Más de 400 euros por llenar el depósito del tractor: el gasóleo agrícola dispara los costes del campo español
Francisco, agricultor de Ciudad Real, llegó este martes a repostar su tractor y comprobó en el surtidor cuánto ha cambiado la factura en apenas seis meses. El litro de gasóleo agrícola costó 1,588 euros. Navarro asegura que antes de la escalada de precios pagaba alrededor de un euro o, como mucho, 1,10 euros. “Es devastador”, lamenta mientras muestra el ticket del repostaje. Su caso resume el problema al que se enfrenta buena parte del campo español: trabajar cuesta cada vez más y el agricultor no puede trasladar automáticamente ese incremento al precio de lo que produce.
Félix y Vicente son dos jóvenes aragoneses que trabajan proporcionando servicios a los agricultores con su maquinaria agrícola. Esta subida pone en jaque sus trabajos: “Tendría que subir la hora de trabajo a los agricultores” reconoce Félix, que señala que a la subida del precio de las horas de taller, el de las ruedas y los recambios de la maquinaria ahora también tienen que asumir la subida en el gasóleo “y sin el combustible no podemos salir al campo, es fundamental”, añade Vicente.
El precio medio ponderado nacional del gasóleo agrícola alcanzó el 7 de septiembre los 1,405 euros por litro, según el último informe semanal del Ministerio de Agricultura. Son 14,3 céntimos más que un año antes y un 45,6% más que el 23 de febrero, cuando se situaba en 0,96 euros. Con la referencia media nacional, llenar un depósito de 300 litros cuesta ahora 421,50 euros, frente a los 289,50 euros de entonces. La diferencia es de 132 euros por depósito.
La subida no puede llegar en “peor momento”, aseguran los agricultores. Y es que justo en estas semanas comienza una de las campañas que más maquinaria exige. España cuenta con cerca de 5,75 millones de hectáreas de cereal de grano, de las que aproximadamente 4,93 millones son de secano, según los datos provisionales de la ESYRCE 2025. Si se toma como referencia un consumo de entre 50 y 70 litros de gasóleo por hectárea, el incremento del precio respecto a septiembre de 2025 supone entre 7,15 y 10 euros más por hectárea. Aplicado a una superficie equivalente a todo el cereal de secano español, la subida se traduce en una horquilla de gasto de entre 35 y 49 millones de euros adicionales en combustible, aunque se trata de una estimación y no de un cálculo oficial de los costes de la campaña. Unos costes que algunos agricultores prevén que puedan llegar a disparar hasta 70 u 80 euros más por cada hectárea trabajada.
Además, el calendario añade otra preocupación: el 30 de septiembre termina la ayuda extraordinaria al gasóleo agrícola. Si no se prorroga, el sector afrontará desde el 1 de octubre el final de una medida que permite compensar parte del incremento del combustible. En este sentido, COAG reclama que la ayuda se mantenga al menos hasta final de año y que se revise el límite máximo de 20 céntimos por litro.
Un 45,6% más de precio por el mismo combustible
El incremento registrado durante los últimos meses tiene su origen en la fuerte subida experimentada por los carburantes después del inicio del conflicto en Oriente Medio. El precio medio nacional del gasóleo agrícola pasó de los 0,96 euros por litro de finales de febrero, a los 1,405 euros registrados el 7 de septiembre. Además, los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación -MAPA- muestran diferencias entre los surtidores convencionales y los de las cooperativas agrarias, que ofrecen precios inferiores.
El resultado es que el coste del combustible se ha convertido en una partida cada vez más importante para unas explotaciones que necesitan maquinaria para prácticamente todas las fases del cultivo. Preparar la tierra, abonar, sembrar, aplicar tratamientos y recolectar implica consumo de gasóleo, aunque la cantidad varía considerablemente según el cultivo, el terreno y el sistema de laboreo.
COAG considera que la magnitud de la subida hace insuficientes las medidas actualmente vigentes, por eso, la organización agraria ha solicitado una reunión urgente con el Ministerio de Agricultura para reclamar una respuesta ante este “drástico” aumento de los costes.
Casi cinco millones de hectáreas de cereal afrontan ahora el encarecimiento
El problema adquiere especial relevancia por el peso del cereal en la agricultura española. Según los resultados provisionales de la Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos de 2025, España tenía 5,746 millones de hectáreas de cereales de grano, de las que 4,93 millones correspondían a superficies de secano.
La próxima campaña obliga a los agricultores a asumir buena parte de los gastos necesarios para poner la tierra en condiciones óptimas para la siembra. En el conjunto del país, si se aplicara el incremento de 14,3 céntimos por litro a un consumo de 50 litros por hectárea, el sobrecoste sería de 7,15 euros; con 70 litros, alcanzaría los 10 euros. Sobre 4,93 millones de hectáreas de cereal de secano, el resultado sería de aproximadamente 35,2 millones de euros en el primer escenario y 49 millones en el segundo.
Como dato, ASAJA calcula que actualmente son necesarias unas tres toneladas por hectárea en secano y cinco en regadío únicamente para cubrir costes. En el caso del maíz, sitúa los costes en torno a 2.600 euros por hectárea. Por lo tanto, una explotación media que consume unos 15.000 litros al año habría pasado de gastar unos 12.000 euros en 2021 a unos 24.000 euros con los precios actuales, según los cálculos de esta organización agraria.
Pero la preocupación se extiende además a otras actividades del sector primario en las que el gasóleo interviene directamente. Todos los cultivos, además del cereal, se ven perjudicados por el sobre coste del gasóleo, y se suma a la lista el transporte de las producciones, de modo que el aumento del carburante afecta de manera directa o indirecta a toda la cadena productiva.
El 30 de septiembre se acaba la ayuda. Y ahora ¿qué?
El siguiente punto de inflexión tiene una fecha concreta: el día 30 de septiembre de 2026. Ese día finaliza el periodo de aplicación de la ayuda extraordinaria al gasóleo agrícola aprobada por el Gobierno durante el verano, mediante el Real Decreto-ley 18/2026, para amortiguar el incremento de los carburantes.
Así, desde el 1 de julio, la ayuda se calcula sobre el diferencial de precio y puede alcanzar hasta el 70% de esa diferencia, aunque con un tope de 20 céntimos por litro. Según los cálculos de COAG, con el precio actual ese límite impide compensar todo el sobrecoste: la organización estima que el agricultor continúa soportando 42,7 céntimos adicionales por litro y que 22,7 céntimos quedan fuera de la ayuda máxima.
La situación fiscal tampoco es idéntica a la de los primeros meses del año. Y es que la evolución prevista para el gasóleo B -Gasóleo agrícola- se ha reducido y desde el 1 de julio volvió a aplicarse el IVA general del 21%, frente al tipo reducido del 10% que había estado vigente durante la primera mitad del año, tal y como señalan desde la organización profesional agraria COAG.
Desde este escenario, el sector mira ahora al 1 de octubre con incertidumbre. Si no se aprueba una nueva prórroga, desaparecerá la ayuda extraordinaria y aumentará el coste efectivo del combustible para agricultores y ganaderos. Los sindicatos calculan que el desembolso en el surtidor aumentaría otros 9,2 céntimos por litro con el final de las medidas actualmente vigentes.
La organización COAG no ha sido la única en reclamar al Gobierno que prorrogue las medidas al menos hasta el 31 de diciembre de 2026. UPA Castilla y León ya reclamó el 14 de agosto que el Gobierno prolongase hasta finales de año la ayuda actual de 20 céntimos por litro. La organización considera que la medida es insuficiente ante el elevado precio del combustible y calificó su extensión como una actuación “prioritaria”.
De Aragón a Madrid: un problema que se repite
El testimonio de Francisco, el de Félix o el de Vicente, no son casos aislados. El encarecimiento de los carburantes ya había provocado protestas y reclamaciones de las organizaciones agrarias en distintas comunidades durante los últimos meses.
En marzo, agricultores madrileños denunciaban que el aumento del coste del combustible podría suponer unos 4.000 euros adicionales durante el ejercicio y, por ello, reclamaron un sistema de gasóleo profesional que permitiera al sector trabajar con un precio más estable.
Las organizaciones agrarias de Castilla y León también denunciaron durante la primavera fuertes incrementos del gasóleo B. COAG Castilla y León llegó a situar en abril el precio en algunos puntos de la comunidad por encima de 1,50 euros por litro y reclamó medidas para evitar que la escalada de costes recayera directamente sobre las explotaciones.
En este sentido, la organización agraria ASAJA da un paso más: Reclama a las administraciones que vigilen la formación de los precios y cuestiona la rapidez con la que las subidas del crudo se trasladan al surtidor, poniendo el foco, además, en la fiscalidad de los carburantes al señalar que los costes de producción —carburantes, fertilizantes y semillas— están aumentando mientras los precios de venta permanecen prácticamente estancados.
En este escenario y con los precios actuales, las organizaciones agrarias consideran que la subida compromete “seriamente” la rentabilidad de la campaña de cereal, ya que “si el agricultor no puede asumir el coste de sembrar, el problema puede terminar afectando a la producción de cereal y al conjunto de la cadena agroalimentaria”, ha advertido el secretario general de COAG, Andrés Góngora.
Tanto por parte de los agricultores y prestadores de servicios al sector primario, como de las organizaciones agrarias profesionales, sus reclamaciones coinciden en un mismo punto: el combustible es un coste que el agricultor necesita asumir antes de obtener su producción y que no siempre puede recuperar después a través del precio de venta.
Por eso, mientras los tractores comienzan a preparar las tierras para la próxima campaña, el campo español afronta dos incógnitas simultáneas: cuánto seguirá costando el gasóleo y qué medidas estarán vigentes cuando llegue el 1 de octubre.