La alcaldesa de Zaragoza relativiza los problemas con las campañas en medios: “Nos hemos ocupado de otras cosas”
La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha restado importancia al hecho de que los datos sobre gastos de la publicidad institucional no estén accesibles en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Zaragoza, evitando explicar cuánto destina el equipo del PP a este capítulo. Tras limitarse a señalar que se siguen los mismos criterios de transparencia desde que se puso en marcha el tablón de anuncios en 2019, ha reconocido con indiferencia que “no hemos cambiado nada”. De hecho, — ha explicado—, no se modifica porque entonces se definió que esa era la fórmula correcta y “nos hemos ocupado de otras cosas, pero no de cambiar los criterios porque nos parecía que eran suficientes”.
Sin embargo, el modelo actual solo refleja parcialmente el gasto en medios de comunicación. El Portal de Transparencia se limita al denominado Tablón Municipal, mientras que una parte significativa de los pagos debe rastrearse en el registro de facturas, donde aparecen campañas que no figuran en la información pública habitual.
Aunque Chueca ha comparado el portal actual con el diseñado en 2019 cuando gobernaba Zec, lo cierto es que el presupuesto destinado a “Información municipal” alcanzó el año pasado cerca de 1,1 millones de euros, un 160% más que en 2019. No obstante, el gasto real en publicidad institucional triplica lo que se publica oficialmente, sin que exista un desglose completo ni criterios claros de distribución en función de la audiencia, como establece la normativa.
Parte de esta opacidad se explica porque numerosas campañas no se gestionan desde la Dirección de Comunicación, sino desde otros departamentos municipales, lo que fragmenta la información y dificulta su seguimiento.
Las facturas revelan pagos a medios locales y nacionales que no aparecen en el portal. Algunos casos muestran diferencias significativas entre lo declarado y lo realmente abonado, así como inversiones en campañas con escaso impacto medible. En conjunto, la situación evidencia un sistema de transparencia incompleto que impide conocer con precisión el destino de los fondos públicos destinados a publicidad institucional y limita el control sobre su distribución.