Educación defiende al jefe de la Inspección de Huesca pese a las críticas por los casi 50 expedientes a docentes
La consejera de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, ha defendido este viernes en el pleno de las Cortes de Aragón la actuación de la Jefatura de la Inspección Educativa de Huesca, en respuesta a las críticas del PSOE por el elevado número de expedientes disciplinarios abiertos a docentes en la provincia. Susín ha manifestado su “respeto absoluto a la libertad de expresión de algunos docentes” y ha preguntado a la portavoz de Educación del PSOE, María Rodrigo, “qué ha hecho mal” el jefe de la Inspección, antes de zanjar: “Lo que no voy a hacer es sustituir el hecho por el ruido”.
La diputada socialista ha trasladado a la consejera “el profundo malestar” entre docentes y sindicatos por la actuación de la jefatura en Huesca, que a su juicio “no es un simple desencuentro administrativo”, sino “una situación que está afectando al clima de trabajo en los centros, la confianza del profesorado en la Administración educativa y las garantías de los procedimientos disciplinarios”.
Rodrigo ha cifrado en más de 48 los expedientes disciplinarios incoados por la Inspección oscense –20 de ellos en 2026–, frente a los 21 de Zaragoza y los 11 de Teruel este año, y ha calificado de “grave” la situación en el IES Ramón y Cajal de Huesca, donde se han acumulado siete de los expedientes.
“Cuando existe semejante concentración de expedientes y los sindicatos denuncian, día sí día también, usted tiene la obligación política de intervenir”, le ha espetado Rodrigo a la consejera, a quien ha exigido ordenar de forma “inmediata” una revisión “objetiva, rigurosa e independiente” de la actuación de la Inspección, en particular respecto al Ramón y Cajal. La parlamentaria socialista ha reclamado además el cumplimiento de la proposición no de ley aprobada en 2025 por el Parlamento sobre un expediente informativo a un funcionario para “averiguar qué ha pasado”, y ha pedido que se escuche a los equipos directivos, al profesorado y a los representantes de los trabajadores. El PSOE, ha subrayado Rodrigo, “no prejuzga el resultado de ningún expediente”.
“Garantías”
Susín ha respondido que las medidas que adopta el Gobierno respecto a “cualquier funcionario” se toman “con las garantías del procedimiento administrativo” y no “en función de las concentraciones que se convoquen”. La consejera ha precisado, además, que del total de expedientes abiertos en Huesca solo han llegado a término cuatro, frente a los diez ya resueltos en la provincia de Zaragoza. “El día que la continuidad de un inspector dependa de la presión que se ejerza sobre ese inspector, habrá dejado de ser independiente y al profesorado nadie podrá asegurarle que se le aplica el mismo criterio con independencia de la capacidad de presión”, ha afirmado.
La titular del Departamento ha insistido en que Educación actúa con “rigor, proporcionalidad, objetividad y respeto, pero también con independencia”, y ha añadido que “si hay persecución y abuso de poder los tribunales lo tendrán que decir y esta consejera actuará”, tras precisar que en tres años no ha oído a “nadie” anunciar que acudirá a los tribunales.
El pulso de este viernes llega tras más de un año de tensión entre parte del profesorado oscense y la Inspección Educativa. La polémica se reavivó el pasado junio, cuando decenas de claustros de colegios e institutos de la provincia se concentraron de espaldas en protesta por la propuesta de sanción a Lola Giménez, orientadora del IES Ramón y Cajal, y denunciaron un clima de “miedo” que, según los docentes, desincentiva las quejas. Aquella movilización no fue la primera: a finales de 2024 ya se denunció un presunto “amedrentamiento” en los centros y las Cortes llegaron a aprobar una PNL instando al cese del jefe de la Inspección, que el Gobierno de Aragón no ejecutó.
A comienzos de agosto, datos facilitados por el propio Departamento al grupo parlamentario de CHA –que prepara su propia iniciativa parlamentaria sobre el asunto– situaban en 48 los expedientes incoados en Huesca desde el curso 2023-2024, por 21 en Zaragoza y 11 en Teruel. El Departamento rechazó entonces las críticas de CHA y acusó a la formación de “desagregar interesadamente por provincias” unos datos que, sostiene, no comprometen la autonomía técnica de los inspectores.