Podemos registra este viernes en el Parlamento una proposición de ley para reformar la legislación andaluza en materia de protección de animales, un texto en el que han participado una veintena de asociaciones ecologistas, y que fue remitido a principios de semana al resto de grupos políticos con los se va a negociar su tramitación. El borrador, al que ha tenido acceso esta redacción, endurece la normativa contra el maltrato animal desde muy diversas perspectivas: prohibe que haya animales en los circos, las peleas de gallos, el tiro al pichón, venta de especies exóticas; se sanciona el abandono de mascotas y se regula las colonias de gatos urbanos… Pero, entre todas, destaca un capítulo por encima del resto: se prohibe la participación de menores de edad en las escuelas taurinas, una fórmula indirecta con la que Podemos pretende asfixiar la tauromaquia en Andalucía, “cortocircuitando el relevo generacional de los matadores de toros”.
Las comunidades autónomas tienen pocas competencias para abolir las corridas de toros. Cataluña y Baleares lo intentaron prohibiéndolas por ley, pero fracasaron. Podemos Andalucía ha buscado una vía distinta, menos directa, para evitar naufragar en los tribunales. Pero también por miedo a que, a consecuencia del asunto de los toros, el resto de formaciones políticas bloquee una reforma legal que aborda muchos más escenarios sobre la protección de animales. El resquicio legal que ha encontrado el partido morado pasa por vaciar de alumnos las 26 escuelas taurinas que existen en la región, y que actualmente cuentan con financiación pública.
Andalucía es una de las cuatro comunidades (junto a Madrid, Valencia y Aragón) que destina una partida específica en sus presupuestos para los toros, un montante de 100.000 euros en las cuentas de 2018 (la misma que el pasado ejercicio) para financiar a las escuelas que enseñan el oficio de lidia a los futuros matadores, organizan novilladas, becerradas y otros festejos en las ocho provincias, adquieren reses en ganaderías, imparten clases teóricas y prácticas a los chavales, y mantienen un convenio con Canal Sur Televisión para retransmitir las principales corridas. Cada año medio centenar de jóvenes se inscriben como alumnos en estas escuelas y la gran mayoría son menores de edad.
La propuesta de ley de Podemos prohibe expresamente la “participación” y la “asistencia” de “personas menores de 18 años en pruebas funcionales y entrenamientos a puerta cerrada con reses de lidia, espectáculos y festejos debidamente autorizados con este tipo de animales y clases prácticas con reses celebradas por escuelas taurinas autorizadas”, reza el artículo 4.f y 4.g del borrador de la ley. El secretario político de Podemos, Jesús Rodríguez, es quien ha coordinado la redacción del texto, y cree que impidiendo el acceso de alumnos menores de edad a las escuelas taurinas “cortamos de raíz el relevo generacional de toreros”, lo que a la larga “terminará por dar la puntilla a la fiesta”.
La propuesta del grupo morado bebe directamente de una reciente resolución de la Organización de Naciones Unidas (ONU) dirigida expresamente a España. El pasado mes de enero tuvo lugar en Ginebra una sesión pública entre el Comité de los Derechos del Niño, órgano dependiente de la ONU, y la delegación del Gobierno de España, que tuvo que responder a varias cuestiones relacionadas con la “participación” y “asistencia” de niños y adolescentes españoles a eventos taurinos. La ONU se hizo eco de un informe muy crítico con la tauromaquia elaborado por la Fundación Franz Weber en el marco de su campaña Infancia Sin Violencia, y se pronunció en contra de que España siga permitiendo la asistencia de menores a escuelas taurinas.
1,6 millones de espectadores
En 2010 el Parlamento catalán abolió las corridas de toros por 68 votos a favor, 55 en contra y nueve abstenciones. La prohibición entró en vigor el 1 de enero de 2012, pero el Gobierno central recurrió la ley ante el Tribunal Constitucional, y éste la anuló en 2016. Cataluña fue la primera en intentarlo. Posteriormente el Gobierno balear aprobó su propia ley contra el maltrato animal, que no prohibía las corridas de toros, pero sí matarlos (y la entrada a menores en las plazas). El Ejecutivo central volvió a recurrir a los tribunales y la norma, pactada por PSOE, Podemos y MÉS, quedó nuevamente en suspenso.
La formación morada en Andalucía cuenta ya con el apoyo de IU para tramitar su proposición de ley y espera sumar el respaldo de los socialistas, que impulsaron una norma similar en las Islas Baleares. Podemos ha sido más cauteloso que catalanes y baleares a la hora de abordar el asunto de la tauromaquia, para evitar que su reforma legal acaba también bloqueada en los tribunales. Cataluña prohibió las corridas y Baleares suprimió de los festejos el tercio de varas y que los toreros usaran banderillas, estoques y puntillas (sólo autorizaba el capote y la muleta). En Andalucía, una región 119 plazas de toros, se ha apostado por asfixiar las escuelas donde los jóvenes aprenden a torear.
La iniciativa de Podemos cuenta con el respaldo del movimiento animalista y antitaurino, pero previsiblemente encontrará un fuerte rechazo en el sector turístico andaluz, que encuentra en las corridas de toros una lucrativa fuente de ingresos directos e indirectos (los toros son uno de los reclamos de la Feria de Sevilla). En los últimos 18 años, el número de espectadores en directo en plazas de toros en Andalucía alcanzó los 1,67 millones, según datos de la Federación de Escuelas Pedro Romero, donde están asociadas las 26 escuelas taurinas andaluzas.
Las competencias sobre el mundo del torno no están ni en la Consejería de Turismo ni en Cultura, sino en el departamento de Justicia, que regula los espectáculos que se celebran en la comunidad. Según sus estadísticas, el 50% de los festejos populares de Andalucía son corridas o novilladas (unas 200 tardes de toro al año de media), por detrás de Castilla y León, Castilla La Mancha y Madrid.
Para que la reforma de la ley de protección animal de Podemos salga adelante, será esencial el voto del PSOE. PP y Ciudadanos rechazaron cualquier cambio en este sentido en Cataluña y Baleares. El problema es que en el grupo socialista no hay unanimidad sobre el asunto de los toros. La Junta de Andalucía subvenciona indirectamente al sector, pero hay ayuntamientos gobernados por el PSOE, como Córdoba, donde recientemente se ha aprobado una moción para retirar las ayudas municipales a los festejos taurinos.
En Andalucía, la tauromaquia está regulada en la ley autonómica sobre festejos populares y escuelas taurinas, pero Podemos pretende afrontar el asunto con una reforma de la Ley de Protección Animal, “obsoleta” después de 15 años en vigor sin apenas cambios. Esta norma protege a los animales de la acción “violenta” del hombre, pero deja fuera tres supuestos que son considerados parte de la tradición y cultura popular: el tiro al pichón, la pelea de gallos y la tauromaquia. Son tres exenciones que quedan al margen de la ley y que Podemos ha vuelto a incluir en su proposición de ley.