El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones (también Defensor de la Infancia y Adolescencia), Jesús Maeztu, ha reclamado este miércoles a la Junta un plan de cuidados paliativos que recoja las peculiaridades específicas para la atención de los niños y adolescentes y que cuente con la participación de todos los agentes implicados: el personal sanitario y educativo, psicólogos y trabajadores sociales, movimiento asociativo, familiares y los propios niños siempre que sea posible.
Maeztu ha hecho entrega al presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, del Informe Anual 2024 de la Defensoría de la Infancia y Adolescencia, que dedica un capítulo a la 'Necesidades y desafíos de los cuidados paliativos pediátricos en Andalucía: garantizando derechos', fruto de una investigación de la institución, con testimonios y entrevistas a las familias y las administraciones, ha indicado la Defensoría en una nota.
El Defensor ha presentado una batería de propuestas, entre ellas, la equidad entre territorios en la prestación del servicio; más recursos materiales y humanos para garantizar esta atención sociosanitaria durante todo el proceso; formación y apoyo a los distintos profesionales y las familias, con especial atención a la persona que ejerce de cuidador; apuesta por la hospitalización domiciliaria y favorecer la garantía de otros derechos como la educación, siempre que sea posible y, ampliación del horario de atención a estos menores, las 24 horas al día, los siete días de la semana.
Además de este trabajo, el Defensor de la Infancia ha alertado de las principales problemáticas que fueron objeto de reclamación en 2024 y que afectan a los derechos de las personas menores de edad. En 2024, la institución ha actuado en 4.792 quejas y consultas, siendo las reclamaciones más numerosas las que afectan a asuntos relacionados con la educación (1.750) y con la infancia en general (1.400). Estas últimas abarcan cuestiones de familia, el Sistema de protección o el cumplimiento de medidas de internamiento, entre otras; además de un total de 34 actuaciones de investigación de oficio sobre algún derecho de la infancia.
En concreto, Jesús Maeztu ha alertado de las situaciones de violencia hacia la población menor de edad en Andalucía. “Independientemente del número cuantitativo que no es lo relevante en estos casos”, ha dicho el defensor, que ha pedido mayor coordinación entre los servicios sociales, sanitario y educativos competentes para “prevenir y detectar estas situaciones”.
Sobre estos casos de violencia que comprende una amplia casuística, indica la Defensoría, de situaciones tales como malos tratos, abuso sexual, castigos o la explotación, Jesús Maeztu ha recordado la “pobreza infantil, como una forma de violencia hacia las personas menores de edad por cuanto les impide su crecimiento personal en igualdad de condiciones”.
Entre otros asuntos destacados, el Defensor ha vuelto a apuntar en cuanto a la salud las carencias de especialistas en pediatría en atención primaria, que sigue siendo la demanda más acuciante en numerosas zonas rurales y urbanas, y las demoras en la atención temprana, ha señalado la institución en la nota.
Sobre educación, el grueso sigue siendo las quejas por la atención prestada al alumnado con necesidades educativas especiales, reclamando más Profesionales Técnicos de Integración Social (PTIS) o mejoras en sus horarios y jornadas para lograr la atención que requiere el alumnado, ya que “la ausencia de esta ayuda condiciona --o cercena directamente-- la simple presencia de un alumno en su colegio”.
En este año de 2024, la Defensoría también se ha detenido en la importancia de los centros educativos para la prevención de las conductas suicidas, como espacio para fomentar y desarrollar el bienestar emocional del niño. Por ello, el Defensor ha valorado positivamente que el Gobierno andaluz cuente con “un protocolo específico para la prevención del suicidio en el ámbito educativo”, pero ha reclamado más recursos para la labor del Coordinador de Bienestar y Protección y la Orientación Educativa, así como la coordinación con la familia y con los servicios especializados (Salud y, en su caso, Servicios Sociales).
Finamente, Jesús Maeztu ha destacado dos situaciones que le preocupan especialmente en referencia a la infancia: la necesidad de reforzar la protección y garantía de los derechos de las personas menores de edad migrantes y no acompañadas; y las demoras en la valoración de las situaciones de discapacidad que padecen algunos niños.