El mito de la unión de la izquierda

La convocatoria de elecciones al Parlamento de Andalucía para el próximo 17 de mayo vuelve a activar un debate recurrente: la necesidad de la unidad entre las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE. En un contexto de polarización y fragmentación, la idea se repite como un mantra desde medios de comunicación y actores políticos: la unidad como condición casi automática de éxito electoral.

Sin embargo, esta premisa, presentada como un axioma incuestionable, merece ser revisada. Porque, aunque intuitiva, no siempre se sostiene empíricamente.

La teoría de la elección racional y el análisis del comportamiento electoral sugieren que la agregación de siglas no implica necesariamente una suma de votos. Al contrario, puede generar lo que en Ciencia Política se conoce como penalización cruzada, un fenómeno que pone en cuestión la rentabilidad electoral de determinadas coaliciones.

La Ciencia Política nos plantea aquí un dilema: el comportamiento electoral, aunque utilice herramientas matemáticas, no responde a una lógica matemática simple. Mientras que en matemáticas 1+1=2, en política electoral esa equivalencia rara vez se cumple.

La penalización cruzada se produce cuando la formación de una coalición preelectoral provoca una pérdida de apoyo en sectores del electorado de los partidos que la integran.

Desde la psicopolítica, la identidad partidaria funciona como un atajo mental. Cuando se combinan culturas políticas distintas —por ejemplo, entre el andalucismo soberanista y estructuras más centralizadas— parte del electorado percibe una dilución de sus preferencias. Esto incrementa el coste psicológico del voto y puede traducirse en abstención o en voto de castigo hacia opciones ideológicamente cercanas pero percibidas como más coherentes.

Dicho de forma más sencilla: cuando un votante siente que “su” partido deja de representar con claridad lo que defendía, no necesariamente se suma al nuevo proyecto, sino que puede retirarse o buscar alternativas.

El caso de Unidas Podemos en 2016 ilustra bien este fenómeno. El llamado “Pacto de los Botellines” desmontó la idea de la transferencia automática de votos entre organizaciones.

En las elecciones de diciembre de 2015, Podemos (con sus confluencias) obtuvo 5,18 millones de votos, mientras que Izquierda Unida logró 923.105. La suma parecía clara: más de 6,1 millones y la posibilidad del sorpasso al PSOE. Sin embargo, la coalición perdió más de 1,1 millones de votos en apenas seis meses.

No se trató de un simple error de cálculo, sino de una dinámica política: se produjo una fuga en ambas direcciones. Parte del electorado de Podemos interpretó la alianza como un retorno a la “vieja izquierda”, mientras que votantes de Izquierda Unida percibieron una dilución de su identidad política. El resultado fue abstención y desplazamiento hacia el “voto útil”.

A esto se suma otro problema habitual en contextos de fragmentación: las coaliciones suelen construirse sobre programas de mínimos. Estos acuerdos, especialmente cuando se negocian con rapidez, tienden a ser ambiguos o contradictorios. En el caso andaluz, además, intervienen estructuras distintas —asamblearias y direcciones nacionales— que pueden reforzar la percepción de desconexión entre las decisiones estratégicas y la realidad del territorio.

Todo ello alimenta una idea clave: la unidad, cuando se percibe como instrumental o forzada, no necesariamente moviliza, sino que puede desmovilizar.

La evidencia empírica es clara: sumar organizaciones no equivale a sumar electorados.

Por tanto, más que una solución automática, la unidad forzada en este momento puede convertirse en un error estratégico. Sin tiempo suficiente para construir un marco compartido creíble y sin una base política verdaderamente común, la coalición no solo no garantiza mejores resultados, sino que puede debilitarlos.

Porque, en política, no todo suma. Y a veces, intentar sumar mal, resta.