A la jueza le “llama poderosamente la atención” el caos ante la dana de la cúpula del PP de la Diputación de Valencia
A la jueza instructora de la causa de la dana, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, le “llama poderosamente la atención” que la vicepresidenta de la Diputación de Valencia, Reme Mazzolari, no contactara el 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos, con el presidente Vicente Mompó, que no conociera el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME) o que se enterara por la televisión de que se había convocado una reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), tal como reconoció la dirigente popular en su testifical del pasado 29 de junio.
La instructora destaca, en un auto dictado este viernes, que la responsable del área de Carreteras de la Diputación —“ante un proceso meteorológico de tanta gravedad, anunciado por los medios”— se quedara en su casa teletrabajando y sin mayor preocupación hasta bien entrada la tarde, cuando se enteró al ver la televisión autonómica mientras se disponía a preparar la cena que estaba ocurriendo una catástrofe.
“Es una versión del desconocimiento de lo sucedido que contradice el testimonio de la alcaldesa de Chiva [Amparo Fort]”, afirma la resolución. Reme Mazzolari cuestionó la versión de la primera edil, de su mismo partido, quien dijo en su testifical que la vicepresidenta de la Diputación de Valencia, la llamó sobre la hora de comer para preguntar por la situación en la cabecera del barranco del Poyo.
De hecho, la medida preventiva de mandar a casa a los trabajadores a las 14.00 se tomó por parte de altos funcionarios del departamento de Recursos Humanos de la Diputación sin intervención alguna de los políticos.
La instructora rechaza una serie de diligencias propuestas por una de las acusaciones particulares de la causa, relativas a las carreteras, escudándose en la posición de garante como “elemento determinante en la atribución de responsabilidades penales”, según indica el auto.
La acusación, que proponía un careo entre la vicepresidenta de la institución provincial y la alcaldesa de Chiva, pretendía imputar a Mazzolari una supuesta responsabilidad penal, a tenor de su pobre actuación el día de autos.
Por el contrario, “no basta la atribución de una infracción administrativa, si no viene acompañada de una posición de garante que la testigo no ostentaba durante la gestión de la emergencia, posición de garante que ha de partir de la normativa autonómica de protección civil y las diferentes fases del plan especial de inundaciones”, afirma la jueza.
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