Según ha explicado en rueda de prensa el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, el criterio contrario del Consejo de Gobierno a la proposición de Ley del PP-A se basa en que “tanto la legislación educativa autonómica como la estatal ya recogen el contenido de esta iniciativa”.
En este sentido, Jiménez Barrios ha recordado que la Ley de Educación de Andalucía, vigente desde 2007, señala entre los derechos del profesorado el “reconocimiento de su autoridad magistral y académica” y apunta que “en su condición de funcionario, tiene los derechos individuales y colectivos previstos en la legislación básica de la función pública”.
Asimismo, la Ley Orgánica 8/2013 para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) establece que “los miembros del equipo directivo y los profesores y serán considerados autoridad pública”.
En lo que respecta a la asistencia jurídica y defensa del profesorado mencionadas en la proposición de ley del PP, el Gobierno andaluz insiste en que la práctica judicial evidencia que se consideran salvaguardados los intereses y derechos de este colectivo en el ejercicio de sus funciones, ya que por el mero hecho de ser funcionarios tienen una especial protección por las normas generales.
Según la Junta, la asistencia jurídica al profesorado está también garantizada en la Ley de Educación andaluza y en los reglamentos orgánicos de los centros docentes.