Cinco días para cursar una concesión por 30 años: la tramitación récord del PP en Zaragoza a la FP privada para Distrito 7
Distrito 7, la 'ciudad del cine' que impulsa en Zaragoza la alcaldesa Natalia Chueca de la mano de su 'concejal en la sombra', José María Ruiz de Temiño, se ha convertido en uno de los proyectos más controvertidos de la regidora popular. A la sucesión de adjudicaciones directas se suma una tramitación récord en el caso del apartado formativo, que el equipo de gobierno concedió a una entidad privada de corte conservador en apenas cinco días, pese a las dificultades que entrañan las diligencias para una concesión demanial a 30 años. La operación no le ha podido salir más rentable al grupo San Valero –que opera entre otros la Universidad San Jorge–: ha logrado a su vez que el Ejecutivo autonómico concierte unos estudios audiovisuales que en algunos casos llevaban años cerrados por falta de alumnos.
El proceso arrancó el jueves 20 de noviembre de 2025, día en el que la Fundación San Valero registró en el Ayuntamiento, lo que acompañó con la memoria del grupo. Cuatro días después, el consejero de Presidencia, Ángel Lorén, firmó el punto de partida para tramitar la adjudicación directa, y ese mismo día la Dirección General de Proyectos Estratégicos ya emitió su informe constructivo sobre la zona de Formación. Apenas 48 después, el 26 de noviembre, el expediente ya contaba con un pliego de condiciones administrativo-técnicas que fijaba el canon de la concesión en 3.773.101,38 euros. Y no fue hasta un día más tarde cuando llegó el informe económico que debía sustentar esa cifra, y que arrojó exactamente el mismo resultado: 3.773.101,38 euros. De esta forma, en cinco días hábiles, el Ayuntamiento había recorrido el camino completo entre una solicitud externa y un pliego con canon calculado para ceder durante tres décadas un edificio rehabilitado con fondos europeos del Plan de Recuperación.
La secuencia documental revela, de esta forma, que el orden lógico de la tramitación se invirtió: el pliego incorporó la cifra del canon antes de que existiera el informe técnico-económico llamado a justificarla. Ese dato, unido a la velocidad de los trámites, es uno de los elementos que ha llevado ahora al grupo municipal del PSOE a presentar un recurso de reposición contra la adjudicación.
Intervención cuestiona la naturaleza del canon
El expediente quedó paralizado dos meses, hasta que la Intervención General lo devolvió sin informe a finales de enero. El reparo del órgano fiscalizador advertía de que el canon previsto tiene naturaleza jurídica de tasa y no de ingreso de derecho privado. La respuesta del Ayuntamiento fue inmediata: ese mismo 20 de enero se tramitó una diligencia de sustitución del pliego, aunque no consta una resolución expresa que despeje la objeción planteada por Intervención sobre la naturaleza de la contraprestación.
Las prisas que se tomó el Ayuntamiento para el pliego originaron de hecho un error, del que se advirtió también en enero: se invertía el sentido de uno de los incumplimientos calificados como muy graves, al referirse a “actividades vinculadas” al objeto de la concesión cuando debía decir “actividades NO vinculadas”. Ese mismo día entró en el expediente documentación complementaria de las fundaciones del Grupo San Valero, con una previsión de inversión de 608.290 euros y con las cuentas consolidadas del grupo.
Tras las correcciones de enero, la tramitación quedó en suspenso durante cuatro meses, coincidiendo con la campaña electoral y el tiempo de negociación entre el PP y Vox para formar gobierno. Entre tanto, el pasado 8 de abril se publicó la orden que modificaba la convocatoria autonómica de conciertos educativos para el curso 2026-27. Mes y medio más tarde, el 21 de mayo, llegó la resolución del director general de Planificación, Centros y Formación Profesional del Gobierno de Aragón, que aprobó provisionalmente el acceso al régimen de conciertos para el CPA Salduie, una de las tres fundaciones del Grupo San Valero. Ese mismo día se reactivó la tramitación del expediente, paralizada desde enero. Y el 27 de mayo el Gobierno de Zaragoza aprobó en sesión extraordinaria el pliego definitivo y adjudicó directamente la concesión a las tres fundaciones del grupo: Fundación San Valero, Fundación CPA Salduie y Fundación Universidad San Jorge.
El acuerdo fija la duración de la concesión en 30 años y establece el mencionado canon mínimo de 3,8 millones de euros. Con un desahogo añadido: el pago está diferido, ya que hay un periodo de carencia de tres años. Así, el abono anual –fijado en 122.420,27 euros– no se tendrá que hacer efectivo hasta el cuarto ejercicio de vigencia de la concesión.
Con esa adjudicación, el Ayuntamiento reconoció “la trayectoria y singularidad del grupo San Valero como única entidad aragonesa capaz de ofrecer de manera integrada toda la formación de la familia audiovisual de Imagen y Sonido, que abarca FP de Grado Medio y Superior, formación universitaria, formación para el empleo e investigación aplicada al sector audiovisual”. Esa singularidad, sin embargo, se formalizó en paralelo a la tramitación del expediente: la resolución autonómica que la acredita llegó el mismo día en que se reactivó el procedimiento municipal, paralizado cuatro meses antes.
Siete grados de FP concertados
El acuerdo aprobado contempla siete grados de Formación Profesional en todas las ramas del audiovisual a partir de septiembre, con alrededor de 400 alumnos que podrían pagar entre 60 y 70 euros al mes. El Centro de Producción Audiovisual que el Grupo San Valero ya gestiona en la calle de Sainz de Varanda trasladará esa formación a Distrito 7, mientras las instalaciones actuales seguirán impartiendo formación de sanidad y deportes. Se da la circunstancia de que algunos de los cursos que ahora se conciertan llevaban tiempo cerrados por falta de alumnos.
La parte formativa no es la primera adjudicación directa del proyecto Distrito 7. De hecho, la propia gestión de la antigua fábrica de ascensores Giesa, donde se ubicarán los platós de rodaje de la futura 'ciudad del cine', también se ha resuelto por esta vía después de que el concurso público quedara desierto: la única oferta presentada, de Equipment & Film Design España (EFD Studios), llegó cinco minutos tarde. Sin embargo, el Gobierno municipal no dejó pasar ni un día para anunciar que recurriría a la adjudicación directa, lo que provocó las primeras críticas de la oposición por la “chapuza” y el “fiasco” de la tramitación.
El PSOE presentó entonces un primer recurso de reposición, registrado el 6 de mayo, en el que calificaba la adjudicación directa de Giesa como “contraria a la ley de contratos” y “nula de pleno derecho”, y reclamaba a la alcaldesa Natalia Chueca que paralizase el proceso. El recurso sostenía que, tras un concurso desierto, la vía adecuada habría sido un procedimiento negociado sin publicidad con varias empresas, no una adjudicación directa, y advertía de que la circunstancia de que solo hubiera una oferta, además presentada fuera de plazo, no podía equipararse a que solo un empresario pudiera prestar el servicio. El Ayuntamiento ha rechazado este recurso.
El PSOE: “Es un contrato administrativo”
El segundo recurso de reposición de los socialistas, registrado el 12 de junio, incide en que la naturaleza de la relación entre el Ayuntamiento y el Grupo San Valero no se correspondería con una concesión demanial, sino con un contrato administrativo de servicios, con lo que no debería tramitarse con la legislación patrimonial. El PSOE recuerda que el Ayuntamiento no busca un simple ingreso por la ocupación de un espacio, sino que ese espacio se destine en exclusiva a formación e investigación, hasta el punto de que dedicarlo a “cualquier otra actividad” se califica en el pliego como infracción muy grave. El escrito añade que la solicitud inicial de la Fundación San Valero, presentada el 20 de noviembre de 2025, no incluía ninguna referencia legal que justificara optar por la adjudicación directa, y que fue la providencia de la Consejería de Presidencia la que introdujo el fundamento jurídico que sostendría toda la tramitación posterior.
Al anunciar el recurso, la portavoz socialista, Lola Ranera, criticó el nuevo “dedazo” del Gobierno de Natalia Chueca para tapar “el fracaso y el fiasco” del proyecto, y reclamó a la alcaldesa que rectifique porque, a su juicio, “se está vulnerando la legalidad”. Por su parte, el concejal socialista Horacio Royo enmarcó el recurso de reposición en una posible utilización inadecuada de figuras administrativas pensadas para esquivar la Ley de Contratos del Sector Público, algo que calificó como “el modus operandi de este Ayuntamiento”. Royo denunció que no hay “un solo proyecto estrella” de Chueca que no se haya articulado en torno a concesiones demaniales o derechos de superficie, y citó como ejemplos las piscinas de Valdespartera, la Almozara, la Romareda o el Parque de Atracciones, además de Giesa.
En su respuesta, el Gobierno municipal lamentó lo que calificaron de desconocimiento de los socialistas sobre el régimen jurídico aplicado a las adjudicaciones de Distrito 7. El consejero de Presidencia, Ángel Lorén, ironizó con la posición de la oposición: “Entendemos la confusión del PSOE a la vista de los problemas judiciales en los que está inmerso el partido y los dirigentes del mismo”.