¿Qué cambiaría la regularización administrativa en la vida de miles de mujeres?
Cada 8 de marzo recordamos que la igualdad todavía tiene muchos caminos por recorrer. También que hay desigualdades que se agravan cuando se cruzan distintos factores como el origen, la precariedad o la situación administrativa.
Hoy, miles de mujeres migrantes viven en España en situación administrativa irregular. Muchas son vecinas, trabajan, cuidan y sostienen familias ... Sin embargo, lo hacen sin acceso a derechos básicos reconocidos para el resto de la población.
La regularización extraordinaria que se encuentra actualmente en proceso puede suponer un cambio importante en su vida cotidiana. No se trata solo de un trámite administrativo: significa abrir la puerta a derechos que hoy están fuera de su alcance.
Uno de los ámbitos donde esta realidad se hace más visible es el acceso a la vivienda. Hoy en día, las mujeres migrantes con hijos e hijas son habitualmente rechazadas en su acceso a viviendas -o habitaciones- estando mucho más expuestas a situación de calle o a vivir con sus familias en espacios muy reducidos. Esto se traduce en inestabilidad habitacional y en la imposibilidad de empadronarse, una llave fundamental para acceder a otros derechos.
También afecta a la conciliación entre trabajo y cuidados. Muchas mujeres migrantes trabajan en sectores esenciales para el sostenimiento de la vida —como el empleo del hogar, la hostelería o el cuidado de personas mayores—. Sin embargo, cuando se vive en situación irregular, recursos básicos como guarderías públicas o ayudas para el cuidado infantil se vuelven inaccesibles, lo que limita las posibilidades de poder encontrar un trabajo y mucho menos en condiciones dignas.
La irregularidad administrativa incrementa, además, la vulnerabilidad frente a la explotación laboral. Trabajar sin contrato o sin garantías dificulta denunciar abusos y deja a muchas mujeres expuestas a condiciones laborales injustas o a situaciones de violencia en el ámbito del trabajo
La maternidad, además, se vive con menos protección. La falta de una situación administrativa regular impide acceder a prestaciones vinculadas al embarazo, al nacimiento o a la crianza, así como a determinadas ayudas económicas destinadas a las familias.
Esta situación también limita el acceso a sistemas de protección social que funcionan como red de seguridad en momentos de dificultad. Prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital o las rentas mínimas autonómicas quedan fuera del alcance de muchas familias que las necesitarían.
La irregularidad administrativa incrementa, además, la vulnerabilidad frente a la explotación laboral. Trabajar sin contrato o sin garantías dificulta denunciar abusos y deja a muchas mujeres expuestas a condiciones laborales injustas o a situaciones de violencia en el ámbito del trabajo.
En los casos más extremos, esta falta de derechos y la precariedad asociada pueden facilitar que algunas mujeres acaben atrapadas en redes de explotación que se aprovechan de su situación de vulnerabilidad, especialmente cuando tienen hijos a cargo tanto en España como en sus países de origen.
Por todo ello, la regularización no es solo una cuestión administrativa. Para miles de mujeres puede significar trabajar con derechos, acceder a servicios básicos, proteger a sus hijos e hijas y vivir con mayor seguridad y autonomía.
Avanzar en igualdad también implica garantizar que ninguna mujer quede fuera de los derechos básicos por su situación administrativa.
Porque cuando las mujeres tienen derechos, toda la sociedad avanza.