La Junta de Andalucía adjudicó contratos por 38.000 millones sin control previo en cuatro años

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha realizado una labor de fiscalización en relación al procedimiento de sustitución del control previo por el control financiero permanente por el que optó la Junta entre los años 2020 y 2024 sobre al menos 37.921,01 millones de euros de obligaciones reconocidas, de las que casi un 80% corresponden a los centros de gasto periféricos del Servicio Andaluz de Salud (SAS), con 30.276,47 millones.

Así se recoge en el resumen del informe que ha elaborado la Cámara de Cuentas a partir de dicho trabajo de fiscalización, incluido en su Plan de Actuaciones del ejercicio 2025, que se ha difundido este viernes tras su envío al Parlamento. En dicho documento se explica que, “con carácter general, las consejerías y agencias administrativas están sometidas a control previo”, que “se ejerce antes de la aprobación del gasto y tiene carácter suspensivo”.

Desde la Cámara de Cuentas aclaran también que “la normativa contempla la posibilidad de sustituir el control previo por el control financiero permanente en determinados gastos, órganos o servicios cuando se considere adecuada esta fórmula de gestión, previo acuerdo del Consejo de Gobierno”. Se trata de un cambio especialmente relevante, ya que, mientras el control previo se realiza antes de aprobar el gasto y permite suspender el expediente hasta que se subsanen las deficiencias detectadas, el control financiero permanente actúa una vez realizada la actividad y ejecutado el gasto, sin efectos suspensivos.

Los acuerdos de Consejo de Gobierno del periodo analizado “justifican, con carácter general, la sustitución” del control previo por el financiero permanente “en base a razones vinculadas a la buena gestión, como la agilización de la tramitación administrativa, la previsión de un elevado volumen de expedientes, la carga de trabajo o la automatización y robotización de procedimientos”.

“No obstante, dichas motivaciones se expresan de forma genérica y no van acompañadas, con carácter previo, de criterios o indicadores que permitan evaluar comparativamente la idoneidad de la sustitución del control previo”, se puede leer en el resumen del informe, en el que se señala que “dichos acuerdos configuran la aplicación del procedimiento sin una delimitación temporal expresa ni una cuantificación global previa de los importes afectados”.

Alcance de la aplicación del procedimiento

En el resumen del informe se detalla que, “desde el punto de vista del ámbito objetivo, el procedimiento se ha aplicado a tres grandes bloques”; en concreto, “órganos y servicios, subvenciones y ayudas, y otros gastos”.

Desde el punto de vista económico, “las obligaciones reconocidas sometidas al procedimiento ascienden, al menos, a 37.921,01 millones de euros en el periodo 2020-2024”. El “mayor peso” corresponde a órganos y servicios, con 30.387,14 millones, que representan el 80,13% del total afectado.

Dentro de este bloque, destacan especialmente los centros de gasto periféricos del Servicio Andaluz de Salud (SAS), con 30.276,47 millones, equivalentes al 79,84% del total del procedimiento.

En materia de subvenciones y ayudas, el procedimiento se ha aplicado a 47 bases reguladoras, distribuidas entre ocho consejerías, con un importe total afectado de 2.652,13 millones, lo que supone el 6,99% del total.

Entre ellas, la Consejería de Empleo concentra el mayor número de líneas e importe, con 13 líneas y 1.174,60 millones, seguida de las consejerías competentes en Igualdad y Educación.

Respecto a los otros gastos, estos ascienden a 4.881,74 millones de euros, representativos del 12,87% del total afectado. En este ámbito destacan especialmente los gastos vinculados al ámbito educativo, como los salarios del personal docente, y los gastos de funcionamiento de centros docentes no universitarios, según se concreta en el resumen del informe de la Cámara de Cuentas.

No hay registro centralizado y homogéneo

Posteriormente se advierte de que “la Intervención General de la Junta de Andalucía (IGJA) no dispone de un registro centralizado y homogéneo de la fecha de inicio de todas las actuaciones de control financiero permanente, lo que ha dificultado el cálculo sistemático de los tiempos medios de tramitación y la evaluación de la eficiencia del procedimiento”.

En el trabajo íntegro de la Cámara se detalla que, “del total de informes definitivos” de control financiero emitidos por la Intervención de la Junta en el periodo analizado, que han sido 188, un 6,38% -un total de 12- son “con opinión favorable”, 134 “con salvedades” (71,28%), y 42 presentan una “opinión desfavorable” (22,34%). En conjunto, por tanto, más del 93 % de los informes no fueron plenamente favorables.

Las incidencias más comunes en materia de contratación detectados en estos informes de control financiero son “la utilización incorrecta del contrato menor, presente en el 100% de los informes analizados, o la existencia de errores en documentos contables, fechas de devengo y vencimiento de pagos, detectados en el 75% de los casos”.

En subvenciones y ayudas, “destacan los incumplimientos relativos a la instrucción y concesión de las mismas, presentes en el 94,44% de los casos; a la justificación y pago, en el 88,89%; y al cumplimiento de las condiciones impuestas a los beneficiarios, en el 72,22%”, se detalla también en el resumen del informe.

Y, en “otros gastos”, las incidencias más relevantes se refieren a “errores en la cumplimentación de comisiones de servicio, detectados en el 77,78% de los informes, y a deficiencias en la documentación justificativa, presentes en el 55,56%”.

Desde la Cámara de Cuentas apuntan además que “la fiscalización ha puesto de manifiesto limitaciones en los sistemas de información y en las bases de datos utilizadas, en los que se han detectado errores, duplicidades, carencias de información y falta de trazabilidad”.

“En conjunto, no constan indicadores específicos que permitan valorar de forma sistemática el impacto de la sustitución del control previo por el control financiero permanente sobre la gestión económico-financiera”, se puede leer también en el documento, en el que se avisa de que “esta ausencia dificulta determinar si el procedimiento ha contribuido a mejorar la eficacia, eficiencia y economía de la gestión pública”.

Recomendaciones

Desde la Cámara de Cuentas ha formulado una serie de recomendaciones a la Junta, como “implantar un instrumento de información agregada que permita la identificación y seguimiento sistemático de los gastos, órganos y servicios encuadrados en este procedimiento”, y “realizar un inventario consolidado del universo sometido a sustitución, integrando el acuerdo aplicable, la fecha de efectos, la tipología, el centro gestor, la unidad interventora responsable, el volumen ejecutado, la periodicidad prevista y el estado de planificación y ejecución del control”.

Otras recomendaciones incluidas en el informe son “analizar el impacto del procedimiento de sustitución; reforzar la planificación anual del control financiero permanente mediante criterios de priorización por riesgo y materialidad”, y “definir y aplicar indicadores que permitan evaluar los efectos del procedimiento de sustitución en términos de eficacia, eficiencia y economía”.