Las universidades públicas andaluzas entran en “déficit estructural” tras cerrar 2025 en números rojos

El sistema universitario público andaluz en su conjunto ha cerrado el ejercicio presupuestario de 2025 en números rojos. Los resultados de las cuentas dibujan un escenario de déficit generalizado que fuentes del ámbito universitario califican de “estructural”, al confirmar que la financiación que reciben de la Junta ya no basta para cubrir los costes fijos de funcionamiento, especialmente los derivados de la plantilla.

Según el sumatorio de los cierres presupuestarios elaborado por CCOO y contrastado por este periódico, y a falta de incorporar el dato definitivo de la Universidad de Sevilla (US), el déficit global ronda los 38 millones de euros, una cifra aún provisional que podría variar ligeramente cuando concluya la auditoría de la institución sevillana, cuyos resultados se esperan conocer en los próximos días.

Esta situación supone un punto de inflexión en el pulso que desde hace dos años mantienen los rectores con la Junta por el modelo de financiación. Las nueve universidades públicas llevan reclamando al Gobierno de Juanma Moreno que cumpla con los pactos firmados en materia de financiación desde 2024, advirtiendo de que, sin esos recursos, el sistema entraría en déficit. Los resultados presupuestarios de 2025 apuntan a que ese escenario ya se ha materializado.

Las causas de un déficit generalizado

Fuentes internas señalan que el déficit estructural en el que se encuentran ya todas las universidades públicas andaluzas –a excepción de la UNIA– es consecuencia de varios años sometidas a un estado de asfixia económica por parte de la Junta, ante el “incumplimiento reiterado” del modelo de financiación.

La principal causa, señalada en numerosas ocasiones por los rectores, es la falta de aplicación de la denominada cláusula de salvaguarda incluida en el modelo de financiación, aprobado en septiembre de 2023 para el periodo 2023-2027. El cometido de esa cláusula era garantizar la estabilidad financiera del sistema, obligando a que las universidades reciban, como mínimo, la misma financiación del ejercicio anterior más los incrementos retributivos aprobados para el personal del sector público.

Sin embargo, las universidades sostienen que esas cantidades no se han transferido en su totalidad, forzando a los campus a asumir con recursos propios el aumento del coste de las plantillas. El resultado ha sido un incremento continuado del capítulo 1 —el destinado a personal—, acompañado de un agotamiento progresivo de los márgenes presupuestarios acumulados durante ejercicios anteriores. Fuentes universitarias sostienen que, si el Gobierno andaluz hubiese aplicado íntegramente el modelo de financiación pactado, se podría haber evitado que el sistema entrara en déficit.

Este periódico ha contactado con la Consejería de Universidad para recoger su valoración. La consulta se produjo en plena constitución del nuevo Gobierno andaluz tras la remodelación anunciada por el presidente de la Junta el pasado jueves y el aplazamiento de la toma de posesión de los nuevos consejeros debido al trágico incendio declarado en Los Gallardos (Almería) el viernes. Fuentes del departamento indicaron que necesitan unos días para analizar la información antes de ofrecer una respuesta.

Plan de ajustes ante una financiación “claramente insuficiente”

Más allá del caso de la Universidad de Málaga, a la que el Gobierno andaluz inyectó en 2024 un crédito extraordinario de 48,5 millones de euros para rescatarla de una crisis “sin precedentes”, las señales de alarma comenzaron a hacerse extensibles a otros rectorados andaluces.

Uno de los casos más recientes ha sido el de la Universidad de Sevilla, que aprobó el pasado mes de abril un plan de ajuste para recortar 16 millones de euros del presupuesto, con medidas como la reducción de grupos docentes, el cierre del turno de tarde en algunas facultades o restricciones en la contratación de profesorado.

Semanas después, la propia Hispalense alertó de un desfase de casi 13 millones de euros entre el coste previsto de su plantilla para 2026 (462 millones) y la financiación asignada por la Junta en el último reparto de fondos autonómicos (449 millones), una diferencia que el Rectorado calificó de “claramente insuficiente”.

Las nueve universidades en números rojos

Otro caso representativo es el de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), cuyo Consejo de Gobierno aprobó el pasado 30 de junio las cuentas anuales de 2025, arrojando un déficit de 2,5 millones de euros. Su rector, Francisco Oliva, explicó entonces que las causas de estas cifras se deben a “cuestiones completamente exógenas e incontrolables” para la propia institución, señalando a la administración autonómica como responsable.

Al presentar las cuentas, Oliva atribuyó ese desequilibrio al incremento obligatorio del gasto de personal —que cifró en 4,9 millones de euros— sin contar con la ayuda de la Junta, así como al “incumplimiento” de los compromisos económicos adquiridos por el Gobierno andaluz, como los 16 millones de euros que prometió el propio Moreno durante el acto de apertura del curso académico celebrado en la UPO.

Según el rector de la Olavide, si se hubieran transferido las cantidades previstas en el modelo de financiación y en los acuerdos pactados con la Junta, la universidad habría cerrado el ejercicio con un superávit de 700.000 euros.

Siguiendo el mismo patrón, la Universidad de Granada refleja en sus cuentas anuales un resultado presupuestario negativo superior a los cinco millones de euros. La única excepción dentro del sistema –formado por diez instituciones públicas– es la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), cuyo modelo resulta difícilmente comparable al resto por tratarse de una institución dedicada exclusivamente al posgrado y sin una plantilla docente propia.

Dos años de tensiones entre los rectores y la Junta

El cierre en negativo de las cuentas de 2025 constituye el culmen de dos años de tensiones entre los rectores y el Gobierno andaluz. El punto álgido del conflicto se produjo en 2024, cuando las universidades públicas llegaron a amenazar con acudir a los tribunales al considerar que la Junta mantenía una deuda cercana a los 50 millones de euros derivada del incumplimiento del modelo de financiación.

Aquella confrontación abrió la puerta a varios meses de negociaciones que desembocaron en una tregua en marzo de 2025, con un acuerdo extraordinario para financiar parcialmente determinados complementos retributivos del personal universitario.

Sin embargo, nueve meses más tarde, las universidades públicas volvieron a denunciar que el reparto de fondos para 2025 seguía sin cubrir la totalidad de la cláusula de salvaguarda, reabriendo el conflicto y planteando de nuevo la posibilidad de emprender la vía judicial para garantizar el cumplimiento del modelo.

Ahora, el cierre del ejercicio presupuestario certifica el desenlace del que los rectores habían alertado en numerosas ocasiones. Hasta este año, las universidades habían logrado absorber el incremento de los costes de personal recurriendo a remanentes y márgenes presupuestarios acumulados durante ejercicios anteriores. Pero esos recursos se han ido agotando hasta el punto de que los fondos autonómicos ya no permite cubrir el gasto estructural del sistema.

La situación recuerda a la vivida tras la crisis financiera de 2008, cuando las universidades andaluzas se vieron obligadas a aplicar severos planes de ajuste para contener el gasto. La diferencia, subrayan fuentes del sistema universitario, es que aquellos recortes respondían a un contexto de profunda recesión económica, mientras que el actual escenario coincide con unos presupuestos autonómicos en máximos históricos.