El Gobierno de Aragón y las diputaciones provinciales acuerdan un convenio con medidas para luchar contra la despoblación

El Gobierno de Aragón y las tres diputaciones provinciales de la comunidad han firmado un protocolo de actuación para impulsar medidas de lucha contra la despoblación. Poner freno a la despoblación, brindar nuevas oportunidades a los habitantes del medio rural y conseguir que todos los ciudadanos accedan a un catálogo básico de servicios en igualdad de condiciones independientemente del lugar donde residan. Este es el objetivo trazado por el Gobierno de Aragón y las diputaciones provinciales de Zaragoza, Huesca y Teruel para los próximos años, para lo cual las cuatro instituciones públicas han decidido unir sus fuerzas.

En el día de hoy, el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial y los presidentes de las diputaciones provinciales de Zaragoza, Huesca y Teruel han firmado un protocolo de actuación en el que se comprometen a la creación de una comisión de trabajo permanente que se encargará de la elaboración de un convenio de colaboración que se empezará a aplicar durante el primer trimestre de 2025.Un convenio que en el que se fijarán las diferentes líneas de actuación para mejorar los servicios básicos en los municipios aragoneses, especialmente en aquellos que sufren las consecuencias de la despoblación.

A falta de definir el contenido del citado convenio y la redacción del mismo, resultado de las reuniones periódicas que se iniciarán a partir de ahora entre los representantes del Gobierno de Aragón y las tres instituciones provinciales, el acuerdo se centrará en la aportación de recursos económicos dirigidos a la ampliación de los servicios financieros, digitales, comerciales y de carácter esencial en los pueblos y la mejora de la seguridad allá donde se requiera mediante la subvención de instalación de cámaras de videovigilancia.

La función de la comisión de trabajo será la de sustanciar todos estos aspectos y otros tantos que se puedan acordar en un convenio lo más amplio posible que establezca las cuantías globales de los diferentes programas de actuación, la distribución de las mismas para garantizar su financiación, los plazos y periodos de vigencia del acuerdo y la asignación de funciones y responsabilidades para garantizar el mayor grado de cumplimiento posible.