El megaproyecto de hidrógeno verde en Andorra (Teruel) reduce la demanda de agua para lograr el visto bueno ambiental

El megaproyecto Catalina, que aspira a producir 84.000 toneladas de hidrógeno verde desde una planta de nueva construcción en Andorra (Teruel), ha recibido un primer visto bueno del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), aunque con reparos. La promotora, el fondo danés Copenhaguen Infrastructure Partners (CIP) –en consorcio con Enagás–, urge al Gobierno central a que adapte la normativa europea para poder continuar con la tramitación, para una inversión prevista que supera los 2.100 millones de euros. Más dudas genera la iniciativa a los ecologistas y a Teruel Existe, que alegaron contra el troceamiento del proyecto: se tramitan por canales separados la propia planta, los parques eólicos y solares que surtirán de electricidad al complejo y el ducto de 40 kilómetros para transportar el hidrógeno hasta la red troncal.

La instalación se ubica en el Parque Empresarial de Andorra, el entorno de la antigua central térmica y a unos cuatro kilómetros del núcleo urbano. Abarca una superficie de 77 hectáreas y aspira a crear 400 empleos en la fase de operación, que serían el triple (1.200) durante la construcción.

El punto ambientalmente más espinoso de la Declaración Ambiental Estratégica conjunta –aglutina la evaluación ambiental estratégica ordinaria del Plan de Interés General Autonómico (PIGA) y la del proyecto de urbanización– es el consumo de agua, cuyo elevado volumen protagonizó un informe de la Fundación Renovables, según el cual este llegaría requerir el 10% del abastecimiento total de Aragón. De hecho, la tramitación ha conllevado cambios: la promotora reduce la demanda de agua desde el embalse de Calanda, en el río Guadalope, para la fase 1 desde los casi 5,4 hectómetros cúbicos al año que planteaba en un inicio a 4,2 hm³, un 20% menos.

Aun así, este es uno de los aspectos principales de las alegaciones de la organización ecologista Ansar, Teruel Existe y Amigos de la Tierra. Las tres entidades coincidieron en destacar que, de desplegarse el proyecto completo, este pasaría de los 500 megavatios de la primera fase a un total de 2 gigavatios, y que esto requeriría 17 hm³ anuales. En población equivalente, supondría más que toda la provincia de Teruel junta.

Las tres organizaciones presentaron otra alegación relevante: el supuesto fraccionamiento de los expedientes, en vez de hacerlo de manera integrada, de manera que se diluye el impacto conjunto. Por un lado, la propia planta de hidrógeno, que ahora ha recibido el visto bueno. Por el otro, los siete parques eólicos y seis fotovoltaicos con los que se prevé producir los 500 MW necesarios para el electrolizador –el dispositivo que separa las moléculas de agua para producir el hidrógeno–. Y, en tercer lugar, el hidroducto de 40 kilómetros que deberá transportar todo el material generado hasta la Red Troncal Española de Hidrógeno, en Caspe.

Para el promotor, sin embargo, no hay fraccionamiento de proyectos porque cada uno de los tres activos se tramita ante la administración ambientalmente competente, y el Inaga evita entrar en esta cuestión.

Trasposición de la directiva europea

Consultada por este periódico, fuentes de CIP recuerdan que esta evaluación ambiental estratégica es “el primero de los permisos principales recibidos por el proyecto” y que aún faltan el resto, incluida “la concesión de agua tramitada” por la Confederación Hidrográfica del Ebro. Junto a esto, el fondo de inversión danés recuerda que el Gobierno central aún tiene pendiente adaptar a la normativa española la directiva europea de la RED III. “Sin esta transposición, los proyectos de hidrógeno no podrán avanzar, ya que es la directiva que marca los objetivos de descarbonización de los consumidores” y sin ellos no se podrán cerrar “los contratos de compraventa de hidrógeno”, advierte Copenhaguen Infrastructure Partners.

“CIP y Enagás Renovable siguen plenamente comprometidos con el proyecto Catalina”, aclaran en cualquier caso, y muestran su esperanza con los avances “aparecidos en la prensa” sobre la mencionada trasposición. “Si las últimas noticias se materializan y las administraciones y empresas involucradas cumplen sus compromisos, Catalina seguirá adelante y será una realidad pronto”, añaden las mismas fuentes.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Transición Ecológica recuerdan que las directivas se trasponen normalmente en “varias normas”. En este caso, se encuentra ya “muy avanzado” el real decreto de combustibles renovables, que será aprobado en breve plazo de tiempo- De hecho, para ganar tiempo se han tramitado en paralelo dos órdenes ministeriales que emanan de él. Y, por otro lado, se está preparando una reforma de la Ley de Hidrocarburos con otra parte de la directiva europea, pero en este caso aún no hay borrador.