Un administrador concursal investigará si hay indicios de irregularidades en la gestión de la Fundación de Etopia
La titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Zaragoza ha acordado nombrar un administrador concursal para la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento, el principal ente gestor de Etopia, con el fin de revisar su gestión antes de dar por concluido el concurso de acreedores. Será el encargado de analizar si existen indicios de posibles irregularidades o responsabilidades que justifiquen continuar con el procedimiento.
La decisión llega después de que los trabajadores de la fundación, que representan más del 5% de la deuda de la entidad, solicitaran el nombramiento de un administrador concursal. La jueza ha designado para esa labor a Castillero Auditores SLP, que dispondrá de un mes desde la aceptación del cargo para elaborar un informe.
Ese informe deberá determinar si existen indicios de que durante la gestión de la fundación se realizaron actuaciones que perjudicaron a los acreedores, si procede reclamar responsabilidades a sus administradores o liquidadores o si el concurso reúne las condiciones para seguir una tramitación distinta. El auto no concluye que existan esas circunstancias, sino que encarga al administrador concursal comprobar si hay indicios suficientes para ello.
El Ayuntamiento de Zaragoza ha expresado que no es patrono de la Fundación desde marzo 2024 y que la salida se realizó “cumpliendo la ley, igual que se seguirá haciendo ante cualquier paso judicial que pueda llegar hasta el consistorio”.
La Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento fue el instrumento del Ayuntamiento de Zaragoza para gestionar Etopia y desarrollar proyectos de innovación financiados, en buena parte, con fondos europeos. En 2024 el Gobierno de la ciudad canceló la programación cultural de este espacio. Esta fundación ha terminado en concurso de acreedores tras dos años marcados por la devolución de proyectos europeos, la pérdida progresiva de personal, impagos a la plantilla y el desmantelamiento de parte de su actividad cultural y tecnológica. Los trabajadores que todavía continúan vinculados al proyecto sostienen que la situación actual no responde a una quiebra sobrevenida, sino a una estrategia de “abandono deliberado” para conducir a la entidad a la ruina.
El juzgado declaró inicialmente el concurso al considerar que la fundación no disponía de patrimonio suficiente para hacer frente a sus deudas. En ese primer auto también entendió que la entidad no tenía trabajadores en plantilla, aunque semanas después rectificó esa circunstancia al comprobar que sí los había. Ese cambio permitió a los empleados solicitar el nombramiento de un administrador concursal, posibilidad que prevé la Ley Concursal cuando representan al menos el 5% del pasivo.
La situación de la fundación ha estado rodeada de polémica desde su cierre. CCOO advirtió de que la renuncia a seis proyectos europeos podía obligar al Ayuntamiento de Zaragoza a devolver cerca de 700.000 euros de financiación comunitaria, mientras que los trabajadores denunciaron que el proceso de liquidación se llevó a cabo dejando proyectos sin ejecutar y con deudas pendientes.