecto entre Strava, la App móvil que usan miles de usuarios para registrar sus desplazamientos cuando corren o van en bicicleta por la ciudad, y el departamento de Transporte del estado norteamericano de Oregon.  En mayo de 2014, la Administración y la App acordaron que el departamento pagaba 20.000 dólares para acceder y analizar los datos generados en su estado. El objetivo era mejorar las políticas de movilidad a través de un conocimiento que hasta ese momento la Administración no tenía, algo tan sencillo como saber por dónde circulaban los ciclistas.

Cuatro. Por último, el reto quizás más complicado y a la vez más dependiente de los otros tres, es el de mejorar la confianza de la ciudadanía en los datos abiertos. Las dudas sobre la utilidad real de estos datos en comparación con otras políticas que se consideran prioritarias, hacen que estas medidas no reciban la atención esperada. También las dudas legítimas sobre la privacidad o la comercialización de lo personal añaden no pocas incertidumbres. Ahora muchos especialistas plantean la necesidad de construir un relato que permita difundir con mayor éxito este tipo de iniciativas. La vía para hacerlo no es otra que mostrar los beneficios que los datos pueden aportar a la sociedad en términos de mejoras en las políticas sociales, transparencia, colaboración entre el mundo público y el privado, y por supuesto en el aspecto económico.

Es de esperar que estos desafíos se debatirán en el próximo congreso sobre Open Data que se celebrará en Madrid el 6 y 7 de octubre, así como muchas de las prácticas que concretan cada desafío aparecerán en el Open Cities Summit organizado en MediaLab-Prado.

Después de una explosión inicial estamos en pleno proceso de maduración en el debate sobre qué hacemos con los datos que generamos. Las sociedades vamos a tener que decidir cómo usamos los datos de la esfera política. El dilema no es menor. Como apunta Alec Ross, autor del libro Las industrias del futuro: “Las decisiones que tomemos sobre cómo queremos gestionar los datos serán tan importantes como las decisiones sobre gestionar la tierra en la época agrícola o sobre cómo gestionar la industria durante la revolución industrial”. Parece evidente que los datos y la política irán cada vez más entrelazados. Y a pesar de que estos puedan ser neutrales, su uso y difusión no lo es. De qué camino tomemos dependerá la forma cómo nos gobernemos.

Antoni Gutiérrez-Rubí es asesor de comunicación.

[Este artículo ha sido publicado en el dossier del número de septiembre de la revista Alternativas Económicas, dedicado al Big Data. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

Según la International Data Corporation, una compañía especializada en el análisis de los mercados tecnológicos, la estimación de negocio alrededor del Big Data en el mundo crecerá desde los 122.000 millones de dólares de 2015 a los 189.000 en 2019.  “Los datos son el petróleo del siglo XXI”, afirman expertos y analistas. Detrás de ella se esconde el rápido desarrollo de todas las industrias digitales, así como las oportunidades de negocio y las profesiones que han nacido con ellas y una concepción de nueva era. Este recurso inagotable está brindando oportunidades para las personas y organizaciones que están entendiendo el nuevo paradigma y saben trabajar con él. 

Pero la revolución no se limita a la esfera económica. Los datos y la capacidad para capturarlos, transmitirlos, analizarlos y obtener nuevos aprendizajes también han cambiado las reglas de juego para el ámbito de la gestión de lo público y lo político, que entre otras prácticas ha descubierto la capacidad para compartir todo tipo de información con la ciudadanía de forma que aquélla pueda ser reutilizada. Es lo que conocemos como Open Data.