Un pacto por la especulación: notas sobre el acuerdo PP-Vox en materia de vivienda

El acuerdo de gobierno para Andalucía entre PP y Vox incluye muchas medidas previsibles, pero quizás las menos sorprendentes son las que tratan la cuestión de la vivienda. Es un planteamiento extremadamente reduccionista que acabará redundando en alimentar el carácter especulativo del mercado inmobiliario y que no ayuda a los hogares que realmente lo necesitan. Lo más triste es que se trata de un planteamiento continuista con la política que ha seguido la Junta de Andalucía hasta ahora en materia de vivienda, un ámbito donde hay una coincidencia casi total entre los dos partidos. Esto quiere decir que es un documento que insiste en los errores que se vienen cometiendo en los últimos 8 años por el gobierno del PP, muchos de los cuales repiten los cometidos por los anteriores gobiernos del PSOE en la Junta.

El acuerdo empieza por plantear el problema de la vivienda como un problema exclusivamente de oferta, que debe solucionarse agilizando los procesos de transformación urbanística, rebajando las cargas fiscales y agilizando el proceso edificatorio. Es decir, el texto respalda la explicación monocausal, basada en un déficit de la construcción por un exceso de regulación, que encontramos en el preámbulo de la ley de vivienda andaluza y los decretos anteriores. Esta explicación, que ha alcanzado en los últimos años el rango de mantra en algunos círculos, es en extremo reduccionista e ignora la complejidad del mercado de la vivienda y la experiencia de este rubro en España durante el último medio siglo. Oculta intencionadamente el rol que juega la vivienda como bien de inversión para particulares y empresas, la competencia de los alojamientos turísticos en el litoral y en las grandes ciudades y la infrautilización del parque de viviendas existente.

De forma coherente con esto, en el acuerdo no hay mención alguna a la cuestión de las viviendas turísticas, apartamentos turísticos o sobrecarga de plazas turísticas en ciudades andaluzas. Tampoco se muestra voluntad por movilizar el parque de 600.000 viviendas vacías en Andalucía. La oposición a la ley estatal de vivienda recogida en el pacto augura que seguirán sin aplicarse la delimitación de zonas tensionadas y los topes a la subida de los alquileres que establecen (medidas totalmente insuficientes por otro lado). Lo único que plantea frente a esta problemática es “estudiar” formulas disuasorias para compradores extranjeros y operaciones especulativas. La vaguedad de la redacción en este punto contrasta con la precisión de las medidas que se anuncian en el resto del documento, dando cuenta del escaso interés en esta vía de actuación por parte del futuro gobierno.

La agilización administrativa sigue también la tónica de los gobiernos anteriores (recordemos que para hacer un apartahotel en Andalucía basta con juntar tres viviendas en un bloque y hacer una declaración responsable). Servirá para que algunos promotores inmobiliarios se enriquezcan más y de forma más rápida, pero no va a servir para solucionar el problema de la inflación del mercado de la vivienda en compra y alquiler. También se utilizará, previsiblemente, para justificar la flexibilidad urbanística, cambios de uso y densificación, ignorando los déficits dotacionales y de espacios libres, haciendo nuestras ciudades un poco menos vivibles.

El compromiso con los hogares acaudalados es tal, que el acuerdo se compromete una nueva bajada del impuesto de transmisiones patrimoniales, algo que ya había hecho el gobierno de Moreno con anterioridad

La “oposición frontal” y no razonada a la ley por el derecho a la vivienda española resulta también continuista con lo que viene haciendo el gobierno del PP. La Junta recurrió esta norma de 2023 para evitar que el periodo de protección de la vivienda se prolongase por un periodo mínimo de 30 años. También ha recurrido el plan de vivienda estatal, que establece una calificación permanente para las viviendas financiadas con fondos públicos. El recurso contra la ley de vivienda ha permitido que en Andalucía se puedan seguir descalificando estas viviendas después de siete años, es decir, que las viviendas públicas puedan venderse en el mercado al precio que quieran los adjudicatarios en este tiempo.

El acuerdo debe leerse en este sentido como un espaldarazo a la especulación con el parque público de vivienda. De esta manera, nada asegura que las “al menos” 20.000 nuevas viviendas que el acuerdo compromete durante la legislatura tengan precios prohibitivos como los que ya hemos visto en los últimos años en muchas ciudades andaluzas. Viviendas protegidas que acabarán beneficiando a hogares con una buena situación económica (que son los que pueden hipotecarse) y que podrán ser revendidas en el mercado pasados algunos años, generando grandes ganancias especulativas para particulares a costa de fondos públicos. El compromiso con los hogares acaudalados es tal, que el acuerdo se compromete una nueva bajada del impuesto de transmisiones patrimoniales, algo que ya había hecho el gobierno de Moreno con anterioridad. Esto implicará reducciones de impuestos para los que hereden hasta 300.000 euros, con la justificación de facilitar el acceso a la vivienda, pero para hogares que ya son extremadamente privilegiados.

La medida de excluir de la vivienda pública a cualquier persona que haya sido condenado por delito de usurpación ya lo recogían los borradores iniciales de la ley andaluza de vivienda. Si estos artículos fueron excluidos es porque se trata de un disparate legal, que supondría castigar un delito dos veces, lo cual va en contra del ordenamiento jurídico español. Este afán punitivista se ceba y criminaliza una familia que haya tenido que ocupar una vivienda vacía para no quedarse en la calle, pero permite acceder a una vivienda pública a cualquier que haya violado, matado, realizado desfalcos públicos o cualquier otro delito, saltando del absurdo jurídico al absurdo ético.

Se trata en definitiva de una ley que apoya y busca cimentar el carácter especulativo del mercado inmobiliario, incluyendo el apoyo a la especulación con la vivienda protegida, al tiempo que ignora la contribución de cuestiones tan evidentes para la población como la vivienda turística. Una ley que busca criminalizar y castigar a los pobres y beneficiar apoyar a los ricos, que no solucionará el problema de la vivienda para las personas vulnerables y que persigue activamente acrecentar las desigualdades y la indefensión de las víctimas de un sistema de vivienda que no funciona y que va a seguir sin funcionar.