La intervención del Gobierno en el mercado de viviendas turísticas ha levantado sarpullidos en el Gobierno autonómico y los empresarios de Andalucía, el territorio que aparece en la foto como la gran meca de los “alojamientos turísticos ilegales” que mostró este domingo el presidente Pedro Sánchez. De las 53.876 viviendas turísticas que el Gobierno quiere eliminar de plataformas como Airbnb o Booking, 16.740 están en Andalucía, 8.014 de ellas en Málaga. Andalucía es la comunidad autónoma, Málaga es la provincia y Sevilla es la ciudad que más viviendas turísticas “ilegales” tienen en España a ojos del Ministerio de Vivienda, que cita los datos de un nuevo registro estatal, operado por el Colegio de Registradores y obligatorio desde junio.
La Junta de Andalucía lo ve de otra forma. Niega, para empezar, que el Gobierno central tenga competencias para determinar qué alojamientos turísticos son ilegales. El tono lo marcó el consejero Arturo Bernal, acusando al Gobierno de “atentar” contra el turismo andaluz.
A su lado se ha posicionado rápidamente la patronal andaluza. “Que una vivienda turística no haya obtenido aún su número de registro único no significa que sea ilegal, sólo que no puede ser publicitada a través de canales online. No han perdido su licencia turística autonómica. La mayoría cuenta con autorización legal otorgada por la Junta de Andalucía y lleva años operando bajo la normativa autonómica vigente”, explica Juan Cubo, presidente de AVVAPro, que sitúa la cuestión en un “problema técnico y administrativo” en la tramitación del número de registro.
“Lo que ha ocurrido es que, debido a los fallos del Registro Digital Único y la falta de criterios claros de los registradores, muchos de estos inmuebles no han podido obtener aún su Número de Registro de Alquiler”, señala AVVAPro: “Pretender convertir este problema técnico y administrativo en una ‘ilegalidad masiva’ es un intento de manipulación de la opinión pública intolerable”.
En junio, poco antes de que entrara en funcionamiento el registro estatal, este medio ya adelantó que se estaba produciendo un tapón por la lentitud del registro andaluz en realizar algunos trámites. Por ejemplo, un cambio en la propiedad (y, por tanto, en la titularidad de la licencia) tarda meses en registrarse por la Junta de Andalucía en provincias como Málaga (supuestamente “saturadas”), y eso provocaría el rechazo de la inscripción en el Registro estatal.
Sánchez anunció este domingo en Cártama (Málaga) que hay más de 16.000 viviendas en Andalucía que no han pasado el filtro del nuevo Registro estatal. El Ministerio no ha facilitado a este medio un desglose de los motivos, pero la revocación de la inscripción registral apunta a la Junta, porque da a entender que no vigila el cumplimiento de su propia normativa.
Como no cumplirían los requisitos (acreditación de que se cumple la legislación autonómica y municipal para operar como vivienda turística) serán desinscritos de las plataformas en las que se anuncian, que ya han recibido la comunicación de cuáles son las viviendas que deben inactivar, según fuentes del Ministerio. La ministra Isabel Rodríguez pidió este lunes a las Comunidades Autónomas que “no pongan palos en las ruedas”: “Por cada piso turístico ilegal hay una familia expulsada de su barrio, o un joven que no se puede emancipar”.
Andalucía copa el listado de municipios con más viviendas que serán desinscritas, con cinco en el “top ten”: Sevilla (1º, 2.289 viviendas a desinscribir); Marbella (2º, 1.802); Málaga (4º, 1.471); Benalmádena (6º, 926); y Fuengirola (10º, 686). Entre los 25 primeros también están Mijas, Granada, Tarifa y Torremolinos. Según el Ministerio, los propietarios de esas viviendas no han acreditado cumplir la normativa autonómica para operar como vivienda turística, tras la revisión de su solicitud por parte del Colegio de Registradores y siete días de alegaciones. Por eso, a través de la ventanilla única creada al efecto, se ha comunicado a las plataformas que sus anuncios deben dejar de ser visibles.
Es la comunidad autónoma, en este caso Andalucía, quien establece qué viviendas turísticas son legales: pone las condiciones para poder operar (de hecho, tiene su propio registro ante la Consejería de Turismo), remitiéndose a su vez al cumplimiento de la normativa municipal. Y Andalucía dice no saber por qué el registro estatal ha encontrado más de 16.000 viviendas turísticas que no cumplirían los requisitos que la propia Andalucía establece. “No nos han dado ningún motivo por los que son supuestamente ilegales”, señala un portavoz de la Consejería de Turismo.
El nuevo registro estatal fue aprobado a finales del año pasado con la finalidad de implementar el reglamento europeo de información en materia de alquileres de corta duración. El registro estatal no define nuevos requisitos ni establece, de momento, un régimen sancionador por la falta de inscripción.
La Junta y la patronal insisten en que el Ministerio está invadiendo competencias autonómicas, porque no puede declarar la ilegalidad de un uso turístico ni cancelarlo; de momento, lo que ha hecho el Ministerio es crear un registro, y obligar a las plataformas a guiarse por él.
Andalucía dispone de su propio registro para el alquiler turístico desde 2016. A 15 de septiembre, hay 150.457 viviendas turísticas registradas por la Junta de Andalucía. Son casi ocho mil más que en marzo. Esta cifra es superior a la que ofrece el INE dos veces al año, basada en la información que proporcionan las plataformas sobre viviendas que se anuncian en ellas y que, por tanto, están activas.
El Gobierno andaluz entró en pánico hace año y medio al comprobar que en las multitudinarias manifestaciones pidiendo vivienda asequible se apuntaba a las viviendas turísticas, a las que considera pieza angular de un sector que concentra el 13% del PIB andaluz. Mientras insiste en que el principal problema es la Ley de Vivienda “que premia a los okupas”, la Junta ahora admite que los pisos turísticos también influyen y se esfuerza en subrayar que está sacando muchas viviendas turísticas ilegales del mercado. También ha encargado una campaña publicitaria para revertir la percepción de que el turismo está dificultando el acceso a la vivienda.
La Junta asegura que, a 27 de agosto, había cancelado 10.226 viviendas turísticas desde que aprobó una normativa más estricta en 2024, que incluye la suscripción de convenios con los principales ayuntamientos para facilitar el control de los requisitos municipales. Son 3.812 en Málaga (1.280 en la capital), 1.807 en Granada (988 en la capital), 1.352 en Cádiz (471 en la capital) y 1.198 en Sevilla (1.067 en la capital).
De ahí, que el anuncio del Ministerio de que aún hay más haya sentado tan mal: porque sugiere que, a pesar de sus anuncios, el Gobierno de Moreno sigue sin poner el celo suficiente en hacer cumplir su propia normativa. El mismo domingo, el consejero Arturo Bernal acusó a Pedro Sánchez de “venir a Andalucía a atentar contra nuestra principal industria, el turismo”. “Las viviendas que falsamente dice Sánchez haber sacado del registro de la propiedad no son ilegales”, aseguró Bernal, recordando también que la Junta (y otras tres comunidades autónomas) ha recurrido el Decreto que regula el registro estatal y sus datos, al considerarlo una injerencia en sus competencias exclusivas.
Sánchez hizo su anuncio este domingo en Málaga, y no fue casual. La ciudad y la provincia concentran un alto número de viviendas turísticas: registradas ante la Junta de Andalucía, son 86.711 en la provincia y 12.882 en la capital, más que en ciudades que la duplican en tamaño, como Barcelona.
Es el resultado del atractivo turístico de la ciudad y de la Costa del Sol, pero también de las altas rentabilidades (en Málaga, un propietario gana cuatro veces más poniendo su casa en alquiler turístico -30.500 euros de media- que en larga temporada -7.510-, según un informe encargado por el Ayuntamiento) y de una manga ancha que ha durado hasta hace muy poco. Sólo hace un mes entró en vigor la moratoria para nuevos pisos turísticos en la ciudad.
Todo esto ha contribuido a la escasez de vivienda en alquiler (que era endémica), elevando los precios hasta hacerlos inasumibles al bolsillo medio. El tema domina desde hace años el debate público en Málaga y la Costa del Sol. Casi a cada Pleno municipal, la izquierda martillea al alcalde Francisco de la Torre (PP) con las cifras de malagueños y malagueñas que no pueden vivir en su ciudad. Y este ha ido virando su posición, hasta admitir, al fin y años después de que la cuestión fuese un clamor, que no caben más viviendas turísticas en la ciudad.
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