La Cámara de Cuentas destapa que Zaragoza no tendrá la zona de bajas emisiones operativa al menos hasta 2030
La Cámara de Cuentas de Aragón ha aprobado un informe de fiscalización sobre el establecimiento de las zonas de bajas emisiones (ZBE) en los municipios aragoneses donde las mayores carencias recalan en la gestión del Gobierno del PP en Zaragoza. El documento constata que la capital aragonesa incumplió el plazo legal para poner en marcha su ZBE, fijado para antes de 2023, y que a 31 de marzo de 2025 la zona seguía sin estar operativa, con solo el proyecto y la normativa reguladora aprobados.
De las cinco principales capitales españolas, solo Valencia está a un nivel similar al de Zaragoza en este aspecto. De hecho, en la capital del Turia no ha aprobado ni el proyecto de ZBE. Tanto en Madrid como en Barcelona y Sevilla estas zonas ya están operativas. Hay
Más allá del incumplimiento del plazo legal, el propio calendario incluido en la Ordenanza aprobada por el Gobierno de Zaragoza revela un aplazamiento de siete años sobre lo exigido por la ley. Según recoge la Cámara de Cuentas en su respuesta a las alegaciones municipales, la primera fase de la ZBE, correspondiente al Casco Histórico, no se iniciará hasta enero de 2026 y no concluirá hasta enero de 2030; la segunda fase, la del Centro, arrancará en enero de 2030 y no estará completa hasta julio de ese año, fecha en la que —según el propio calendario municipal— la ZBE entraría en funcionamiento en su totalidad, eso si antes el pacto PP y Vox no condiciona más el plazo.
Carencias
La Cámara de Cuentas detalla una larga lista de carencias en el diseño de la ZBE zaragozana respecto a los contenidos mínimos exigidos por el Real Decreto 1052/2022. Entre ellas, no adaptó a tiempo el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) al nuevo marco normativo; no analizó la coherencia de la ZBE con otros instrumentos propios, como la Estrategia de Cambio Climático, Calidad del Aire y Salud (ECAZ 3.0), la Agenda Urbana Local 2030 o el Plan de Adaptación al Cambio Climático 2022-2030.
Tampoco incorporó objetivos de calidad acústica ni delimitó 'zonas tranquilas', pese a ser un requisito legal, ni fijó calendario ni cuantificó los objetivos de cambio modal hacia transportes sostenibles ni de eficiencia energética.
El Consistorio no definió un procedimiento de seguimiento y revisión del cumplimiento de los objetivos y no consta que evaluara si las restricciones de acceso y circulación son proporcionales a los objetivos perseguidos.
El informe también advierte de que las excepciones a las restricciones de circulación son “elevadas, en particular en el municipio de Zaragoza”, lo que podría condicionar el cumplimiento de los objetivos de mejora de la calidad del aire.
Los fiscalizadores consideran que el análisis del impacto económico de la medida realizado por el Consistorio es insuficiente, al basarse en un estudio de viabilidad genérico que no se ciñe exclusivamente a la ZBE y que solo cuantifica el control de accesos en las zonas de aparcamiento regulado, sin valorar las consecuencias para los colectivos vulnerables.
El informe destaca además que, pese a que la redacción del proyecto técnico se externalizó, no consta que el Ayuntamiento constituyera formalmente un grupo de trabajo para su elaboración ni para la de la ordenanza reguladora.
El 95% del parque de vehículos zaragozano es “contaminante”
El informe detalla que, de los 266.040 vehículos censados en Zaragoza, el 95% corresponde a las categorías más contaminantes según el distintivo ambiental de la DGT (sin etiqueta, o con etiquetas B o C), frente a solo un 5% con distintivo ECO o cero emisiones. Pese a ello, el catálogo de excepciones de la ZBE zaragozana es amplio: residentes, propietarios de garaje, locales comerciales, vehículos con matrícula extranjera, personas enfermas, hoteles, autoescuelas, vehículos históricos y hasta ocho autorizaciones mensuales para vehículos sin distintivo, a lo que se suma que estos últimos pueden circular libremente entre las 20:00 y las 7:00 horas entre semana y durante todo el fin de semana.
La Cámara de Cuentas concluye textualmente que estas exenciones “no responden al tenor literal del artículo 5 del Real Decreto al ser muy numerosas”, por lo que “la reducción efectiva de vehículos contaminantes en la ciudad resulta limitada”. El informe recuerda además que, según la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 970/2022, no caben exenciones permanentes a vehículos contaminantes por razones de interés público o privado, y señala que Zaragoza no ha aportado justificación documental de sus excepciones de carácter permanente.
Otro de los datos que llama la atención del informe es el relativo al contrato de mantenimiento de la señalización horizontal y vertical de todo el término municipal de Zaragoza, adjudicado por 8.016.068,50 euros. De ese importe, solo se atribuyen 11.777,80 euros al coste de señalizar específicamente la ZBE, una cifra que —según recoge el propio informe— procede de un informe interno del jefe de unidad municipal, sin que conste un desglose independiente verificable.
El documento cierra con una serie de recomendaciones dirigidas específicamente al Consistorio zaragozano: adoptar políticas públicas integrales de reducción de contaminantes que no se limiten al tráfico rodado, dado que la propia ciudad ha identificado también la actividad industrial y el uso de la calefacción como focos de emisión; mejorar la coherencia entre sus distintos instrumentos de planificación; y establecer indicadores específicos para evaluar la eficiencia energética.
Huesca y Teruel
El informe analiza los tres municipios aragoneses con más de 20.000 habitantes: Zaragoza, Huesca y Teruel. Zaragoza (686.986 habitantes) y Huesca (54.704 habitantes) superan el umbral de 50.000 habitantes que obliga a implantar una ZBE conforme a la Ley 7/2021, y ambos incumplieron igualmente el plazo fijado antes de 2023. A 31 de marzo de 2025, Huesca ni siquiera contaba con un proyecto de ZBE ni con la ordenanza aprobada por el órgano competente, aunque el 5 de agosto de 2025 aprobó inicialmente en Pleno tanto el proyecto como la normativa reguladora.
Teruel (36.713 habitantes), en cambio, no está obligado a establecer una ZBE al no haber superado hasta la fecha los valores límite de contaminantes que fija el Real Decreto 102/2011, por lo que su situación se valora como no aplicable a efectos de este cumplimiento. Pese a ello, el Ayuntamiento turolense aprobó el 8 de septiembre de 2025 una Ordenanza de Prioridad Peatonal en el Centro Histórico y prevé redactar en el futuro un proyecto de ZBE, una vez se ejecute la obra del sistema inteligente de control de tráfico y accesos al centro histórico.
El Ayuntamiento de Zaragoza presentó un total de 16 alegaciones al informe provisional dentro del plazo establecido, frente a la única alegación remitida por el Ayuntamiento de Huesca.
De las 16 alegaciones presentadas por el Consistorio zaragozano, la Cámara de Cuentas solo estimó de forma plena una cuestión técnica menor y aceptó parcialmente otra, mientras que el grueso de las incidencias señaladas en el informe —incumplimiento de plazos, ausencia de la ZBE en funcionamiento, falta de adaptación del PMUS y carencias en el seguimiento de objetivos— se mantuvo intacto tras el trámite de audiencia.
El pulso PP- Vox para las cuentas de 2027
Las críticas de la Cámara de Cuentas coinciden además con el enfrentamiento entre PP y Vox por la aplicación de la ZBE. Ambas formaciones pactaron en febrero, para desbloquear el presupuesto municipal de 2026, vincular las sanciones a los episodios de contaminación, un acuerdo con el que el Gobierno de Natalia Chueca pretendía mantener además los 22 millones de euros de ayudas al transporte público que consideraba en riesgo.
Más de seis meses después, la modificación sigue sin cerrarse. El Gobierno municipal sostiene que los informes técnicos permiten limitar las sanciones a unos 20 días al año sin incumplir las condiciones estatales, mientras Vox reclama reducirlas todavía más y acusa al PP de no haber cumplido lo pactado.
El desencuentro ha llegado ya a la negociación de las cuentas de 2027. Vox ha advertido de que no apoyará un nuevo presupuesto si antes no se cumplen los compromisos de 2026, entre ellos la reforma de la ZBE, mientras Chueca defiende una solución que reduzca al mínimo las restricciones sin poner en riesgo las ayudas al transporte público.
Dado que el calendario municipal ya preveía completar la implantación en dos fases hasta julio de 2030 —siete años tarde respecto al plazo legal—, cada mes adicional de bloqueo entre PP y Vox para cerrar la ordenanza reguladora aleja aún más esa fecha: sin un acuerdo sobre el régimen sancionador, la propia Cámara de Cuentas ya advirtió de que el proyecto corre el riesgo de quedar “vacío de contenido”, por lo que la falta de entendimiento entre los socios de gobierno podría no solo mantener la ZBE fuera de la ley, sino impedir que llegue a estar plenamente operativa ni siquiera en la fecha ya retrasada de 2030.