El plan del Nudo Mudéjar se topó con múltiples reparos del Gobierno de Aragón y retrasó el informe de impacto ambiental
El reciente cambio de rumbo tras la 'jibarización' del proyecto energético de Enel-Endesa, adjudicataria del concurso del Nudo Mudéjar para reindustrializar la zona tras el cierre de la central térmica, clausurada en 2020, y que ha pasado de solicitar 1.844 MW a dejarlo en 406, ha obligado a los alcaldes de las localidades afectadas y a los gobiernos central y autonómico a mover ficha y buscar alternativas que garanticen inversión, empleo y futuro para las comarcas turolenses afectadas por el cierre de la central.
El desarrollo del proyecto ha acumulado retrasos y no fue hasta febrero de 2026 cuando el Ministerio emitió la declaración de impacto ambiental (DIA), que recortó de forma significativa el alcance inicial por condicionantes ambientales. Muchos de estos reparos venían precisamente del Gobierno de Aragón, que a través del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) puso pegas, por ejemplo, a cinco parques eólicos y a otro fotovoltaico.
Un mes después, Enel (Endesa) respondió con una drástica reducción del proyecto —al que se vinculaba una inversión de 1.600 millones de euros— para dejarlo en 350 millones de euros.
En la reunión de la vicepresidenta del Gobierno de Aragón en funciones, Mar Vaquero, con diez alcaldes de las comarcas afectadas, ya se avanzó la petición de una reunión con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para exigir el cumplimiento íntegro de los compromisos adquiridos con el territorio, especialmente en lo relativo al plan socioeconómico vinculado a la transición justa. Asimismo, se expresó el rechazo al tiempo irrecuperable perdido por la tardanza de la DIA ministerial.
Por su parte, Judith Carreras, directora del Instituto para la Transición Justa —organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico—, justificó la tardanza en la emisión de la DIA, en febrero de 2026, que recortó de forma significativa el alcance inicial por condicionantes ambientales. Entre dichos condicionantes, señaló que “muchos de ellos vienen también marcados por las comunidades autónomas, ya que las DIA son un ejercicio que realiza el Ministerio de Transición Ecológica, pero que cuenta con informes técnicos, como en este caso los del Inaga”, justificó Carreras tras su reunión con el alcalde de Andorra, Rafael Guía.
Larga serie de reparos
De hecho, el Inaga formuló una larga serie de reparos a lo largo del procedimiento de evaluación de impacto ambiental del Nudo Mudéjar. Estos afectaban a la ZEPA «Desfiladeros del Río Martín», a la fauna y la avifauna (tanto en informes de información pública como en consultas posteriores), así como a distintos proyectos: el Parque Eólico (PE) Empeltre, el PE Ítaca, el PE La Torica, el PE La Plana, el PE El Castillo y el PE Pitarra. También se refirieron a las plantas solares fotovoltaicas (PSFV), a los efectos acumulativos y sinérgicos y a las medidas de seguimiento.
El Gobierno de Aragón reclama que el Ministerio trabaje ya en alternativas que permitan atraer nuevas inversiones a la zona. En cuanto a posibles compensaciones o a un plan de acompañamiento desde el Ejecutivo autonómico para facilitar inversiones en el territorio, Vaquero se remitió al Ministerio, señalando que “la prioridad es garantizar alternativas reales a la inversión, el empleo y el desarrollo”, sin descartar pedir responsabilidades en el futuro.
El Ejecutivo autonómico ha reiterado además su apoyo “sin fisuras” a los municipios y su compromiso de acompañarlos en sus reivindicaciones. Sobre los plazos para un eventual plan alternativo, el Ejecutivo autonómico ha insistido en que “es el Ministerio quien tiene que establecer los plazos y plantear las alternativas”.