Continúa la polémica por la Inspección Educativa: 48 expedientes a docentes en Huesca frente a 32 en el resto de Aragón
La polémica en torno a la actuación de la Inspección Educativa en la provincia de Huesca continúa. Los datos facilitados por el Departamento de Educación al grupo parlamentario de Chunta Aragonesista (CHA) revelan que desde el curso 2023-2024 se han incoado 48 expedientes a docentes en la provincia altoaragonesa, una cifra superior a la suma de los registrados el resto de Aragón, que alcanzan un total de 32 —21 en la provincia de Zaragoza y 11 en la de Teruel—.
A raíz de estos datos, la portavoz adjunta de CHA en las Cortes de Aragón, Isabel Lasobras, defenderá una proposición no de ley para exigir explicaciones al Departamento de Educación por la gestión de la Inspección Educativa en Huesca. La iniciativa reclama que el Gobierno autonómico justifique esta diferencia, evalúe de forma independiente la actuación del servicio en la provincia, garantice criterios homogéneos en todo Aragón y adopte medidas para “devolver la confianza y la seguridad jurídica” al profesorado de la enseñanza pública.
La diputada considera que la “enorme disparidad” entre provincias requiere “una explicación política inmediata”, especialmente si se tiene en cuenta que Zaragoza concentra un mayor número de docentes. Además, ha advertido de que estas cifras “ni siquiera reflejan la totalidad de las actuaciones desarrolladas por la Inspección, ya que existen casos que nunca llegaron a traducirse en expedientes disciplinarios, por lo que la dimensión real del problema podría ser todavía mayor”.
El Departamento de Educación rechaza las críticas de CHA y defiende la independencia de la Inspección Educativa. Recuerda que, aunque orgánicamente depende del Ejecutivo autonómico, los inspectores cuentan con autonomía técnica en el ejercicio de sus funciones, tal y como establece la legislación. Asimismo, acusa a la formación de interpretar los datos “desagregándolos interesadamente por provincias”. “Lo que hace y ha de hacer la DGA es garantizar la independencia de criterio de todos y cada uno de sus inspectores”, sostienen.
La iniciativa parlamentaria llega después de meses de tensión entre parte del profesorado oscense y la Inspección Educativa. Durante el último curso se sucedieron las concentraciones de docentes para denunciar un supuesto clima de “miedo” y un uso “sancionador” de la inspección, una polémica que tuvo como epicentro el IES Ramón y Cajal de Huesca. Fuentes sindicales de la provincia sostienen que las cifras conocidas ahora “confirman una forma de actuar” de la Inspección y aseguran que en el IES Ramón y Cajal se han incoado, que tengan constancia, cuatro apercibimientos y dos expedientes, más que los abiertos en toda la provincia de Zaragoza durante el último curso. Además, denuncian que algunos docentes recibieron sanciones meses después de haber corregido la documentación siguiendo las indicaciones de la Inspección y que existen casos en los que las alegaciones presentadas en plazo no habrían sido tenidas en cuenta, por lo que consideran que la Consejería debe ofrecer explicaciones.