La azucarera granadina del siglo XIX olvidada por las administraciones pese a ser bien cultural desde hace una década

En la Costa Tropical granadina, entre Salobreña y el mar, la antigua azucarera del Guadalfeo sigue en pie como una estructura detenida en el tiempo y como testigo de cómo las intenciones urbanísticas pueden acabar incluso con un bien protegido. Cerró en 2006, pero su historia no terminó ahí porque una de sus naves fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en 2016, aunque continúa sin un proyecto de conservación o musealización y con buena parte de sus instalaciones deteriorándose. Una degradación que ocurre a la par que se aprueban proyectos de construcción que derribarán parte de las instalaciones para levantar nuevas edificaciones aledañas.

La propuesta lanzada en la pasada campaña electoral andaluza desde Por Andalucía para convertir la nave más importante de la azucarera en un gran museo andaluz ha vuelto a situarla en el debate público en los últimos meses. No es una idea nueva. Tampoco una promesa inédita. Durante los últimos veinte años, la azucarera ha aparecido y desaparecido del discurso institucional mientras su futuro quedaba suspendido entre la protección patrimonial, el planeamiento urbanístico y la propiedad privada. Y es que pese a ser un conjunto industrial considerado único en su tipología en Europa sigue sin un destino definido dos décadas después de su cierre.

Todo ello a pesar de que se trata de unas instalaciones que tienen más de siglo y medio de historia. La fábrica tiene su origen en el siglo XIX. Fue fundada en 1861 y llegó a convertirse en uno de los principales motores de la economía azucarera andaluza. La caña de azúcar fue la base durante décadas la vida agrícola de la Vega de Salobreña y la Costa Tropical, condicionando el paisaje, el trabajo y las relaciones sociales de toda la comarca.

Según quienes trabajaron en ella, la azucarera no era sólo una fábrica, sino el centro de un sistema económico completo. La campaña de la caña movilizaba a agricultores, cooperativas, cortadores y personal técnico en un engranaje estacional que marcó generaciones. “Era un trabajo salvaje, salvaje. No se atrevía la gente a hacerlo porque te destroza”, recuerda Alejandro Espinosa, cooperativista que participó en las negociaciones del cierre y trabajó en la gestión del sector cañero.

Un terreno atractivo para el urbanismo costero

El punto de inflexión llegó en 2006. La producción dejó de ser rentable y la actividad industrial se acabó deteniendo, en parte por la competencia exterior. Pero, según relatan varias personas que estuvieron muy ligadas a ella, el contexto económico de aquellos años no puede separarse del entorno inmobiliario que se estaba gestando en la zona. “Los cantos de sirena eran los campos de golf y la construcción”, cuenta Espinosa al recordar las negociaciones de la época.

Así, la caída del cultivo de la caña coincidió en ese momento con el auge de las expectativas urbanísticas sobre los suelos agrícolas más próximos al litoral. No en vano, eran los años de la burbuja inmobiliaria. En ese proceso, la continuidad de la actividad azucarera acabó dejando paso a una reconfiguración del territorio: parte de la Vega perdió su uso agrícola tradicional y se abrió la puerta a nuevos desarrollos residenciales y turísticos. Desarrollos que más de dos décadas después sí se van a llevar a cabo, mientras el uso cultural de la vieja fábrica sigue en el aire.

No obstante, desde dentro del sector, hubo intentos de buscar alternativas. Se exploraron cultivos sustitutivos, mejoras en los sistemas de riego o la reconversión hacia productos derivados de mayor valor añadido, como el azúcar moreno o usos industriales de la caña. Pero la viabilidad económica del modelo no terminó de sostenerse. “Yo luché por que se mantuviera al menos una parte de la Vega”, señala Espinosa. “Se hicieron estudios, alternativas, pero aquello ya no era rentable”.

En paralelo al cierre industrial, el futuro del complejo quedó vinculado a un desarrollo urbanístico más amplio en la zona. Según relatan fuentes implicadas en el proceso, sobre los terrenos se proyectaban operaciones residenciales que incluían cientos de viviendas y la transformación del entorno. En ese contexto, la azucarera quedó condenada a un futuro entre operaciones inmobiliarias que jugaban con su desaparición. Por eso, la Junta Andalucía otorgó en 2016 la figura de BIC a una de las naves, intentando así una protección patrimonial que pretendía frenar la demolición completa del complejo.

“Se estaba planteando tirar la fábrica, dejar el solar a cero y construir viviendas”, explica el histórico dirigente de IU en Salobreña, Ángel Coello. No en vano, la declaración BIC obliga a conservar los elementos protegidos y bloquea su demolición, aunque no resuelve automáticamente su uso futuro. Sin embargo, pese a ser un espacio protegido, lo que ocurra con la azucarera está condicionado por los planes urbanísticos que sí se están empezando a ejecutar en las naves y zonas no protegidas de la propia fábrica, mientras el uso museístico sigue olvidado.

Un museo que nunca llega

Desde la declaración como BIC, la idea del museo industrial ha estado presente de forma recurrente. Sin embargo, nunca ha llegado a materializarse. Tanto Coello como otras fuentes consultadas coinciden en que, por las características del complejo y la maquinaria conservada, el uso museístico es prácticamente la única alternativa viable. “El ayuntamiento no tiene capacidad ni para invertir ni para gestionar un museo”, apunta Coello. “Por eso la Junta debería integrarlo en su red de museos”. Pero la realidad administrativa actual es otra.

Según la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, no consta la presentación de proyectos de conservación o musealización del bien. Tampoco se han emitido órdenes de ejecución por parte del Ayuntamiento. La Junta recuerda además que el planeamiento urbanístico vigente prevé un mecanismo para la cesión del complejo como dotación cultural dentro del desarrollo del sector SUT-1 de Salobreña. Sin embargo, ese proceso depende de que la propiedad inicie el desarrollo urbanístico correspondiente.

Mientras eso no ocurra, la responsabilidad del mantenimiento recae en la empresa propietaria, Azucareras del Guadalfeo S.A., que debe cumplir con las obligaciones de conservación establecidas en la legislación de patrimonio histórico. El Ayuntamiento de Salobreña, por su parte, sostiene que el margen de actuación es limitado, ya que el planeamiento está aprobado y el conjunto forma parte de un ámbito urbanizable en manos privadas. El resultado de esta arquitectura administrativa es un escenario de responsabilidades cruzadas.

Así, la Junta señala la falta de proyectos por parte de la propiedad, el Consistorio sostiene que el planeamiento está cerrado desde hace años y la propiedad no ha respondido a las solicitudes de este medio para conocer su posición. Mientras tanto, el complejo continúa deteriorándose. La imagen es la de un espacio protegido en el papel, pero sin intervención real sobre el terreno. Un Bien de Interés Cultural que no se ha llegado a consolidar ni a tener un proyecto de uso público ni una estrategia de conservación estable. “Eso está ahí en el aire”, lamenta Alejandro Espinosa sobre el futuro del museo.

Porque la azucarera del Guadalfeo no es sólo un edificio en desuso, sino que se trata de uno de los últimos vestigios de la industria azucarera en la península, con maquinaria casi única que formó parte de un sistema productivo que marcó durante más de un siglo la economía de la Costa Tropical. Pero también es un caso de estudio sobre cómo se gestionan -o se bloquean- instalaciones claves cuando entran en conflicto distintos intereses: la protección patrimonial, la planificación urbanística y la propiedad privada.