Moreno, investido presidente de Andalucía tras un pacto con Vox que asume la vicepresidencia
El Parlamento andaluz ha aprobado, con los 68 votos que suman PP y Vox, la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta en el que será su tercer mandato. Moreno ha sido reelegido en segunda votación, tras firmar (media hora antes) un acuerdo político con la ultraderecha que asimila postulados xenófobos (incluida la polémica “prioridad nacional”) y mete en su Gobierno a los de Santiago Abascal, con una vicepresidencia.
El barón popular, referente de la derecha moderada, sale de la segunda votación con un acuerdo estable para los próximos cuatro años, pero con su perfil político seriamente herido, como evidenciaba su rostro desencajado durante la firma del pacto. En sus primeras palabras, destacó que el acuerdo con Vox era “legal” y repitió tres veces la palabra “sereno”. Moreno tomará posesión previsiblemente el domingo o el lunes en el Palacio de San Telmo, tras informar de su reelección al rey Felipe VI, y nombrará un gobierno con 12 carteras la semana que viene.
Pasados unos minutos de las cuatro de la tarde, PP y Vox cerraron el acuerdo de gobierno en Andalucía, que consolida el binomio de las derechas y cierra el ciclo electoral que empezó en Extremadura, Aragón y Castilla y León. El documento, aún sin hacerse público, allanó la segunda votación de la investidura de Moreno, programada para sólo media hora más tarde en el Parlamento.
El propio Moreno y el portavoz andaluz de Vox, Manuel Gavira, comparecieron ante los medios para firmar lo que han llamado “Acuerdo de Gobierno y Estabilidad para Andalucía” y hacer las primeras valoraciones como futuros socios de gobierno.
En ese momento se ha revelado que Vox ocupará sólo una cartera en el Ejecutivo de Moreno, la consejería de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, con rango de vicepresidencia, que ocupará Gavira, con un presupuesto anual en torno a los 1.200 millones de euros.
A diferencia de los pactos de Extremadura, Aragón y Castilla y León, la ultraderecha no se hace con la consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca -que en Andalucía moviliza más de 2.000 millones- ni ninguna cartera social. El PP les cederá uno de sus cinco senadores autonómicos y un puesto en la Mesa del Parlamento -la vicepresidencia-, con lo que mantendrán la mayoría absoluta en el órgano que rige los tiempos y las prioridades legislativas durante el mandato.
“¿La prioridad nacional? Eso ya existe en la Administración”
El documento, de 60 páginas y 150 medidas con plazos concretos de ejecución, se distribuyó después de la firma, aunque las primeras preguntas que recibió Moreno de los periodistas giraron en torno al concepto de “prioridad nacional” que incluye el acuerdo en los mismos términos que en el resto de comunidades. “Eso ni se ha negociado, se aceptó así desde el principio”, dice una persona próxima al presidente andaluz.
El líder popular, que en campaña calificó este concepto antiinmigrante como un “eslogan vacío”, empezó la reinterpretación del mismo, señalando que “la prioridad nacional es arraigo, que ya viene en nuestra administración”. “Eso existe ya, ya se está practicando, y se va a reforzar en algunas políticas, como vivienda y servicios públicos”, ha asegurado.
En realidad, la definición de arraigo en el acuerdo no es asimilable a la que existe en la Administración ahora mismo. El concepto de Vox, asimilado hoy por Moreno, significa que determinadas prestaciones y ayudas públicas beneficiarán antes a los ciudadanos españoles que a los inmigrantes.
El arraigo se medirá según el tiempo que lleven viviendo y trabajando en Andalucía. Para amortiguar este concepto xenófobo, los populares han includo el el acuerdo un preámbulo donde se destaca que “la dignidad inherente a todo ser humano es un postulado irrenunciable y un compromiso ético absoluto y permanente para los firmantes de este acuerdo”. “La política social del Gobierno”, continúa el preámbulo, “estará fundamentada en los principios de justicia, legalidad y humanidad, que son los que defiende la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía”.
Pero, acto seguido, y ya en el articulado del acuerdo, Moreno asume un viraje drástico en las políticas y el discurso sobre inmigrantes, asimilando los postulados más racistas de la ultraderecha: se reforzarán los controles del empadronamiento de la población extranjera, y se eliminará el Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en las escuelas andaluzas por aparentes razonesde inseguridad: “La Junta velará por la convivencia en los centros educativos (...) mostramos un rechazo explícito a cualquier programa de adoctrinamiento en las aulas y a cualquier injerencia extranjera o intento de diluir nuestra identidad”.
Además se propone un plan de retorno a sus países para los menores extranjeros no acompañados [MENAS, dice literalmente el texto], aunque la Junta carece de competencias para hacerlo unilateralmente ni para firmar acuerdos con los países de origen de esos menores.
Y en Sanidad, se anuncia una “auditoría anual del coste sanitario (directo e indirecto) derivado de la atención a extranjeros en Andalucía”, algo que ya pidió Vox en el Parlamento la pasada legislatura, y Moreno rechazó por “ilegal”. Ahora, sin embargo, se plantea la segregación de los enfermos por su origen y nacionalidad, separando el coste de un enfermo andaluz de otro extranjero y “diferenciando, en la medida en que lo permita la legislación vigente, entre residentes legales, desplazados temporales, personas sin residencia legal acreditada, asistencia urgente, farmacia, hospitalización, Atención Primaria, urgencias, partos, pruebas diagnósticas y atención especializada”.
Eliminan impuestos ambientales y el 50% de ayudas a los sindicatos
Moreno ha firmado el pacto con Gavira en una sala de la primera planta del Parlamento andaluz, rodeado de cámaras y fotógrafos, y con el rostro desencajado. Luego han comparecido juntos en el pasillo del comedor y, ante un micrófono de pie, ha respondido si este pacto con la ultraderecha emborrona su imagen de líder moderado y conciliador. “No”, ha respondido. “Vox es Vox y el PP es el PP. El Parlamento está representado por lo que los andaluces quieren”, ha insistido, y la extrema derecha tiene 580.000 votantes, “es la tercera fuerza en Andalucía y la segunda en Almería”.
La inmigración no es la única cesión que ha hecho el PP al partido de Santiago Abascal. En el acuerdo también se eliminan dos impuestos medioambientales y se replantea el discurso sobre la Agenda 2030 -de compromisos ambientales de la UE- que Vox siempre ha demonizado. También se recoge la eliminación del 50% de las subvenciones a la patronal y a los sindicatos, y se deja en ela ire el gasto para cooperación internacional.
También se contempla la derogación de la Ley andaluza de Memoria Histórica, aprobada en 2017 sin ningún voto en contra, para sustituirla por una “ley de Concorcia”. La aprobación de una “Ley de Familia” que “fomente la natalidad”, con ayudas sobre todo a las familias numerosas y con personas dependientes, además de “ayudas al nacimiento”, “campañas de apoyo a la maternidad”; en Cultura, promocionar “la tauromaquia, la caza y la pesca como atractivos turísticos”, además de un “plan del patrimonio cultural en riesgo”, en referencia a los toros.
La última medida del acuerdo es una “cláusula de lealtad institucional” que no está en el resto de pactos suscritos por el PP con Vox en otras comunidades: viene a garantizar que el partido de Santiago Abascal no romperá la disciplina de voto en el Parlamento ante cualquier medida que llegue del Gobierno de coalición, incluido los cuatro presupuestos autonómicos de la legislatura (tampoco las proposiciones de ley).
Con eso, Moreno busca asegurarse la estabilidad durante todo el mandato y evitar los sobresaltos a los que le sometió Vox en su primera legislatura, cuando eran socios externos y mantenían en vilo al Gobierno de PP y Ciudadanos en cada debate presupuestario.
En materia de fiscalidad, donde PP y Vox tienen más puntos en común, se presentan nuevas rebajas impositivas por valor de 325 millones de euros (1.300 millones a lo largo de la legislativa): además de desaparecer tres impuestos ambientales, se reducirá otra vez el IRPF y el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.
Entre las medidas de educación destaca una suerte de 'prioridad nacional' en el menú escolar: “Defensa del producto andaluz y español en los comedores públicos. La Junta impulsará, dentro del marco legal de contratación pública, que los pliegos de los servicios de restauración en comedores escolares y públicos prioricen los alimentos de proximidad” frente a los extranjeros. Además “se incluirá la historia del terrorismo en España en los planes de estudio”, que ya existe, y la implantación “progresiva” de institutos privados concertados de Bachillerato, “priorizando la Educación Especial y la FP” a partir del próximo curso.
En Sanidad, se plantea desde el primer día una “auditoría y plan de choque para reducir las listas de espera quirúrgicas, diagnósticas y de consultas externas” y, antes de finalizar 2028, la “consulta el mismo día” en atención primaria para procesos agudos y pediatría. Pero el punto crítico es la apuesta rotunda por una mayor privatización -“colaboración público-privada”- del sistema sanitario en los primeros seis meses del mandato: “Se permitirá la colaboración con entidades privadas cuando sea útil para reducir listas de espera, pruebas diagnósticas o actividad asistencial demorada, pero siempre con contratos transparentes, precios auditables, indicadores de calidad, publicación de resultados, control público y cláusula de reversión si no se cumplen objetivos”.
La izquierda denuncia “ocultismo y fraude”
El PSOE de María Jesús Montero había forzado una reunión urgente de la Mesa de la Cámara, 15 minutos antes de la votación, para exigir que Moreno sometiese su investidura sobre la base del acuerdo de gobierno que acababa de firmar con la extrema derecha, y no del proyecto político en solitario que presentó el pasado lunes. Pero el reglamento del Parlamento no contempla esta posibilidad y el presidente Jesús Aguirre les ha tumbado la iniciativa.
Los grupos de izquierdas han desfilado antes de la firma del pacto entre PP y Vox para denunciar que se le estaba “ocultando” a los andaluces el programa y el reparto de poderes que habían negociado las fuerzas conservadoras para investir a Moreno. Todos han censurado el “oscurantismo” del acuerdo. Montero ha subrayado que “por primera vez desde el franquismo va a entrar la ultraderecha en el gobierno de Andalucía”.
Antonio Maíllo, líder federal de IU y portavoz de la coalición Por Andalucía, ha dado por muerta la llamada “vía andaluza”, el concepto que popularizó el presidente de la Junta para defender un estilo de hacer política moderado, conciliador y alejado de la bronca y el ruido. “Se acabó la vía andaluza”, dijo, “y no hay partido España-Austria que esconda el acuerdo reaccionario que van a firmar sólo media hora antes de que se vote”.