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El artículo 68 de la Constitución española vigente afirma en uno de sus apartados que ‘La elección [de los representantes en el Congreso] se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional’.
Esta ‘sencilla’ prescripción, común por otra parte en formulaciones similares en todos los estados con democracia representativa, ha dado lugar a diferentes métodos de plasmarla en la práctica, los distintos sistemas electorales, cada uno con sus virtudes y defectos (y limitados además por resultados generales de la teoría de decisión, como el Teorema de Arrow, según los cuales es imposible encontrar ningún sistema que cumpla una serie de condiciones ‘de sentido común’, ese que tanto se invoca en ambientes políticos). No es este el lugar ni el momento de un estudio profundo del conjunto del sistema electoral español, por lo que solo nos vamos a referir a algunos de sus efectos más obvios y en particular en el caso concreto de Aragón.
Si se diera una proporcionalidad absoluta entre los votos y el número de diputados, los porcentajes de votos y escaños tendrían que ser iguales. Y como eso es imposible, puesto que hay listas que no tienen diputados, debería haber un aumento de los porcentajes parecido en todas las que sí obtienen representantes. Pero la realidad nos muestra una situación bien diferente. Además el número de escaños atribuido a cada circunscripción (generalmente provincias) es otra causa de la desproporción entre el número de aquéllos y el de votos. Lo que hace más complejo el problema.
En el conjunto del Estado (siempre a partir de ahora los datos son de las últimas elecciones generales de 2015) el PP y el PSOE obtuvieron el 28.72% y el 22.01% del voto ciudadano, mientras que el porcentaje de diputados es del 35.14% y del 25.71%. A partir de esos dos, entre los partidos que se presentaron en todo el territorio, todos pierden, siendo sangrante el caso de UP-IU: con el 3.67% de los votos solo tiene el 0.57% de los diputados. Conclusión clara: cuanto más votado es un partido más le favorece el sistema electoral. Hasta ahora los que se han ‘aprovechado’ siempre han sido el PP y el PSOE a nivel global y los partidos nacionalistas en sus respectivos territorios.
Pero las cosas pueden cambiar. En Aragón si en vez de presentarse por separado Podemos y UP-IU lo hubieran hecho en una candidatura conjunta (y suponiendo que los votos totales hubieran sido la suma de los que consiguieron por separado) el resultado en escaños cambiaría completamente: PP, PSOE y Podemos+UP-IU habrían obtenido los mismos diputados en las tres provincias: 2 en Zaragoza y 1 en Huesca y Teruel (y habría además otro diputado de Ciudadanos en Zaragoza). Respecto a los resultados reales, dos de los diputados del PP habrían sido de Podemos+UP-IU.
¿Se resuelven así los problemas de proporcionalidad? Por supuesto que no, pero mientras se cambia la ley electoral (¡que ya va siendo hora, aunque el hecho de que tengan que derogarla los partidos mayoritarios que son los que se benefician de la misma haga pensar que no va a ser ni fácil ni rápido!) se puede hacer lo posible para que no perjudique (y si es posible que favorezca). No estoy pidiendo que se haga dejación de principios políticos para ventajistamente ganar representatividad, pero sí que se tengan en cuenta las realidades legales mientras continúen vigentes.
Y por terminar solo dos datos más. En el Senado el PP con un porcentaje de votos similar al obtenido en el Congreso obtuvo mayoría absoluta de senadores: el 59.61%. Y sobre las diferencias de los territorios, cada diputado del PP por Teruel necesitó 14.112 votos, mientras que el número de votos a UP-IU en Zaragoza fue de 34.773 y no obtuvo ningún diputado. ¡Es urgente el cambio del sistema electoral si queremos que se cumpla el mandato constitucional!
Nota.- Todos los datos son de la página web del Ministerio del Interior.
*Fernando Corbalán, miembro de GAO (Gentes de Apoyo y Opinión)
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