Las hermanas de Manuel José García Caparrós, el joven sindicalista asesinado en Málaga el 4 de diciembre de 1977, durante la gran manifestación de andaluces por una autonomía plena, registraron el pasado 2 de octubre en el Congreso la solicitud formal para consultar el expediente desclasificado del malagueño, en virtud de la reciente reforma legal de acceso al archivo de la Cámara.
La consulta presencial de documentos custodiados en el Congreso debe aprobarla la Mesa, de modo que la solicitud de Dolores, Francisca y Purificación García Caparrós va a obligar a los diputados del PP a retratarse sobre un asunto aparentemente inocuo en Madrid, pero terriblemente eléctrico en Andalucía. La dirección del Archivo de la Cámara Baja está elaborando ahora el informe de evaluación de dicha solicitud -que previsiblemente será favorable- para posteriormente elevar el documento a la Mesa, donde los populares ya lo han rechazado dos veces.
El pasado 23 de septiembre, los cuatro miembros del PP en la Mesa del Congreso votaron en contra de una medida que el PP andaluz -y personalmente el presidente Juan Manuel Moreno- habían defendido tres años antes en el Parlamento autonómico. Esa contradicción puso en un brete a Moreno, que trató de justificar a sus compañeros alegando que “no sabían” que se votaba nada relacionado con García Caparrós, sino una modificación “genérica” del reglamento de acceso al archivo de la Cámara.
En realidad, el debate en la Mesa sobre la desclasificación del expediente del asesinato de García Caparrós había derivado en esa propuesta de reforma legal para actualizar el acceso al Archivo del Congreso, sobre la que el PP ya se había manifestado en contra en sesiones anteriores.
El contenido de las actas de la Mesa el día de la votación, reveladas por elDiario.es, desmienten al presidente andaluz y demuestran que los diputados del PP sabían que aquella reforma legal afectaba directamente a la familia García Caparrós. La Secretaria Cuarta de la Mesa, la popular Carmen Navarro, denunció a puerta cerrada que “la finalidad de la norma” que se votaba “no es modernizar el acceso a los archivos de la Cámara en el marco del Plan Parlamento Abierto, a diferencia de lo que trata de defender el Secretario General, sino modificar el acceso para favorecer los intereses de un grupo parlamentario que solicitó el acceso a toda la documentación en relación con la Comisión de Encuesta celebrada en 1977 relacionada con el asesinato de García Caparrós”.
El grupo parlamentario al que se refería Navarro es Sumar, socio de Gobierno de Pedro Sánchez. Siete meses antes, el 4 de febrero, el partido de Yolanda Díaz había llevado a la Mesa del Congreso la primera propuesta para desclasificar el expediente de García Caparrós “sin anonimizar” -esto es, sin tachar los nombres de los implicados-, pero esa vez la iniciativa fue tumbada con los votos de PSOE y PP porque carecía de cobertura legal, según el informe de los servicios jurídicos de la Cámara.
Ahora el Congreso debe gestionar la petición formal de las hermanas García Caparrós según el nuevo reglamento, publicado en el Boletín del Congreso la semana pasada. Su visita y personación en el archivo de la Cámara Baja “deberá efectuarse en los días y horas establecidos al efecto de forma que no perturben el normal desarrollo de la actividad parlamentaria”.
La documentación sobre el joven malagueño asesinado podrá consultarse “exclusivamente” en la sala de lectura o espacios habilitados al efecto dentro de las dependencias del Archivo, y el Congreso “no permitirá la salida o el préstamo de las actas originales fuera de dichas instalaciones”.
Cuando la Mesa tenga que valorar la solicitud de la familia García Caparrós, los diputados del PP tendrán que decidir si vuelven a votar en contra (dado que lo hacen en virtud de una reforma legal que ya han rechazado) o si se abstienen o votan a favor de la medida. El sentido de esta tercera votación -el PP ya ha rechazado tres solicitudes para abrir a la familia el expediente secreto de su hermano- va a dirimir también la influencia y el peso político de Moreno en el grupo parlamentario popular del Congreso, que dirige Alberto Núñez Feijóo.
El portavoz del PP en el Parlamento andaluz, Toni Martín, ha reiterado este miércoles que sus compañeros en Madrid no votaron contra una iniciativa sobre la apertura del expediente de García Caparrós, sino contra “una norma general”. Preguntado por cuál será el voto del PP en la Mesa del Congreso cuando llegue la solicitud de acceso a los archivos de las hermanas del joven malagueño asesinado, Martín ha sugerido que su grupo no cambiará el sentido de su voto y volverá a rechazarlo, esta vez, de manera explícita: “Pase lo que pase, la familia va a acceder sí o sí cuando se cumplan 50 años, no es algo insalvable ni que se vaya a prolongar en el tiempo”.
La ley establece que los archivos secretos que custodia la Cámara Baja se desclasifican y son de acceso libre cuando se cumplen 50 años desde su registro, algo que en el caso del expediente del asesinato de García Caparrós se cumplirá en menos de dos años. Sin embargo, no es esto lo que votó el Parlamento andaluz ni lo que defendió entonces el PP regional y el propio Moreno.
La decisión que adopten los cuatro miembros del PP de la Mesa, en un par de semanas, volverá a tener una lectura política de amplio espectro en Andalucía. Moreno fue el primer dirigente popular que hizo suya la reivindicación de las manifestaciones de andaluces, el 4 de diciembre del 77, por una autonomía plena, al mismo nivel que la plasmada en el Estatuto vasco, catalán y gallego. Hasta el punto de convertir el 4D en una efeméride oficial -desde hace tres años se celebra el “Día de la Bandera de Andalucía”- y esgrimir públicamente un marcado perfil de “andalucismo moderno”.
Ese capital político del presidente nace precisamente del voto favorable del PP en el Parlamento a una propuesta del partido de Teresa Rodríguez -Adelante Andalucía- que instó al Congreso a facilitar el acceso a la familia García Caparrós al expediente de su hermano asesinado, hace tres años. Ese compromiso es el que sale magullado del rechazo de los populares en la Cámara Baja.
Frente a la resolución de denegación del acceso o de concesión de un acceso parcial a la solicitud de las hermanas García Caparrós, podrá interponerse recurso ante la Mesa del Congreso de los Diputados, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución. La Mesa, previo informe de la Dirección de Documentación Biblioteca y Archivo y de la Asesoría Jurídica, deberá resolver el recurso en el plazo de tres meses, transcurrido el cual, el recurso se entenderá desestimado.
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