Los docentes de Huesca se plantan contra la Inspección Educativa: “En esta provincia el que habla acaba sancionado”

Las protestas contra la Inspección Educativa han dado un paso más en la provincia de Huesca. Después de más de un año de denuncias de docentes y sindicatos por la actuación del inspector jefe y el aumento de la presión burocrática en los centros, el malestar ha salido estas semanas a las puertas de colegios e institutos. Decenas de claustros se han concentrado de espaldas para denunciar el clima de “miedo” que, aseguran, se ha instalado entre el profesorado y reclamar un cambio en el funcionamiento del servicio de inspección.

El detonante de estas movilizaciones ha sido la propuesta de sanción a Lola Giménez, orientadora del IES Ramón y Cajal de Huesca, aunque los docentes insisten en que el conflicto va mucho más allá de este caso. “Cuando vi que me tocaba a mí decidí contarlo porque no es ninguna vergüenza. Este año ha habido muchos expedientes y nadie se había quejado”, explica.

No es la primera vez que la Inspección Educativa de Huesca se sitúa en el centro de la polémica. A finales de 2024, docentes y organizaciones sindicales ya denunciaron públicamente lo que calificaban como un clima de “amedrentamiento” en los centros, con críticas dirigidas al inspector jefe por una interpretación excesivamente rígida de la normativa, el incremento de las exigencias administrativas y la apertura de expedientes disciplinarios. Aquella controversia llegó incluso a las Cortes de Aragón, donde se reclamó una investigación sobre su actuación y posteriormente salió adelante una proposición no de ley instando a su cese, aunque el Gobierno de Aragón no ejecutó esa petición.

Ahora, el malestar ha vuelto a aflorar. Giménez explica que casi todos los institutos y colegios de la provincia han secundado estas protestas en las que el profesorado se ha colocado de espaldas como símbolo del temor a sufrir represalias por expresar públicamente sus críticas.

La propuesta de sanción que ha desencadenado la movilización está relacionada con varios informes psicopedagógicos elaborados para alumnado recién incorporado al sistema educativo español con un desconocimiento muy significativo del castellano y, en algunos casos, con una escolarización previa muy limitada. El objetivo de esos informes era solicitar adaptaciones curriculares y medidas de apoyo para facilitar su aprendizaje. Sin embargo, Giménez sostiene que el procedimiento se convirtió en un laberinto burocrático. “Nos echaron atrás el primer informe, volvimos a pedir las tablas, las enviamos otra vez y nos aprobaron los informes. Después volvimos a solicitar otros y pasó lo mismo. Cuando ya estaba todo aceptado es cuando me llega una falta leve por hacer mal mi trabajo”, relata.

La orientadora asegura que la sanción refleja un problema estructural. “Pedimos un aula de castellano y ha llegado tarde. Si llega un chico sin conocer el idioma, mi obligación es pedir los recursos que necesita. Lo que denunciamos es que, cuando pedimos esos recursos, nos castigan por hacer los informes”. A su juicio, la carga administrativa no deja de aumentar mientras siguen faltando recursos para atender al alumnado más vulnerable.

Las críticas no se limitan a este expediente. Un profesor expedientado, que prefiere mantener el anonimato, asegura que lleva tres meses inmerso en un procedimiento disciplinario y sostiene que la situación se ha cronificado en la provincia. “En esta provincia el que habla es sancionado y por eso nadie quiere hablar y nadie se atreve a denunciar porque le tienen miedo”, afirma. En su opinión, la Inspección “está machacando a los centros con documentación y burocracia” y ha acabado generando un clima de inseguridad entre equipos directivos y docentes. “Ese no es el trabajo de la Inspección”, añade.

Los profesores que participan en las movilizaciones sostienen que no cuestionan la existencia de mecanismos de control, pero sí la forma en la que se están aplicando. Reclaman una Inspección centrada en el asesoramiento y el acompañamiento a los centros, en lugar de una labor que consideran excesivamente fiscalizadora y enfocada en aspectos formales de la documentación. También denuncian que la creciente burocracia les resta tiempo para atender una realidad cada vez más compleja en las aulas.

En la misma línea se ha pronunciado CGT, que acusa a la Inspección de haber convertido su labor en un “acoso administrativo” y recuerda que la legislación atribuye a este órgano funciones de orientación y apoyo a los centros educativos. El sindicato considera que la apertura de expedientes disciplinarios por cuestiones de este tipo deteriora el clima laboral y reclama un cambio en la dirección del servicio provincial.

A las críticas también se ha sumado CSIF, que ha reclamado a la Inspección Educativa una “unificación de criterios” para que en Huesca se apliquen los mismos que en Zaragoza y Teruel. Su responsable provincial, Rubén Ferrer, denuncia que desde hace años se están imponiendo criterios “distintos” que generan una mayor carga burocrática para los docentes y que ahora “ya no solo se ciñen al ámbito documental, sino que van acompañados de sanciones a docentes y equipos directivos”. El sindicato advierte de que, si no cambia el modelo de actuación de la Inspección, iniciará un calendario de movilizaciones al comienzo del próximo curso que podría culminar con una huelga.

Preguntado por estas nuevas movilizaciones y las quejas hacia la Inspección Educativa, el Departamento de Educación ha señalado que no realizará ninguna valoración.