El PSPV enmienda los presupuestos de Pérez Llorca para evitar la “prioridad nacional” y controlar derivaciones a la sanidad privada
El PSPV forzará que el PP de Juanfran Pérez Llorca se posicione públicamente ante la “prioridad nacional” que exige Vox. Los socialistas han presentado una batería de enmiendas a los presupuestos de la Generalitat Valenciana con una redacción alternativa que rechaza la exigencia de Vox, clave para que apoye las cuentas públicas.
Los diputados socialistas han adaptado la redacción a cada departamento de la Generalitat Valenciana para evitar que se introduzcan principios discriminatorios. Así, en el caso de los Servicios Sociales, Familia e Infancia, plantean que se apruebe un texto que recoge que se aplicarán las políticas “evitando la introducción de criterios de prioridad nacional, por resultar contrarios a los principios constitucionales de igualdad y prohibición de discriminación, a la libertad de acceso y concurrencia y a la prohibición de establecer diferencias de trato fundadas exclusivamente en la nacionalidad”. También que se recoja, entre los objetivos de la conselleria que dirige Elena Albalat, “impedir la utilización de la prioridad nacional como criterio de acceso, selección, valoración o adjudicación en los contratos, subvenciones, ayudas, convenios y demás actuaciones de la Conselleria”.
En el caso de Sanidad, se plantea un refuerzo de los servicios públicos, “garantizando la atención sanitaria a todas las personas que viven en la Comunitat Valenciana y evitando cualquier retroceso en derechos sanitarios que pueda generar exclusión, desigualdad o riesgos para la salud colectiva”, además de implantar programas de mediación intercultural sanitaria, traducción, alfabetización en salud y acompañamiento administrativo en departamentos de salud con mayor diversidad poblacional. El objetivo es evitar que las personas migrantes queden fuera de la atención sanitaria, tanto por acción discriminatoria directa como por barreras socioculturales o lingüísticas.
Sanidad, departamento que gestiona Marciano Gómez, es una de las carteras que más preocupa a los socialistas, con especial foco en la aceleración de las externalizaciones y derivaciones a centros privados, una privatización del servicio encubierta bajo un plan de choque. El grupo que dirige José Muñoz ha presentado en las Corts una enmienda al articulado de la ley de Presupuestos que añade que, en el informe mensual sobre las derivaciones a la sanidad privada, se refleje cuánto se paga a cada centro por las pruebas e intervenciones quirúrgicas que se realicen, especificando para cada una de las entidades el tipo de servicios o pruebas externalizadas.
A renglón seguido, en el mismo artículo, el PSPV pide que la Intervención General de la Generalitat realice un informe específico sobre la externalización de servicios y pruebas sanitarias durante el ejercicio de 2025 y, a partir de ese año, con carácter anual, “a fin de garantizar que la derivación a empresas y entidades de la sanidad privada responde a los principios de eficacia, eficiencia y optimización de los recursos públicos disponibles, sin incurrir en riesgo de infrautilización”. Si se acepta la medida, el informe deberá ser remitido a los grupos parlamentarios y publicado en el portal de transparencia.
Nueva financiación
En total, el grupo socialista de las Corts Valenciana ha presentado más de 4.000 enmiendas parciales a los Presupuestos de la Generalitat para 2026 en las que incorpora a las cuentas mediante una programación plurianual los 3.669 millones de euros adicionales del nuevo modelo de financiación autonómica ofrecido por el Gobierno de España, asumiendo plenamente gracias a estos recursos las reivindicaciones del personal docente y sanitario, y proponiendo la estrategia más ambiciosa que se ha planteado nunca en la Comunitat Valenciana para incrementar el parque vivienda pública y de alquiler asequible y abaratar el previo de los pisos.
El portavoz del PSPV en las Corts, José Muñoz, ha recalcado que las alegaciones socialistas reorientan las prioridades “regresivas, equivocadas y racistas” del proyecto económico para 2026 presentado por el Consell de Pérez Llorca y sientan las bases de un nuevo modelo para la sanidad y para la educación, áreas que sumarían cada una de ellas más de 1.000 millones adicionales en 2027 con los nuevos recursos del Ejecutivo central.
Según ha explicado José Muñoz, las alegaciones modifican las cuentas de 2026 para reclamar la aprobación de un Plan Urgente de Actuación para la mejora de las infraestructuras educativas, reforzando de manera decidido el Pla Edificant y realizando una apuesta mucho más valiente por la climatización de las aulas. De este modo, se incrementan en 61 millones los fondos para el Pla Edificant (un 26% más de lo previsto en el proyecto), rectificando los recortes de 2024 y 2025 y recuperando el nivel del último presupuesto del Consell del Botànic, al tiempo que se programan 110 millones extra de la nueva financiación. La climatización de las aulas se refuerza con 10 adicionales al actual presupuesto y se comprometen de forma plurianual otros 40 para 2027.
Según ha explicado José Muñoz, las alegaciones modifican las cuentas de 2026 para reclamar la aprobación de un Plan Urgente de Actuación para la mejora de las infraestructuras educativas, reforzando de manera decidido el Pla Edificant y realizando una apuesta mucho más valiente por la climatización de las aulas. De este modo, se incrementan en 61 millones los fondos para el Pla Edificant (un 26% más de lo previsto en el proyecto), rectificando los recortes de 2024 y 2025 y recuperando el nivel del último presupuesto del Consell del Botànic, al tiempo que se programan 110 millones extra de la nueva financiación. La climatización de las aulas se refuerza con 10 adicionales al actual presupuesto y se comprometen de forma plurianual otros 40 para 2027.
Las propuestas del PSPV-PSOE permiten, por otro lado, poner en marcha el Plan de reducción del precio de la vivienda más ambicioso de la historia, con 52 millones en 2026 y 700 millones de la nueva financiación en 2027, así como garantizar el blindaje de la vivienda de protección pública, que mantendrá esta calificación a perpetuidad, de forma que no se podrán especular con ella transcurridos unos años.
Las alegaciones plantean además la prohibición en zonas tensionadas de comprar vivienda que no tenga una finalidad residencial, impidiendo así la compra especulativa, al mismo tiempo que reclama que, en estas mismas zonas tensionadas, se topen los precios de los alquileres. Las propuestas permitirían arrancar ya en 2026 el Pla Edificant Habitatge, la actuación más ambiciosa que se ha diseñado nunca, con el compromiso de construcción de 4.000 viviendas públicas. Para este primer tramo, el plan arrancaría en estos escasos meses con 20 millones, que se elevarían a 450 millones gracias a la nueva financiación.
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