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ARAGÓN

El gasto en personal del Gobierno de Aragón se dispara en más de 850 millones de euros en 15 años

A pesar de que el traspaso competencial se frenó a finales de los 90 con la Sanidad y la Educación no universitaria, la factura en empleados públicos no ha parado de crecer desde 2005

La plantilla al servicio de la DGA  supera en la actualidad las  56.000 personas, con un elevado coste que se ‘come’ el 35,45% del presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2020. Mientras, las inversiones reales apenas alcanzan el 3,1% del gasto global

La Oferta de Empleo Público de 2019 del Gobierno de Aragón en 2020 sacará a oposición 2.806 plazas para trabajar en la Comunidad Autónoma, tanto en la Administración General, como en los ámbitos de Sanidad y Educación

En el Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, trabajan alrededor de 1.200 funcionarios.

En el Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, trabajan alrededor de 1.200 funcionarios. GOBIERNO DE ARAGÓN

La factura del gasto en personal contratado que trabaja en el Gobierno Aragón no ha parado de crecer en los últimos quince años. El dinero destinado a pagar nóminas del personal público se ha disparado en más de 850 millones de euros desde 2005 y está previsto que se coma el 35,45% del presupuesto de la Comunidad Autónoma para el 2020. En el lado contrario, las inversiones reales apenas superan los 205 millones de euros, lo que representa un raquítico 3,18% del presupuesto para el próximo ejercicio.

Estos datos, extraídos de la página web del Instituto Aragonés de Estadística, resultan especialmente llamativos en el caso del aumento de los gastos de personal experimentado desde 2005, máxime si se tiene en cuenta que fue a finales de la década de los 90 cuando se frenó casi en seco el traspaso competencial con la llegada de Sanidad y Educación no universitaria, que concentran más de la mitad del gasto presupuestario en personal e inversiones en infraestructuras. Respecto al capítulo VI de inversiones reales previstas para 2020, las cifras han supuesto un muy sensible retroceso en comparación a los 376 millones de euros que se invirtieron en 2005. Datos que pondrían en evidencia que la maquinaria de la Administración se ha ido agrandando durante los últimos años con el aumento de plantilla a través de recursos propios, no procedentes del Estado, sacrificando de esta manera la inversión directa en proyectos, como carreteras, centros escolares y sanitarios.

El Gobierno de Aragón sostiene que el peso notable que tiene el gasto en personal en el global del proyecto de presupuestos de 2020 (supone el 35,45% del gasto total) está “en relación directa con la relevancia que el Gobierno da a la prestación de servicios que redundan en una mayor calidad de vida de los aragoneses”, según la nota de prensa que hizo pública tras la reunión del Consejo de Gobierno que aprobó el proyecto de ley de presupuestos. Las cuentas correspondientes a 2020 se aprobarán definitivamente el próximo lunes 30 de diciembre.

Fuentes conocedoras del desarrollo de la Administración autonómica en los últimos años sostienen que este incremento de más de 850 millones de euros en gastos de personal “no se acaba de visualizar en una estructura potente porque existen muchas carencias, principalmente en Sanidad”. Otras fuentes sitúan el origen de este incremento imparable de la factura del personal en la deficitaria negociación que materializó el traspaso de competencias. Según esta tesis, transferencias con fuerte carga presupuestaria habrían sido traspasadas infradotadas económicamente fruto de las prisas políticas por aumentar el poder de gestión de la Comunidad Autónoma. No sería el caso único de Aragón, sino que esta situación anómala también afectaría a la mayoría de autonomías denominadas de vía lenta, las que accedieron a su autogobierno a través del artículo 143 de la Constitución.

La plantilla de personal contratado al servicio de la Diputación General de Aragón (DGA) ascendía a 56.045 personas en junio de este año, según datos oficiales del Instituto Aragonés de Estadística, con un coste en ese fecha de 2.112 millones de euros. No obstante, para 2020 la cifra de gasto presupuestada por el mismo concepto se acerca a 2.300 millones de euros. 

Traspaso en dos etapas

Un informe de hace cinco años de la CEOE, que analiza el traspaso de competencias del Estado a las Comunidades autónomas hasta 2015, recuerda que desde 1978 se han producido 1.994 acuerdos de traspaso de competencias desde la Administración Central a las Comunidades Autónomas. Estas transferencias han supuesto un traspaso de 821.693 personas. El grueso de las transferencias a las autonomías se concentró en dos momentos principales: mediados de los ochenta y de los noventa. Cataluña fue la comunidad autónoma pionera en recibir la gestión del Insalud, en 1981. Aragón gestionó la Sanidad a partir de 2001 tras un complejo y dilatado proceso negociador. La Educación no universitaria, la otra competencia de importancia, fue transferida a Aragón en 1998, mientras que la Educación universitaria llegó en 1996, el mismo año que se  traspasaron los Servicios Sociales. La última competencia en llegar a Aragón fue la Administración de Justicia a mediados de la década de los 2000.

Sin embargo, fueron Salud y Educación no universitaria las que multiplicaron el gasto presupuestario. Según datos del pasado mes de junio, la distribución del número de empleados públicos es el siguiente: 11.824 empleados en la Administración general; 1.273, en Justicia; 16.642 docentes; 25.461 trabajadores sanitarios, y 845 empleados en las Entidades de Derecho Público. Es decir, el personal sanitario constituye el 45,43% de la plantilla y los docentes, el 29,69%.

Oposiciones para 2.806 plazas nuevas

El Gobierno de Aragón aprobó la Oferta de Empleo Público de 2019 que sacará a oposición 2.806 plazas para trabajar en la Comunidad Autónoma, tanto en la Administración General, como en los ámbitos de Sanidad y Educación. Los procesos selectivos comenzarán en el primer trimestre de 2020 y se prolongarán hasta 2021. Según explicó el Gobierno de Aragón, con esta OEP pretende dar  continuidad a las políticas de empleo público que se pusieron en marcha en la pasada legislatura y que reconocen que la ordenación de los recursos humanos de la Administración y su correcta dotación es una pieza fundamental para asegurar las políticas sociales y el funcionamiento de los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos, a la vez que avanza en su objetivo de conformar una función pública profesional y competente.

De las 2.806 plazas que saldrán a concurso, 1.157 corresponden a la Administración General. La oferta se completa con 428 plazas de Educación, correspondientes a la tasa de reposición y 1.221 de Sanidad.

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