Nuevo favor del Puerto de Valencia a su consejero Boluda: más plazo para levantar su torre de oficinas paralizada por no tener licencia

El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) ha aprobado este lunes prolongar durante 12 meses el plazo otorgado al presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) y consejero de la propia APV, Vicente Boluda, para finalizar la construcción de su torre de oficinas de 13 plantas en unos terrenos ubicados en el Paseo Caro. El Ayuntamiento paralizó las obras en abril del pasado año al carecer de licencia. Así, de los 32 meses previstos en la concesión para finalizar el edificio se ha pasado a 44 meses.

En concreto, fuentes del organismo portuario han informado tras la reunión del consejo que se ha aceptado “la solicitud de Boluda Corporación Marítima para la modificación no sustancial de la concesión de la que es titular en el Puerto de València por prórroga del plazo de ejecución de obras”. A preguntas de elDiario.es, la APV ha detallado que Boluda ha declarado conflicto de interés en este punto. Cuando esto sucede, el miembro del consejo que lo declara se ausenta o se desconecta de la sesión y tampoco recibe la documentación de aquellos puntos en los que se ha advertido del conflicto.

Como avanzó este diario, el Ayuntamiento de València paralizó los trabajos en abril del pasado año porque la mercantil carecía de la correspondiente licencia municipal. El proyecto sigue parado a la espera de que los servicios municipales determinen la sanción que se aplicará.

Por este motivo, hasta que todo se resuelva y obtenga la licencia de obras, Boluda ha solicitado una ampliación de plazo de 12 meses para finalizar la ejecución de la torre de oficinas, pasando de los 32 meses previstos inicialmente en la concesión a 44 meses.

Tal y como informó este periódico, la multa podría ser doble: una por infracción leve al comenzar los trabajos sin los pertinentes permisos municipales y otra por infracción grave por afectar las obras a un edificio catalogado.

Sobre este segundo aspecto, Boluda Corporación Marítima S. L. remitió recientemente ante la Delegación Municipal de Licencias un informe de 23 páginas firmado por un arquitecto con el que pretende acreditar la ausencia de valor patrimonial del inmueble por la gran cantidad de modificaciones que ha sufrido a lo largo de su historia: “El edificio en cuestión es un pretendido falso histórico con solo 19 años de antigüedad que incumple con lo establecido en la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano (LPCV) para ser catalogado”, afirma, entre otras cosas.

El otorgamiento de esta concesión también estuvo envuelta en polémica. La APV se la otorgó a cambio de recuperar otra concesión que tenía el propio Boluda en los terrenos que ocupaban los astilleros de Unión Naval, empresa propiedad del naviero, a pesar de que caducab en el año 2027.

La APV recurrió a un procedimiento de rescate de la concesión por el que, en lugar de pagarle una compensación económica al naviero, se le otorgó otra nueva de 35 años para la construcción del edificio de oficinas de 13 plantas.

La operación obtuvo contundentes informes contrarios de la Intervención General y de la Abogacía del Estado que concluyeron que la compensación a Boluda con una nueva concesión a cambio del rescate de la que ya poseía correspondiente a Unión Naval era lesiva para el interés público. Sin embargo, finalmente tanto el Tribunal Superior de Justicia primero como el Tribunal de Cuentas después avalaron la permuta como fórmula de pago, eso sí, modificando algunas de las valoraciones.

Nueva responsable de la ampliación investigada por Anticorrupción

La ampliación norte del Puerto de Valencia, la mayor infraestructura actualmente en ejecución dentro del sistema portuario español, ha quedado bajo la dirección de una directiva investigada por la Fiscalía Anticorrupción por presunto enchufismo en la obtención de su plaza.

El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) ha aprobado este lunes el nombramiento de la subdirectora de Infraestructuras, Manuela Gras, como responsable del contrato del muelle de contenedores, en sustitución de Luís Fernando Sánchez, que dejó su cargo para marcharse al Puerto de Alicante como subdirector, dentro de la diáspora de altos cargos que viene dejando el puerto valenciano coincidiendo con la llegada de Mar Chao a la presidencia.

Gras es una de las dos directivas rescatadas del Consorcio Valencia 2007 tras su liquidación mediante unos procesos selectivos que ahora investiga Anticorrupción, junto a otros que se habilitaron en el Ayuntamiento de València a los que se invitó a participar a varios exempleados del ente público que gestionaba la Marina de València, hasta que el PP la privatizó.

Tanto su plaza como la de su compañera antes en el Consorcio y ahora en la APV, Alicia Gimeno, figuran entre las que cuestiona el informe de la Intervención General del Estado publicado íntegramente por esta redacción por no haberse respetado presuntamente los criterios de igualdad en las bases.

Además, ambas están judicializadas tras la denuncia que puso en su día UGT. En el caso de Gimeno, el juicio se celebró el pasado mes de mayo y en la vista la exjefa de recursos humanos reconoció que la presidenta del Puerto de Valencia, Mar Chao, le mandó por correo las bases de los procesos selectivos, como destapó elDiario.es. El otro juicio, el que afecta a Manuela Gras, se celebra en septiembre.