El pasado 23 de septiembre, los cuatro diputados del PP miembros de la Mesa del Congreso votaron en contra de una reforma legal que permitía consultar, por primera vez en 48 años, el expediente desclasificado de Manuel José García Caparrós, el joven sindicalista asesinado en Málaga el 4 de diciembre de 1977, durante la gran manifestación de andaluces por la autonomía plena.
La reforma salió adelante gracias a la mayoría progresista en la Mesa -PSOE y Sumar-, pero el rechazo de los populares desató una crisis imprevista en Andalucía, donde el mismo partido y todo el Gobierno andaluz había votado a favor de aquella medida tres años antes. “Menuda cagada”, admitieron fuentes de la dirección del PP-A.
García Caparrós es visto hoy como una suerte de mártir temprano del proceso autonomista andaluz, Hijo Predilecto de Andalucía a título póstumo. El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, fue el primer dirigente popular en hacer bandera de la causa andalucista y trasladó su compromiso “personal” a las hermanas del joven malagueño, durante una reunión privada en el Palacio de San Telmo. De ahí lo difícil de explicar el portazo del PP en el Congreso.
Moreno trató de surfear las contradicciones asegurando, en el Parlamento andaluz, que sus compañeros de Madrid “no sabían” que aquel día se estaba votando sobre el acceso al expediente desclasificado de García Caparrós, sino una reforma “genérica” para la consulta de los archivos históricos custodiados por la Cámara Baja. “En ningún momento se menciona el nombre de García Caparrós”, justificó el presidente andaluz, ante las críticas acaloradas de toda la izquierda.
Sin embargo, las actas reservadas de la Mesa del Congreso en la reunión del 23 de septiembre, día de la votación, sí mencionan expresamente el expediente de García Caparrós. De hecho, es una de las diputadas del PP -Carmen Navarro, Secretaria Cuarta de la Mesa- la que hace una mención explícita al caso del joven malagueño asesinado, cuando está argumentando el voto contrario a la reforma de su grupo.
Fuentes del Congreso conocedoras del contenido de las actas confirman que, en el debate a puerta cerrada, la diputada del PP denunció que “la finalidad de la norma” que se votaba “no es modernizar el acceso a los archivos de la Cámara en el marco del Plan Parlamento Abierto, a diferencia de lo que trata de defender el Secretario General [el letrado mayor], sino modificar el acceso para favorecer los intereses de un grupo parlamentario que solicitó el acceso a toda la documentación en relación con la Comisión de Encuesta celebrada en 1977 relacionada con el asesinato de García Caparrós”.
El grupo parlamentario al que se refiere Navarro es Sumar, socio de Gobierno de Pedro Sánchez. Siete meses antes, el 4 de febrero, el partido de Yolanda Díaz había llevado a la Mesa del Congreso la primera propuesta para desclasificar el expediente de García Caparrós “sin anonimizar” -esto es, sin tachar los nombres de los implicados-, pero aquella vez la iniciativa fue tumbada con los votos de PSOE y PP porque carecía de cobertura legal, según el informe de los servicios jurídicos de la Cámara.
Ley de Memoria contra Ley de Patrimonio Histórico
Esos reparos legales son los que viene a solucionar la norma aprobada el mes pasado, una actualización del sistema de acceso al Archivo del Congreso, restringido hasta ahora a historiadores por una Instrucción de 1984, que autoriza la consulta a sociólogos, periodistas y cualquier “interesado”, incluido los “herederos” de protagonistas de esa documentación bajo custodia. Esa reforma desbloqueó una reivindicación de 48 años
La modificación se ampara en la Ley de Memoria Democrática (2022), e incluye un pequeño párrafo que permite a la familia García Caparrós satisfacer una reivindicación histórica de más de cuatro décadas (defendida y peleada desde el principio por Izquierda Unida).
El contenido de las actas de la Mesa desmienten al presidente Moreno y a su propio Gobierno. La portavoz de la Junta, Carolina España, también dijo que los diputados del PP “no sabían que estaban hablando de esta desclasificación que afectaba a García Caparrós”, y justificó su rechazo al procedimiento de acceso al Archivo del Congreso en que “se saltaba la Ley de Memoria Histórica”.
En realidad, los diputados del PP no salen en defensa de la Ley de Memoria Histórica (2007) -habría sido raro, dado que el PP recurrió esa ley ante el Tribunal Constitucional- sino de la Ley de Patrimonio Histórico Español, de 1985. Lo que ocurrió en la Mesa del Congreso aquel día fue justo lo contrario:
La reforma que permitirá a cualquier ciudadano consultar los documentos del Congreso hasta 1978, si acredita un interés legítimo, emana del Plan de Parlamento Abierto, una iniciativa que la Cámara Baja aprobó el pasado mes de marzo (también con el voto en contra del PP), y cuyo objetivo era dar más transparencia a la institución y abrirse a la participación ciudadana.
El contenido de las actas de aquel día recuperan este debate, con los miembros de PSOE y Sumar a favor, y el PP en clara oposición. El letrado mayor de la Cámara advierte de que la propuesta supone “un cambio de paradigma basado en el principio general de acceso”, que “no sólo permitiría estudiar el pasado, sino tembién el presente y el futuro”, facilitando que a partir de ahora el Archivo “juegue un papel mucho más relevante que en el pasado”.
El PP replica que esta reforma supone “ignorar” la Ley de Patrimonio Histórico Español, que establece que los documentos que contengan datos personales no podrán ser públicamente consultados sin que medie consentimiento expreso de los afectados o hasta que haya transcurrido un plazo de 25 años desde su muerte.
Pero el letrado le recuerda que esa ley está, desde 2022, supeditada a la Ley de Memoria Democrática (también rechazada por el PP) que “garantiza a los interesados y a sus herederos el derecho de acceso a los fondos documentales depositados en los archivos públicos y la obtenicón de la copia que solilcten de los documentos que les conciernan”.
Como portavoz de los cuatro diputados populares en la Mesa, Navarro echa en falta que no le hayan proporcionado un “informe jurídico” sobre esta cuestión y, finalmente, termina justificando el voto en contra de su grupo denunciando que la reforma legal sólo busca “favorecer los intereses” de Sumar, que previamente había solicitado “el acceso a toda la documentación relacionada con el asesinato de García Caparrós”.
El cisma PP nacional vs PP andaluz
El cisma entre el PP nacional y y el PP andaluz es palmario. Los de Moreno defendieron justo lo contrario en el Parlamento autonómico, apoyando una iniciativa calgada del partido de Teresa Rodríguez, Adelante Andalucía en noviembre de 2022. Pero, además, venían de ser el primer PP en España que no votaba en contra de una Ley de Memoria Histórica.
La Ley andaluza de Memoria Histórica y Democrática fue aprobada en el Parlamento sin ningún voto en contra, gracias a la abstención del PP. El Gobierno popular de María Guardiola, con los votos de Vox, acaba de derogar esa misma norma en Extremadura.
Los tres partidos de izquierdas en Andalucía -PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía- han cargado duramente contra Moreno, acusándole de “falso andalucista”, y de ser “incapaz” de imponer su criterio y el del Parlamento andaluz en la votación del Congreso. En privado, fuentes del PP andaluz reconocen la “metedura de pata”.
La consejera de Hacienda y portavoz del Gobierno andaluz también enmarcó el voto de rechazo del PP nacional en la “descoordinación” o el “desconocimiento”. “No sé si llamarlo descoordinación o desconocimiento de la medida que se votó en la Mesa del Congreso. Es que no sabían que estaban hablando de esta desclasificación que afectaba a García Caparrós”, dijo.
Ninguno de los cuatro diputados del PP en el órgano rector de la Cámara Baja es andaluz, pero llevan en minoría toda la legislatura y sus compañeros y rivales de partido aseguran que “se leen todos los papeles al dedillo y saben lo que votan”. Se trata de José Antonio Bermúdez De Castro, Vicepresidente Segundo del Congreso; Marta González, Vicepresidenta Cuarta; Guillermo Mariscal, Secretario Tercero; y Carmen Navarro; Secretaria Cuarta.
“Los diputados del PP no votaron por error. Tampoco votaron específicamente en contra del acceso a las actas de la familia García Caparrós, pero sabían lo que implicaba este rechazo, porque llevábamos meses debatiéndolo”, explicó a este periódico Esther Gil de Reboleño, Vicepresidenta Tercera de la Mesa y diputada de Sumar.