El Gobierno responde a las acusaciones del PP de inflar los censos: “Feijóo parece oler una derrota electoral”

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha respondido al PP que la ley de nietos —que permite a los hijos, nietos y bisnietos de los exiliados del franquismo lograr la nacionalidad española— está “basada en los principios de reparación y justicia” y ha vinculado las acusaciones de Feijóo de inflar el censo electoral a una muestra de su “desesperación”. “Me parecen de una irresponsabilidad mayúscula. Demuestran su desesperación y la frustración de quien no tiene proyecto político para nuestro país y que parece ya oler una derrota electoral”, ha replicado Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La portavoz del Gobierno ha enviado un mensaje “de certidumbre a la ciudadanía” sobre los procesos electorales en España ante la nueva ofensiva del PP, a quienes ha pedido “más rigor y más responsabilidad”. “Lo han mezclado con el proceso de regularización extraordinaria en el que estamos inmersos cuando saben perfectamente que es un proceso que da derecho a residir en nuestro país y que eso no dice la ley electoral”, ha recordado.

El PP ha retomado este lunes su ofensiva sobre el censo electoral con acusaciones de un supuesto intento de inflar el número de electores para las próximas elecciones. Tanto Alberto Núñez Feijóo como Isabel Díaz Ayuso han cargado contra el Ejecutivo central y la presidenta de la Comunidad de Madrid ha llegado a asegurar que “el reparto de escaños” es “ilegal” y obedece a la intención de Sánchez de “cambiar el censo”. Unas declaraciones que luego ha rebajado Borja Sémper al decir que el PP “no prejuzga” a quién votarán los nacionalizados por la ley de nietos.Vox se ha sumado a los ataques y se ha quejado de que la ley de nietos “altera” la naturaleza jurídica de la nacionalidad española y sus efectos “pueden ser muy difíciles de revertir”. “La nacionalidad es lo más serio porque define quién forma parte del cuerpo político de una nación y, por tanto, decide el futuro de España”, ha resumido el portavoz de Vox, José Antonio Fúster.

Los populares agitan el fantasma del pucherazo con cierta frecuencia. La regularización de migrantes ya dio pie a que el propio Núñez Feijóo acusase en enero al Gobierno de “incrementar el censo de los españoles con la ley de nietos en más de dos millones de personas y con la regularización de la inmigración irregular de más de 800.000 personas”. Se da la circunstancia de que el PP regularizó a más de medio millón de personas bajo la legislatura de Aznar y apoyó la ley para conceder la nacionalidad española a los sefardíes. “El reconocimiento de la nacionalidad española para los judíos sefardíes es una reparación histórica”, decía por aquel entonces la popular María del Carmen Dueñas.

En el caso de la regularización, no supone que esas personas tengan la nacionalidad española y, por tanto, puedan votar en las elecciones generales. Únicamente se les otorga el permiso de residencia para poder trabajar de forma legal. La ley recoge que tienen derecho de sufragio los españoles mayores de edad, inscritos en el censo electoral. Para ello hay que tener la nacionalidad española, un trámite completamente diferente. Para conseguir la nacionalidad por residencia se exige la estancia de la persona en España durante diez años de forma legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición, aunque existen casos en los que el período de residencia exigido se reduce. Es el caso, por ejemplo, de la concesión de la nacionalidad a aquellas personas que tengan la condición de refugiado.

No es así en las elecciones municipales. En este caso, sí tienen derecho a sufragio activo los residentes extranjeros en España cuyos respectivos países permitan el voto a los españoles en los términos de un tratado. Y también todas las personas residentes en España que, sin haber adquirido la nacionalidad, sean ciudadanos de la UE, reúnan los requisitos para ser elector exigidos para los españoles y hayan manifestado su voluntad de ejercer el derecho de sufragio activo en España. Las personas en situación irregular no tienen derecho a voto en ningún caso.