El PP de Alberto Núñez Feijóo votó el martes en el Congreso justo lo contrario de lo que el PP de Juan Manuel Moreno votó en noviembre de 2022 en el Parlamento andaluz: la desclasificación de los archivos del asesinato de Manuel García Caparrós, un joven sindicalista asesinado por la Policía mientras participaba en la gran manifestación de andaluces reclamando un autogobierno pleno, el 4 de diciembre de 1977 en Málaga.
Lo que parecía un trámite menor en Madrid ha encendido el debate parlamentario andaluz, ya en vías de la campaña electoral, y ha puesto en un aprieto a los de Moreno. El rechazo del PP nacional no sólo entra en colisión con lo que votó su grupo en Andalucía, también desautoriza personalmente al presidente que, cuatro días después de que el Parlamento avalase las históricas reivindicaciones de los García Caparrós, él mismo invitó a las hermanas del malagueño al Palacio de San Telmo -Dolores, Francisca y Purificación- y les prometió todo el apoyo institucional de la Junta.
El plantón de los de Feijóo, ya fuera consciente o por falta de cálculo político, coloca a Moreno en una posición incómoda a las puertas de unas elecciones andaluzas que, presumiblemente, serán después de las efemérides que conmemoran la conquista del autogobierno. El legado y la vigencia actual del proceso autonomista se ha convertido en una herramienta política y electoral de primer nivel y, en esto, la muerte y el recuerdo de García Caparrós ha jugado un especial simbolismo.
Moreno no sólo dio un paso importante al considerar al joven malagueño “víctima” del franquismo, reconocido así por el Parlamento andaluz con la mayoría absoluta del PP. También revalorizó desde su Gobierno la fecha del 4D -4 de diciembre de 1977- como un capítulo singular del proceso de conquista autonomista, al mismo nivel que el 28 de febrero (28F), día de Andalucía. De hecho, desde hace dos años, cada 4 de diciembre se celebra el Día de la Bandera Andaluza, una efeméride oficializada por el Ejecutivo del PP, y cuestionada por el PSOE, que acusa al dirigente popular de hacer “electoralismo”.
Este es el panorama en el que aterrizó, por sorpresa, el voto contrario del PP a la reforma que permitirá a la familia Caparrós leer el expediente completo del asesinato de su hermano.
La Junta: “No sabían lo que votaban”
Los populares andaluces han sorteado este miércoles, con dificultades, las contradicciones en las que ha tropezado su partido en la Cámara Baja, y la oposición de izquierdas ha aprovechado con toda la potencia posible para echar por tierra “el compromiso de Moreno con Andalucía”. “Moreno no es el García-Page del PP, es absolutamente débil dentro de su partido, es incompetente e incapaz”, ha censurado la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto.
“¿Cómo un presidente de la Junta de Andalucía vota en contra de un Hijo Predilecto de esta tierra?”, se ha preguntado la portavoz del PSOE-A, María Márquez. “Es un insulto a la historia de Andalucía y, lo peor de todo, es que posiblemente los diputados del PP en el Congreso no sabían lo que estaba votando ni quién era Caparrós”, ha abundado el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, que ha pedido “una disculpa” a los populares.
La portavoz de la Junta de Andalucía y consejera de Hacienda, Carolina España, ha excusado el rechazo del PP de Feijóo a la desclasificación del expediente del asesinato del joven malagueño, que atribuye a la “descoordinación” con el PP andaluz o al “desconocimiento de la medida” por parte de los cuatro diputados populares con representación en la Mesa del Congreso, José Antonio Bermúdez De Castro, Marta González, Carmen Navarro y Guillermo Mariscal. “Es que no sabían que estaban hablando de esta desclasificación que afectaba a García Caparrós”, ha dicho.
La consejera ha explicado que las instrucciones que se votaron el martes modifican el acceso a los archivos de la Cámara Baja, es una norma genérica y, por tanto, “no hacía referencia en ningún momento a la desclasificación del asesinato de García Caparrós”. “No sé si llamarlo descoordinación o desconocimiento de la medida que se votó en la Mesa del Congreso”, ha insistido, para luego explicar que los cuatro diputados del PP “han votado en contra de un procedimiento, porque se saltaba la Ley de Memoria Histórica”.
La explicación no deja de ser peculiar, dado que el PP nacional votó en contra de la Ley de Memoria Histórica y, una vez aprobada, la recurrió (sin éxito) ante el Tribunal Constitucional. Pero, sobre todo, porque la Mesa del Congreso ya había abordado siete meses antes este asunto -el 4 de febrero-, cuando rechazó, entonces con los votos del PSOE y del PP, una propuesta de Sumar para desclasificar el expediente de García Caparrós “sin anonimizar”.
Aquel rechazo se justificó entonces en un informe de los servicios jurídicos del Congreso que habían advertido de la falta de anclaje legal para autorizar el acceso total a expedientes clasificados “sin anonimizar”: sólo se ha permitido previa solicitud en el marco de un proceso jurisdiccional.
Pero en esa misma reunión, el letrado mayor recordó a los miembros de la Mesa que aquel rechazo era provisional, porque estaba en curso la revisión de las normas de acceso a los archivos de la Cámara Baja y sus expedientes, que es lo que finalmente se aprobó el martes.
La reforma que permitirá a cualquier ciudadano el acceso a documentos del Congreso hasta 1978 si acredita un interés legítimo emana del Plan de Parlamento Abierto, una iniciativa que la Mesa aprobó en marzo (con el voto en contra del PP), para dar más transparencia a la institución y abrirse a la participación ciudadana. “Los diputados del PP no votaron por error. Tampoco votaron específicamente en contra del acceso a las actas de la familia García Caparrós, pero sabían lo que implicaba este rechazo, porque llevábamos meses debatiéndolo”, dice Esther Gil de Reboleño, vicepresidenta tercera de la Mesa.
En todo caso, habrá una segunda oportunidad para confirmar si la explicación que ha dado el Gobierno de Moreno sobre el rechazo de los diputados del PP en el Congreso se debió, efectivamente, al “desconocimiento”. Una vez aprobada las instrucciones, la familia de García Caparrós debe solicitar el acceso al archivo de su hermano y esa solicitud volverá a ser deliberada y votada por los miembros de la Mesa.
Los cuatro diputados populares podrán votar a favor, permitiendo usar la nueva norma de archivos que ellos mismos han rechazado, o podrán votar en contra, negando el acceso a la familia de Caparrós que cuenta con el mandato del Parlamento andaluz y el compromiso del presidente de la Junta.
Sin tachar los nombres de los implicados
Hay un artículo muy específico de las instrucciones sobre los archivos del Congreso que es la que permite a las hermanas de García Caparrós el acceso total a las actas de la Comisión de Encuesta, que en 1978 investigó el asesinato del joven malagueño. La nueva reforma permite consultar el expediente desclasificado y “sin anonimizar” (sin los nombres de los implicados tachados), una reivindicación histórica de la familia, respaldada desde siempre por Izquierda Unida (IU), y que hace año y medio hizo suya el Parlamento andaluz, y en primera persona, el presidente de la Junta.
El 24 de noviembre de 2022, la Cámara andaluza instó al Congreso a facilitar el acceso a las hermanas de García Caparrós al expediente secreto, aprobando una proposición no de ley registrada por el grupo mixto Adelante Andalucía, entonces pilotado por Teresa Rodríguez, y respaldado por todos los grupos con representación, excepto Vox. En el Congreso, el mismo asunto contó con el rechazo del PP y de la ultraderecha, y la medida salió aprobada gracias a la mayoría de la Mesa conformada por los miembros de PSOE y de Sumar.
Preguntado al respecto, el portavoz del PP andaluz en el Parlamento, Toni Martín, se ha hecho el despistado. “No tengo noticia ¿Eso se ha publicado?”, ha dicho, para luego recordar que su grupo “tiene una posición muy clara”, que votó a favor de la iniciativa de Adelante en el Pleno del Parlamento y que, ese día, “nos encantó contar con la familia de García Caparrós” en la tribuna de los invitados.
La reforma normativa de los archivos del Congreso, que ha facilitado finalmente el acceso al expediente del joven asesinado, es la última de las numerosas iniciativas pilotadas por los grupos de izquierdas, principalmente IU, para desbloquear este asunto. Se votaba el martes pero el sentido de la votación se había hecho público antes, aunque el PP asegura que lo desconocía.
La diputada de Sumar por Cádiz y miembro de la Mesa de la Cámara Baja, Esther Gil de Reboleño, lo anunció el sábado anterior, durante un acto de Los Verdes-Equo celebrado en Málaga. “El Congreso va a aprobar el próximo martes unas instrucciones históricas que permitirán acceder a los archivos de la Comisión de Encuesta de 1977 sin anonimizar, un gran paso para el andalucismo y el antifascismo que rompe décadas de silencio y abre un camino de verdad y justicia”, dijo la también vicepresidenta tercera de la Mesa.
elDiario.es y El País también adelantaron el lunes, un día antes de la votación en la Mesa del Congreso, que el martes se desbloquearía la norma que durante 48 años ha impedido a la familia de García Caparrós conocer los detalles de su asesinato, recogidos en las actas secretas. Los populares andaluces, además, ya se habían pronunciado públicamente cuando la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero, anunció la última reforma reglamentaria que ha desatascado el asunto.
“Nosotros estamos a favor de que se conozca toda la verdad del asesinato de Manuel José García Caparrós. Así se lo hemos trasladado siempre a su familia, con apoyo y solidaridad, y hemos querido que conozcan toda la verdad para que puedan estar en paz”, ha zanjado la portavoz de la Junta.