Aragón respira con dificultad: el PP propicia el fracaso de las zonas de bajas emisiones para contentar a Vox

Caminar hoy por el centro de Zaragoza o Huesca debería ser, según la ley, una experiencia distinta a la de hace tres años. Sin embargo, el aire que respiran los ciudadanos aragoneses sigue siendo el mismo mientras el reloj político parece haberse detenido. La Cámara de Cuentas de Aragón ha emitido un informe que es, a la vez, una voz de alarma para la salud pública y un duro “tirón de orejas” a la gestión de los ayuntamientos del PP.

Uno de los puntos más sensibles del informe es la falta de atención a quienes más sufren la contaminación. El riesgo para los niños y ancianos (identificados en el informe como sectores más vulnerables) es uno de los puntos más sensibles de la fiscalización, ya que la contaminación del aire es uno de los mayores peligros ambientales para la salud, provocando enfermedades graves y muertes prematuras.

Tampoco se ha pensado suficientemente en el silencio. Los auditores critican que no se hayan creado las llamadas “zonas tranquilas”, con objetivos acústicos más estrictos, cuando el descanso y la reducción del ruido ambiental son fundamentales para el bienestar y calidad de vida.

La exposición prolongada a la contaminación atmosférica, acústica y del tráfico urbano —avalada por estudios de instituciones de referencia como el ISGlobal, la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA) y el Observatorio de Salud y Medio Ambiente de DKV/ECODES— provoca graves afecciones sistémicas que trascienden lo respiratorio. En el ámbito fisiológico, se asocia directamente con enfermedades cardiovasculares, hipertensión y una mayor incidencia de ictus, además de asma infantil y reducción del desarrollo cognitivo en menores; mientras que la vertiente acústica actúa como un estresor crónico que deriva en alteraciones del sueño, ansiedad y diabetes. Estos informes subrayan que el impacto es especialmente crítico en colectivos vulnerables (niños, ancianos y embarazadas), vinculando niveles de partículas finas y decibelios por encima de los umbrales de que marca la OMS, con un incremento probado de la mortalidad prematura y los ingresos hospitalarios en entornos urbanos con una gestión deficiente de la movilidad.

Una ley ignorada y un aire que “engaña”

El primer gran fallo es político y legal: los ayuntamientos de Zaragoza y Huesca incumplieron la obligación legal de tener sus zonas de bajas emisiones (ZBE) listas antes de que terminara 2023. Aunque los argumentos políticos se escudan en que el aire “cumple los límites legales”, el informe advierte de una realidad invisible, pues si se aplicasen los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ambas ciudades suspenderían en salud. Contaminantes como el dióxido de nitrógeno y las partículas en suspensión superan los niveles que la medicina considera seguros para los ciudadanos.

Teruel se queda fuera del análisis debido a su población, ya que no llega al umbral crítico de los 50.000 que obliga a Zaragoza y Huesca por ley estatal. Además, al no tener una industria pesada masiva ni el volumen de tráfico de las otras dos capitales, sus indicadores de calidad del aire suelen estar dentro de los márgenes legales, lo que la exime de la segunda vía de obligatoriedad.

El riesgo de perder millones de euros

En la capital aragonesa, la crítica política se torna técnica y social. La Cámara de Cuentas advierte que la ZBE de Zaragoza se ha diseñado con tantas excepciones que corre el riesgo de ser un proyecto “vacío de contenido”. Con un parque móvil donde el 95% de los vehículos son potencialmente contaminantes, permitir el acceso libre por las noches, los fines de semana o conceder ocho permisos mensuales a coches sin etiqueta convierte la restricción en un espejismo.

Zaragoza se juega la bonificación del transporte público en un pulso político, ya que  mientras Vox celebra haber acabado con las multas de la ZBE, el Ayuntamiento camina sobre la cuerda floja para evitar que el Ministerio le retire los 22 millones de euros que sostienen los descuentos del bus y el tranvía.

Huesca recibió ayudas de los Fondos Next Generation (cerca de 2 millones de euros) destinados a la movilidad sostenible y la digitalización del transporte. Si no demuestra que la ZBE es funcional y cumple con los objetivos de reducción de emisiones, Bruselas podría exigir la devolución íntegra del dinero más intereses si no se cumplen los estrictos hitos de ejecución fijados para finales de 2025. La inacción política inicial ha obligado a una carrera contra el reloj que pone en peligro el dinero de todos los contribuyentes.

La imposición de Vox y las críticas de la oposición

Las ZBE no son solo una cuestión de etiquetas en el parabrisas; son el derecho a una ciudad silenciosa y a un aire que no enferme, pero la ideología se lleva por delante la obligación legal de estas zonas que actúan bajo principios de sostenibilidad urbana y de salud pública.

El desbloqueo de los presupuestos municipales de Zaragoza para este año, logrado en el último momento, tuvo como eje central la ZBE. Vox condicionó su apoyo al presupuesto del PP imponiendo su oposición frontal a la política climática de la Unión Europa y supeditó su aplicación a los niveles reales de contaminación.

Esta decisión deja, en la práctica, sin efecto la ZBE tal y como estaba prevista en la Ordenanza de Movilidad. Los datos de la Red Municipal de Vigilancia de Zaragoza indican que no se superan los límites de los principales contaminantes recogidos en el Real Decreto 102/2011. El argumento ha sido utilizado por Vox para cuestionar la necesidad de aplicar restricciones permanentes al tráfico. Sin embargo, estos datos se apoyan en unos umbrales legales cuya exigencia ha sido ampliamente cuestionada y que, además, serán previsiblemente endurecidos en los próximos años. Pese a ello, Vox ha convertido esta lectura interesada de los datos en la base de su posición política, mientras que el Partido Popular ha terminado asumiendo ese marco para garantizar su estabilidad presupuestaria, aceptando en la práctica vaciar de contenido una medida concebida para anticiparse a los estándares ambientales europeos y proteger la salud pública.

Ante esta situación, el concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Chema Giral, ha alertado de que la modificación de la Zona de Bajas Emisiones en Zaragoza al “tragarse” la alcaldesa, Natalia Chueca, uno de los “postulados negacionistas” del cambio climático de VOX para aprobar el presupuesto de 2026 --a pesar de que era una de las líneas rojas del PP--, pone en riesgo los 22 millones de euros de ayudas estatales en transporte público y, por tanto, “va a repercutir en el bolsillo” de los zaragozanos, ha alertado.

Giral, que ha interpeló a la consejera municipal de Movilidad y Medioambiente, Tatiana Gaudes, en la Comisión de Medio Ambiente y Movilidad, “no ha conseguido conocer” del Gobierno de la ciudad si tiene previsto proceder a la modificación de la Ordenanza reguladora de ZBE, ha lamentado.

El edil socialista ha recordado que en Valladolid, donde gobierna PP y VOX, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha tumbado esta ordenanza. A ello, se suma el reciente informe de fiscalización sobre la ZBE elaborado por la Cámara de Cuentas de Aragón que contempla que la actual ordenanza “limita” la posibilidad de mejorar la calidad del aire en la ciudad.

El concejal socialista ha mostrado su preocupación por que esos 22 millones de euros para transporte público --de 2025 y 2026-- vienen vinculados a que exista una ZBE en Zaragoza. “Según lo que se le ocurra al Gobierno de Chueca, se pueden perder esas ayudas”, ha alertado, al tiempo que le afeado a Chueca y a la consejera Gaudes que “dijeran antes de la aprobación de presupuestos que la línea roja para esa negociación con Vox era que no se pusiera en riesgo ese dinero”, ha comentado.

“¿Van ustedes a modificar la actual ordenanza? Si la van a modificar, ¿de qué manera y cuándo van a proceder a ella? Más allá de contribuir a mejorar la salud de los ciudadanos y el nivel de calidad del aire, me imagino que lo irán a hacer sin poner en riesgo las ayudas estatales de 22 millones de euros para esta ciudad”, le ha espetado Giral a la consejera Gaudes “sin obtener respuesta” en la Comisión.

Para Giral, resulta “sorprendente” que la ZBE haya sido una de las condiciones de Vox para aprobar el presupuesto, cuando en la aprobación de 2024 no votó en contra de esa ordenación. “Entonces, no les pareció tan mal porque afecta a una zona muy pequeñita, minimalista”, ha recordado y, además, “pueden entrar prácticamente todos los coches, incluso los que tienen más de 25 años pueden estar hasta 15 minutos dentro de esa zona”.

En cuanto a los elementos sancionados, el concejal socialista ha explicado que no habrá cámaras de seguridad hasta que no se produzca la adjudicación a la empresa que se encarga del reglamento estacionado.