Sanz niega el uso de reactivos caducados en un hospital de Málaga y defiende que la “seguridad no está comprometida”
Antonio Sanz, consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, ha rechazado que se produjeran negligencias en el Hospital Comarcal de La Axarquía (Torre del Mar, Málaga) tras conocerse que se conservaron reactivos caducados entre 2020 y 2025, lo que cuestiona la fiabilidad de los resultados de los análisis, como desveló este medio. Al respecto, ha subrayado: “No ha quedado acreditado el uso de reactivos caducados o no aptos”, a lo que añadió, “con la información disponible hasta hoy, no se ha acreditado que la seguridad de los pacientes se haya visto comprometida”.
Por otra parte, Sanz ha reconocido que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) “inició la investigación mucho antes que la Fiscalía”, en respuesta a una pregunta formulada por el diputado Luis Rodrigo Serrano, del grupo parlamentario de Adelante Andalucía. En relación a las investigaciones abiertas, ha enfatizado que “los mecanismos de control existen y funcionan” y que “la Fiscalía investiga y nosotros siempre vamos a colaborar”.
A ello, el consejero ha requerido a la oposición: “¿Está usted diciendo que los profesionales sanitarios engañan a la máquina?”, para lo que ha pedido “prudencia” y “responsabilidad” frente a la “generación de alarma social a los ciudadanos”. “Los analizadores del laboratorio están programados para bloquear y rechazar cualquier reactivo caducado”, ha apuntado el consejero Sanz a partir de los controles que habría realizado el SAS en el Hospital de la Axarquía, por lo que ha pedido que “dejemos que actúe la investigación”.
Investigación de la Fiscalía
Por su parte, la Fiscalía está estudiando una denuncia interpuesta por el sindicato CSIF, mayoritario en el hospital, en la que se da cuenta del uso de reactivos caducados o con pérdida de estabilidad (abierto por más tiempo del indicado por el fabricante) en ese laboratorio.
La denuncia contiene mensajes de texto (“si sale caducado, no lo tiréis. Yo los aprovecharé en rutina”), fotografías de botes en la nevera del laboratorio con la inscripción que recoge su caducidad y cuatro testimonios de trabajadores o extrabajadores que apuntalan las sospechas de esta práctica, que estaría auspiciada por las dos responsables del laboratorio, según la denuncia. El uso anómalo de reactivos que imprescindibles para determinar el nivel en sangre de elementos, enzimas o medicamentos cuestiona la fiabilidad de las pruebas analíticas que, a su vez, son claves en el diagnóstico y tratamiento.
Este medio desveló que la unidad fijó como objetivo no tirar los reactivos con pérdida de estabilidad para no superar el presupuesto, y que consiguió reducir su consumo un 30% de un año a otro. La consecución de los objetivos facilita el cobro de los pluses de productividad, que pueden rondar los 15.000 euros para un jefe de servicio o un coordinador.
“Las trabajadoras están sufriendo acoso laboral”
En este contexto, Adelante Andalucía ha manifestado además que “las trabajadoras que han denunciado esto han visto como no ha cambiado nada en el hospital, salvo una cosa, están sufriendo un acoso laboral brutal”, demanda a la que no contestó el consejero Sanz en su siguiente intervención. En paralelo, las asociaciones Amama, Marea Blanca de Málaga, Jubilados del SAS y la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del Rincón de la Victoria anunciaron para el 15 de octubre una concentración en defensa de la sanidad pública.
Asimismo, el partido de José Ignacio García ha vinculado estas denuncias con la crisis de los cribados de cáncer de mama de hace un año, afirmando que “es fundamental que no nos mientan a la cara” en materia de calidad asistencial. Cuestión, la del cáncer de mama, a la que el consejero Antonio Sanz ha replicado minutos antes en sede parlamentaria que ya se ha contratado el 90% de los 700 profesionales de refuerzo para el plan de choque que se anunció tras conocerse los fallos, con 2.317 mujeres afectadas junto a siete mujeres fallecidas, según Amama.
Por su parte, la diputada socialista María Márquez ha insistido en defender una partida presupuestaria para indemnizar a las afectadas por los errores de comunicación en las pruebas diagnósticas en vez de que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) evite llegar a un acuerdo en las más de 200 reclamaciones patrimoniales que ha dejado de contestar y que, finalmente, irán a la vía de lo contencioso-administrativo, dilatando los tiempos. “El presupuesto de la Junta tiene que acordarse de estas mujeres. ¿Dónde tienen ustedes el corazón?”, se ha preguntado Márquez.