Intervención anticipa una tormenta financiera para el Ayuntamiento de Zaragoza si mantiene el gasto sin control

Que la situación financiera del Ayuntamiento de Zaragoza es comprometida ya no solo constituye una crítica de los partidos de la oposición: la propia Intervención municipal apunta en esa línea. Así lo refleja un informe del órgano de control sobre la estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, que constata un empeoramiento de casi todos los parámetros y que advierte de una tormenta el año que viene si no se ejerce un control sobre el gasto. Con un factor añadido que el documento no entra a valorar: en 2027 está previsto empezar a imputar el gasto del nuevo pliego del autobús urbano.

Esta noticia sale a la luz 24 horas después del triunfalista discurso de la alcaldesa, Natalia Chueca, con motivo de sus tres años en el cargo.

El informe, suscrito por el interventor general del Ayuntamiento, fechado el 28 de mayo y que ha protagonizado gran parte de la Comisión de Hacienda celebrada este jueves, es taxativo: el Consistorio se quedó a poco más de un millón de euros de incumplir la regla de gasto en 2025. Ante ello, pide contención ante un Presupuesto 2026 que ya nació superando el techo de gasto legal en casi 43 millones de euros.

El documento certifica que Zaragoza cumplió formalmente con todos los parámetros de estabilidad financiera el año pasado, pero documenta un deterioro generalizado: el ahorro neto municipal cayó de 106,4 a 77,7 millones de euros y la capacidad de financiación se desplomó de 62,3 a 30,4 millones, prácticamente a la mitad. El gasto computable del Ayuntamiento creció un 3,05% en 2025, frente al 1,84% del año anterior, cuando el límite fijado por el Estado era del 3,20%.

Intervención lo resume sin rodeos: “Aunque se haya cumplido con la regla de gasto, lo ha hecho por un estrecho margen ya que el máximo permitido era el 3,20% y se ha quedado a poco más de un millón de euros de quebrantarla”. El órgano fiscalizador no se limita a certificar 2025: extiende la alerta al resultado de este año, “considerando que el Presupuesto General de 2026 se aprobó superando el techo de gasto en casi 43 millones de euros”, y reclama “priorizar los gastos obligatorios y los ya comprometidos” y también reducir “sustancialmente los gastos voluntarios”. Con un objetivo, negro sobre blanco: “Evitar que se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del Ayuntamiento”.

El informe revela asimismo un problema de mecánica presupuestaria poco conocido. El superávit del ejercicio –30,4 millones– debe destinarse por ley a reducir el endeudamiento neto. Pero el remanente de tesorería del propio Ayuntamiento, de donde sale ese dinero, apenas alcanza los 28 millones, 2,4 millones menos de lo que exige la norma. Ante esto, Intervención señala que “deberán procurarse los mecanismos presupuestarios necesarios para que la diferencia se financie con el alcanzado por los organismos autónomos”, en alusión a los patronatos municipales.

Y eso que el documento, como es lógico, no entra a valorar una circunstancia que puede agravar la situación a partir del año que viene: en 2027 empezarán a computarse previsiblemente los gastos del nuevo pliego del autobús urbano, que ascienden en ese ejercicio a 100 millones de euros, el doble que en la actualidad.

Balance “muy positivo” para el PP

Pese a la delicada situación dibujada por la Intervención municipal, la consejera de Hacienda y Fondos Europeos, Blanca Soláns, ha calificado de “muy positivo” el balance del mencionado informe. “Frente a lo que le ha pasado a otros municipios de igual población o mayor, este ayuntamiento no necesita hacer un plan de ajuste ni un plan económico financiero”, ha valorado la edil popular, que ha destacado la “reducción de la deuda municipal”, el “récord en ejecución presupuestaria” y “el abandono de la tutela financiera de la administración autonómica por primera vez desde los años noventa”.

Mucho más negativos se han mostrado los partidos de la oposición.

La portavoz socialista del área de Hacienda, Marta Aparicio, ha pedido explicaciones al Gobierno de Natalia Chueca por haber cumplido con la regla de gasto “por la mínima” y ha barruntado que puede haber “recortes” en servicios públicos. La alcaldesa de Zaragoza –ha continuado Aparicio– “tiene la obligación” de explicar a los ciudadanos “en qué va a recortar, qué servicio va a dejar de prestar, qué otra piscina va a cerrar por falta de mantenimiento, cuántos autobuses van a disminuir sus frecuencias y cuántas calles va a dejar de limpiar, para seguir pagando sus fiestas”.

La concejal socialista ha alertado, según ha manifestado, en numerosas ocasiones sobre la situación de las arcas municipales: “Este Ayuntamiento se dirigía inexorablemente al caos financiero y el Gobierno me ha llamado agorera e incluso irresponsable por hacer este tipo de declaraciones, pero la realidad se impone”, ha criticado.

“La tendencia es muy preocupante”

Desde Vox, Eva Torres ha apuntado en su intervención en la comisión de Hacienda que “la tendencia es muy preocupante”: “Los números empeoran, la capacidad de financiación se ha reducido a la mitad, el ahorro neto cae en 28,5 millones y el gasto crece en un 3,05%”, ha enumerado. La edil ha pedido al Gobierno municipal que no eluda lo que apunta el documento del órgano fiscalizador: “Nos parece una advertencia de mucho peso y es imposible obviarla”.

En opinión de Torres, “el Ayuntamiento de Zaragoza se aproxima año a año peligrosamente al suspenso”. “Si le sumamos el discurso triunfalista de la alcaldesa y el contrato del autobús, ojo con este tema. No hagamos oídos sordos a las advertencias del interventor, no nos pongamos de perfil. Cualquiera que sepa un poco de presupuestos debería estar preocupado”, ha incidido la concejal de Vox.

Finalmente, desde Zaragoza en Común, su portavoz Elena Tomás ha recordado que su formación siempre ha sido crítica con unas reglas fiscales, pero a continuación ha subrayado que la advertencia recogida en el informe de Intervención “no responde a criterios políticos, sino a una valoración técnica que debe ser tomada en consideración”.

“El Gobierno de Chueca continúa concediendo beneficios fiscales y bonificaciones a grandes empresas mientras traslada el esfuerzo económico a la ciudadanía mediante el incremento de las tasas e impuestos municipales”, ha denunciado Tomás, que ha recordado que empresas como Costco, Quirón o la sociedad promotora de la Nueva Romareda se han beneficiado de decisiones fiscales impulsadas por el Gobierno municipal, mientras el Ayuntamiento depende cada vez más de recursos procedentes de otras administraciones. .

Asimismo, Zaragoza en Común ha cuestionado las prioridades de gasto del Gobierno municipal, señalando inversiones millonarias en proyectos como Giesa, la creciente inversión en iluminación navideña o la utilización intensiva de la Plaza del Pilar para actividades de carácter comercial y lúdico, frente a necesidades que siguen sin resolverse adecuadamente, como el mantenimiento de los colegios públicos, la mejora del transporte urbano, la conservación del arbolado o el refuerzo de los servicios públicos esenciales.