El Gobierno de Azcón cree que el decreto de centros de datos está “diseñado para hundir” las inversiones en Aragón

La consejera aragonesa de Economía, Competitividad y Empleo, Eva Valle, ha cargado este jueves contra el proyecto de real decreto que impulsa el Ejecutivo central para regular los requisitos para la instalación de centros de datos. Es “especialmente dañino” y está “especialmente diseñado para hundir” el programa de inversiones del sector en la Comunidad, ha acusado Valle. Según el delegado del Gobierno en Aragón, sin embargo, la iniciativa busca que la proliferación de granjas de servidores no cause “un incremento en la factura de la luz de todos los aragoneses y aragonesas”.

La titular de Economía ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de intentar “ocultar su incapacidad para planificar, ejecutar y gestionar la red de transporte”, lo que ha creado “un problema colosal de acceso al sistema eléctrico”.

La propuesta normativa, a la que se podrán presentar alegaciones hasta el próximo 4 de septiembre, exigirá que los centros de datos respalden con nueva generación renovable, cada hora de funcionamiento, al menos un mínimo del 80% de su consumo energético.

Asimismo, recoge medidas en materia de resiliencia y soberanía digital, como la obligación de que la operación del centro y el control de los datos asociados a la operación correspondan a entidades sujetas al derecho de la UE, y también en materia de sostenibilidad ambiental y energética, como la obligación de consumir energía renovable de nueva implantación, además de cumplir criterios de eficiencia energética y de consumo de agua.

Alegaciones

La consejera aragonesa ha expresado su “sorpresa” por el escaso margen de maniobra para presentar alegaciones, después de que el Ejecutivo estatal haya estado cinco meses en los que “ni ha presentado un proyecto ni ha dialogado con los sectores afectados ni con las administraciones públicas en las que se han comprometido las inversiones”.

“Ahora solo tenemos ocho días para presentar alegaciones a un Real Decreto que cambia radicalmente las reglas del juego y que contradice las propuestas normativas anteriores”, ha protestado. En todo caso, el Departamento ya ha mantenido varias reuniones para comenzar a plantear dichas alegaciones antes del 4 de septiembre.

Según el primer análisis realizado, han constatado la “alarmante inseguridad jurídica” que va a provocar este real decreto al afectar a todos los proyectos en tramitación, que “tienen que cumplir unos requisitos legales extremos y muy alejados de los iniciales”.

Un país “sostenible y eficiente”

Para el máximo representante del Gobierno central en Aragón, Fernando Beltrán, el proyecto de real decreto busca que el país en su conjunto, incluido Aragón, “sea sostenible, eficiente y soberano en todo lo relacionado con los centros de datos”. “Para ello es fundamental conocer cuál va a ser el consumo energético y de recursos de cada uno de los centros y exigirle los máximos estándares europeos de eficiencia en el uso de nuestra agua y energía”, ha apuntado Beltrán, para quien la preocupación debería dirigirse a que las granjas de servidores “no se tramiten con los debidos controles y estándares sobre el uso de nuestros recursos”.

“Es una cuestión que preocupa a los aragoneses y a la que quiere dar respuesta el Gobierno de España. Entre otras cuestiones, por ejemplo, esta norma busca que el gran consumo de electricidad de los centros de datos no cause un incremento en la factura de la luz de todos los aragoneses y aragonesas”, ha indicado el delegado del Gobierno, quien ha indicado que una vez que el proyecto ha salido a audiencia pública “todas las partes interesadas pueden remitir sus aportaciones al proyecto”.

En su respuesta a Beltrán, sus palabras suponen “crear una alarma sobre la base de una falsedad” y ha responsabilizado al Gobierno de España de haber creado un problema “colosal” de acceso al sistema eléctrico para cualquier tipo de actividad e incluso a la vivienda.

“Esto no tiene nada que ver con los precios y sí con dañar el futuro de nuestra comunidad y con destruir una credibilidad que no solo afectará a los centros de datos sino a todas las inversiones que puedan querer llegar”, ha concluido.