Agredir a un sanitario en Andalucía supondrá multas de hasta 60.000 euros gracias a un nuevo protocolo

Las agresiones al personal sanitario siguen creciendo en Andalucía. Solo durante 2025 se registraron 1976 agresiones a profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS), 110 más que el año anterior. De ellas, 387 fueron agresiones físicas y el 74% de las víctimas fueron mujeres. Lejos de ser un problema puntual, la violencia contra quienes trabajan en la sanidad pública se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los profesionales.

Ante esta situación, la Junta de Andalucía ha anunciado el desarrollo de un régimen sancionador específico para los usuarios que agredan al personal del sistema sanitario público. La medida, reclamada desde hace años por los sindicatos, permitirá imponer multas de entre 500 y 60.000 euros y otras medidas complementarias con el objetivo de disuadir este tipo de conductas. Desde UGT, que ha sido uno de los sindicatos que más ha presionado para que saliese adelante la medida, valoran positivamente el anuncio, aunque advierten de que las sanciones, por sí solas, no resolverán un problema que consideran estrechamente relacionado con el deterioro de las condiciones en las que se presta la asistencia sanitaria.

Hasta ahora, las agresiones a profesionales sanitarios podían tener consecuencias penales o civiles, pero Andalucía carecía de un régimen administrativo específico que sancionara este tipo de comportamientos dentro del ámbito sanitario. La nueva norma pretende llenar ese vacío. “Consideramos muy importante que se aborde la elaboración de este régimen sancionador, al igual que ya han hecho otras comunidades autónomas. Creemos que con estas sanciones se va a conseguir un efecto disuasorio, puesto que actúa directamente el sistema sobre el agresor”, explica Blanca Ávila, secretaria de Política Sindical, Igualdad y Salud Laboral de UGT Sevilla.

No solo agresiones físicas

Las sanciones no se limitarán a las agresiones físicas. También podrán castigarse insultos, amenazas, faltas de respeto, coacciones o agresiones cometidas a través de medios digitales, conductas que constituyen una parte importante de los incidentes registrados cada año. Además de las multas económicas, el régimen contemplará otras medidas de carácter asistencial. Entre ellas figura una reivindicación histórica del sindicato: que sea el agresor quien cambie de centro sanitario y no el profesional agredido. “Hasta ahora a quien se cambiaba era al profesional agredido. Creemos que quien debe cambiar de centro es el agresor”, sostiene Ávila.

El consejero de Salud en funciones, Antonio Sanz, anunció durante la reunión del Observatorio de Agresiones que la propuesta será remitida próximamente al Parlamento andaluz para su aprobación. “Esperamos que sea cuestión de poco tiempo, porque urge su aplicación”, añade la representante sindical. No en vano, para UGT, el nuevo régimen sancionador supone un avance, pero no será suficiente si no se actualiza el Plan de Prevención y Atención frente a las Agresiones, aprobado en 2020.

El sindicato recuerda que aquel documento nació en un contexto completamente excepcional, marcado por la pandemia de la COVID-19, y que la realidad de los centros sanitarios ha cambiado radicalmente desde entonces. “El plan data de 2020, se hizo en plena pandemia y desde entonces han cambiado muchísimo las cosas. De los aplausos se ha pasado a las agresiones diarias para las personas que trabajan en el SAS”, resume Ávila.

Entre las modificaciones que reclama UGT figura eliminar la identificación pública de los profesionales mediante nombre y apellidos y sustituirla por un código alfanumérico, similar al que utilizan los cuerpos policiales. Según explica el sindicato, en numerosas ocasiones los agresores utilizan esos datos personales para continuar hostigando a los trabajadores fuera del centro sanitario. Otra de las reivindicaciones consiste en que no sea la propia víctima quien deba asumir el peso de denunciar la agresión.

“Queremos encontrar la fórmula para que no sea la persona agredida quien tenga que personarse en la denuncia, sino que sea el propio Servicio Andaluz de Salud quien la asuma”, reclama. Al mismo tiempo, en UGT insisten en la necesidad de reforzar la seguridad física de los centros sanitarios mediante vigilancia presencial y cámaras de seguridad, especialmente en aquellos donde se concentra un mayor número de incidentes.

¿Por qué siguen aumentando las agresiones?

Aunque el comportamiento violento de determinados usuarios constituye el detonante inmediato, UGT considera que el problema tiene causas mucho más profundas. Para el sindicato, el incremento continuado de las agresiones guarda una relación directa con la presión que soporta actualmente la sanidad pública andaluza. La falta de profesionales, las listas de espera, la sobrecarga asistencial y la saturación de los servicios generan una creciente frustración entre muchos pacientes, que en ocasiones termina descargándose sobre el personal que les atiende.

Sin embargo, Blanca Ávila señala un factor especialmente determinante. “Pensamos que la dificultad de accesibilidad al sistema, sobre todo en Atención Primaria, es lo que más agresiones provoca”, afirma. En otras palabras, cuando los ciudadanos encuentran dificultades para conseguir una cita, retrasos en la atención o una elevada demora asistencial, la tensión acaba trasladándose a quienes trabajan en primera línea.

Las consecuencias de las agresiones van mucho más allá de la lesión física o del insulto puntual. Los profesionales afectados sufren con frecuencia ansiedad, estrés, miedo a volver a determinados puestos de trabajo o incluso bajas laborales, circunstancias que terminan repercutiendo también en el funcionamiento de los centros sanitarios. Para UGT, proteger a quienes trabajan en el SAS no es únicamente una cuestión laboral, sino una medida que repercute directamente en la calidad de la asistencia que reciben los ciudadanos.

Por eso, el sindicato defiende que la respuesta debe ser integral: sanciones eficaces para los agresores, protocolos actualizados, mayor seguridad en los centros, protección jurídica para las víctimas y un refuerzo de las plantillas que permita reducir la tensión asistencial. Porque, como recuerdan desde la organización sindical, las casi 2.000 agresiones registradas en un solo año reflejan un problema que ya no puede considerarse excepcional, sino una realidad cotidiana que exige una respuesta urgente por parte de las administraciones públicas.