La Fiscalía pide el archivo de la causa contra Juana Rivas por evitar que su hijo menor se marchara con su padre
La Fiscalía Provincial de Granada ha pedido el sobreseimiento provisional y archivo de la causa abierta contra Juana Rivas por un presunto delito de sustracción de menores al considerar que las diligencias practicadas durante la investigación no son suficientes para investigar a la granadina, que trató de evitar que Daniel, su hijo menor, se marchase a Italia junto a su padre al temer por su integridad física. El informe, firmado el pasado 14 de septiembre y del que se ha hecho eco el equipo jurídico de Rivas, sostiene que no ha quedado suficientemente acreditada la comisión de un nuevo delito y establece una diferencia expresa entre lo ocurrido en 2017 y la actuación de la granadina en 2025.
El Ministerio Fiscal considera que Rivas no actuó hace un año con la voluntad de retener al menor al margen de los procedimientos legales para hacerse con su custodia. Al contrario, señala que permaneció localizada, estuvo asesorada jurídicamente y recurrió a distintos procedimientos judiciales para intentar suspender o retrasar la entrega del niño. La Fiscalía otorga además especial relevancia a que, cuando comenzaron los hechos en enero de 2025, el Juzgado de Instrucción 4 de Granada dictó una medida cautelar de protección tras escuchar al niño y para que pudiese permanecer en España. Tras una batalla legal, el menor fue finalmente entregado a su padre el 25 de julio de 2025, cuando la orden de restitución pasó a ser ejecutiva.
La Fiscalía entiende que lo sucedido en 2025 no se parece a lo que ocurrió cuando fue condenada por la retención de sus dos hijos en 2017. En aquella ocasión, recuerda la Fiscalía, permaneció durante aproximadamente un mes en paradero desconocido pese a los requerimientos judiciales de entrega. En esta segunda ocasión, según el Ministerio Público, la situación fue distinta: la madre no se ocultó con el menor y utilizó los cauces judiciales para oponerse a su retorno. La petición de archivo llega después de que la Audiencia Provincial de Granada ordenara en julio de 2025 continuar investigando la posible sustracción, pese a que el Juzgado de Instrucción había archivado inicialmente la denuncia. Juana Rivas está citada para declarar como investigada el próximo 30 de octubre.
Un proceso diferente a 2017
Ahora, el fiscal considera especialmente relevante que la permanencia de Daniel en España no comenzara como una decisión unilateral de su madre, sino después de que un juzgado de Granada adoptase una medida cautelar de protección. El 7 de enero de 2025, la jueza de guardia escuchó al menor y acordó suspender provisionalmente su regreso a Italia ante el temor que dijo tener por su propia seguridad. La medida fue posteriormente mantenida por el Juzgado de Instrucción 9 de Granada y confirmada por la Audiencia Provincial. Precisamente esa resolución fue la que llevó a la jueza del Instrucción 4 a archivar inicialmente la denuncia de Arcuri en mayo de 2025, al considerar que Rivas estaba amparada por una decisión judicial española y que no había cometido un delito de sustracción.
Aquel auto sostenía además que tampoco existían indicios suficientes de los delitos de malos tratos habituales y lesiones psicológicas denunciados por Arcuri. La magistrada rechazaba que las acusaciones sobre una supuesta manipulación del menor pudieran sustentarse en el llamado síndrome de alienación parental y recordaba la prohibición de utilizar planteamientos sin aval científico, tal y como señala la Ley de Infancia. La Audiencia Provincial de Granada revocó parcialmente aquel archivo en julio de 2025 y ordenó investigar únicamente la posible sustracción del menor, al considerar que los hechos relatados podían presentar inicialmente caracteres de delito. La propia Audiencia descartó, además, reabrir la investigación por el supuesto maltrato psicológico atribuido a Rivas.
Ahora, la Fiscalía vuelve ahora a poner la diferencia entre lo que ocurrió cuando Rivas saltó a la primera plana periodística y lo que ha sucedido ahora: lo ocurrido en 2025 no fue, a juicio del Ministerio Público, una repetición de la conducta por la que Rivas fue condenada años atrás. La granadina fue condenada inicialmente en 2018 a cinco años de prisión por la sustracción de sus dos hijos, después de haber permanecido durante aproximadamente un mes en paradero desconocido en 2017 y haber incumplido los requerimientos judiciales para entregarlos a su padre. El Tribunal Supremo redujo posteriormente la pena a dos años y seis meses al considerar que se trataba de un único delito y no de dos. En 2021, el Gobierno concedió a Rivas un indulto parcial que redujo la pena de prisión a un año y tres meses y sustituyó la inhabilitación para ejercer la patria potestad por trabajos en beneficio de la comunidad.
Esta penúltima legal se suma a un historia judicial que comenzó mucho antes y que durante años ha transitado entre España e Italia. Rivas y Arcuri se trasladaron a Cerdeña después de una primera denuncia por malos tratos presentada por ella en 2009. En 2016, Rivas abandonó Italia con sus dos hijos y regresó a Granada, donde volvió a denunciar a su pareja. El conflicto por la custodia y el regreso de los menores acabó desembocando en la causa penal que terminó con su condena por sustracción de menores y convirtió el caso en uno de los procesos judiciales más mediáticos de los últimos años en España.
Arcuri, investigado en Italia
En paralelo a lo que ocurre sobre la presunta sustracción del hijo menor de la expareja, Italia mantiene abierto un procedimiento penal contra Francesco Arcuri por presuntos malos tratos físicos y psicológicos a sus dos hijos. Las acusaciones se refieren a hechos investigados durante años en Cerdeña y el juicio comenzó finalmente en 2025 después de que la Fiscalía de Cagliari reabriese unas actuaciones que habían permanecido sin avances durante años. El propio fiscal general de Cagliari llegó a reconocer en 2024 un retraso “inadmisible” en la tramitación del caso. En febrero de 2026, Rivas y su hijo mayor, Gabriel, declararon como testigos ante el tribunal de Cagliari en el proceso contra Arcuri. El proceso continúa en fase de declaraciones testificales y, según fuentes del caso, podría prolongarse varios años más.
Precisamente, la investigación italiana es uno de los elementos que la Fiscalía de Granada considera relevantes para analizar qué ocurrió en enero de 2025. El Ministerio Público señala que en aquel momento existían actuaciones penales en Italia relacionadas con presuntos malos tratos y que la medida de protección adoptada en Granada se produjo después de la exploración del menor y a petición de la propia Fiscalía Provincial. Esto no significa que las acusaciones contra Arcuri esté confirmadas, sino que el procedimiento penal italiano sigue abierto y será ese tribunal el que tenga que determinar si existe responsabilidad penal. En junio, el juicio continuó con la declaración de testigos, entre ellos trabajadores de los servicios sociales de Carloforte y profesionales que habían intervenido en la atención de los menores.
La causa italiana convive además con el procedimiento civil sobre la custodia de Daniel. El Tribunal de Casación italiano confirmó hace dos meses que la custodia del menor corresponde a su padre, después de varios años de decisiones contradictorias y recursos. La resolución dejó abierta, no obstante, la causa penal por los presuntos malos tratos que continúa en Cerdeña. El hijo menor regresó finalmente con Arcuri el 25 de julio de 2025 y permanece desde entonces en Italia.
De este modo, el archivo que ahora reclama la Fiscalía no pone fin a toda la batalla judicial que enfrenta a Rivas y Arcuri, pero sí puede cerrar uno de sus frentes principales en España. La decisión final corresponde a la Audiencia de Granada, que deberá pronunciarse sobre la petición del Ministerio Público. Mientras tanto, el procedimiento italiano contra Arcuri continúa pendiente de resolución, mientras Gabriel, el hijo mayor de Rivas, vive con ella desde hace ya tres años.