Las universidades públicas de Andalucía confían en que la Junta “inmediatamente” intervenga ante su “infrafinanciación”
Las universidades públicas andaluzas han confirmado que el sistema en su conjunto cerró el ejercicio 2025 con un déficit ajustado de 44 millones de euros, certificando así la entrada en un escenario de déficit estructural que los rectores venían advirtiendo desde hace dos años. “No estaríamos en déficit si se hubiera cumplido con el modelo de financiación”, defiende el portavoz de las universidades públicas, Francisco Oliva, que lleva desde 2024 denunciando el “incumplimiento reiterado” de los acuerdos alcanzados por parte del Gobierno de Juan Manuel Moreno.
Tras hacer público el balance definitivo de las cuentas de 2025, los rectores han vuelto a reclamar una solución “urgente” para evitar que el desequilibrio se agrave en 2026. Las esperanzas están puestas ahora en el dictamen que salga de la comisión técnica constituida junto con la Consejería del ramo para determinar la “infrafinanciación” real del sistema y fijar las cantidades que corresponden a las universidades conforme al modelo de financiación antes de la elaboración de los presupuestos de 2027.
“Ya no hablamos de una negociación política sobre cuánto dinero se da o no a las universidades, lo que se está analizando es cuál es la estructura real de gasto y cuál es la diferencia entre lo que pagamos y lo que se nos financia para cumplir el modelo”, explica Oliva. Por el momento, este camino entierra la vía judicial que los rectores barajaron emprender hace dos años, cuando amenazaron con acudir a los tribunales por el incumplimiento del modelo de financiación aprobado por la Junta de Andalucía en 2023.
Ahora las universidades públicas andaluzas confían en el “compromiso” que les ha trasladado el nuevo consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, tras la primera reunión mantenida recientemente con el portavoz de los rectores. “Reconoce el problema y también está esperando los resultados de la comisión técnica”, traslada Francisco Oliva. El objetivo es que ese trabajo concluya entre finales de septiembre y principios de octubre. La fecha es importante porque permitirá que las universidades elaboren los presupuestos de 2027 sin reproducir el desequilibrio de los últimos ejercicios.
“Borrón y cuenta nueva”
Los rectores se muestran así confiados en que la Junta acate las resoluciones de la comisión: “Tienen que aceptarse sí o sí, es inimaginable plantear el escenario de que la Junta reconozca la deuda y no haga nada”, apostilla el también rector de la Universidad Pablo de Olavide.
“Si sale bien la comisión, querrá decir que se nos va a pagar a las universidades lo que se nos debe según el modelo de financiación, que dice que se nos tienen que pagar unas cantidades y no se nos está pagando”, recuerda Oliva, quien resume la situación con estas palabras: “Nueve universidades públicas están en déficit, esto quiere decir que es culpa de la infrafinanciación que llevamos dos años anunciando, pero no se nos escuchó”.
El déficit, subrayan los rectores, refleja que los ingresos que reciben las universidades se sitúan ya por debajo de sus gastos estructurales, especialmente en el capítulo 1 destinado a las nóminas del personal y el 2, relativo a las contratas (luz, limpieza o seguridad de los campus). Una situación que, advierten, dificulta no solo el desarrollo de proyectos estratégicos, sino que amenaza incluso la capacidad de atender con normalidad las obligaciones más básicas si se mantiene en el tiempo. “No estaríamos en déficit si se hubiera cumplido el modelo de financiación”, sostiene el portavoz de AUPA.
El cierre en negativo de las cuentas de 2025 constituye el culmen de dos años de tensiones entre los rectores y el Gobierno andaluz. El punto álgido del conflicto se produjo en 2024, cuando las universidades públicas llegaron a amenazar con acudir a los tribunales al considerar que la Junta mantenía una deuda cercana a los 50 millones de euros derivada del incumplimiento del modelo de financiación.
Pese a la “gravedad” de la situación, los rectores creen que la constitución de la comisión técnica abre una oportunidad para reconducir el conflicto con la Junta. “Queremos hacer borrón y cuenta nueva, resolver correctamente los pagos de 2025, 2026 y 2027”, expresa el representante de los rectores andaluces.
Hasta entonces, las universidades mantienen la alerta: el déficit previsto para 2026 será aún mayor si no se corrige la infrafinanciación. “Es imprescindible que la Junta intervenga inmediatamente”, concluyen desde AUPA, confiados en que el dictamen de la comisión técnica sirva para zanjar definitivamente las discrepancias sobre la financiación del sistema universitario andaluz.