El Gobierno de Azcón ahoga el sistema de protección de menores: tres centros cerrados y 70 plazas menos en dos años
En la guerra abierta por Vox en Aragón contra la acogida de menores migrantes, el PP de Jorge Azcón está poniendo mucho de su parte. El Ejecutivo autonómico ha cerrado hasta tres centros de protección y ha eliminado 70 plazas tuteladas en los últimos dos años, sin la extrema derecha en el Gobierno y con la ahora consejera de Educación, Carmen Susín, al frente de Servicios Sociales. Los sindicatos UGT, CCOO y CGT han solicitado una reunión urgente con la gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) para abordar la situación que atraviesa el sistema en la comunidad, agravado por años de falta de planificación y una progresiva reducción de recursos.
El primero en desaparecer fue el centro Juan de Lanuza, especializado en autonomía para jóvenes de entre 14 y 18 años y considerado la última fase antes de abandonar el sistema de protección. En agosto de 2024 cesó también la actividad del centro de Ateca tras el escándalo por las denuncias por presuntos abusos y agresiones. Aunque el servicio volvió a licitarse, ninguna entidad presentó oferta. Posteriormente, en julio de 2025, cerró un piso tutelado en Teruel después de que uno de los menores provocara un incendio en el centro de acogida para menores migrantes no acompañados. El autor fue detenido y trasladado al centro de reforma de Juslibol pero no se ha vuelto a abrir.
A esta situación se suma, según los sindicatos, la escasez de plazas en recursos terapéuticos especializados para menores con problemas de salud mental o conductuales. Actualmente funcionan los centros en La Almunia y Peralta de la Sal, además de dos dispositivos abiertos tras la llegada de menores procedentes de Canarias, pero consideran que siguen siendo insuficientes.
“Ahora mismo no existen recursos especializados suficientes para atender determinadas conductas relacionadas con la salud mental”, advierten los representantes de los trabajadores.
El sector está externalizado en un 95% y emplea a unas 600 personas entre educadores, psicólogos, psiquiatras, maestros, personal de mantenimiento y limpieza. Sin embargo, los sindicatos aseguran que las plantillas son insuficientes y que no se cumplen las ratios recomendadas de un trabajador por cada cuatro menores.
La situación es especialmente compleja en los recursos de reforma. Según denuncian, en el Centro de Educación e Internamiento por Medida Judicial (CEIMJ) de Juslibol un único profesional puede llegar a atender entre 12 y 16 menores en determinados turnos.
Aunque la situación es cambiante, actualmente hay alrededor de 350 menores en acogimiento residencial en Aragón. Algunos presentan discapacidad y son atendidos en recursos específicos adaptados a sus necesidades. En el caso del CEIMJ Juslibol, permanecen ocupadas unas 30 de las 50 plazas disponibles.
Los sindicatos defienden un cambio de modelo basado en centros más pequeños y especializados, con mayor número de educadores por turno y una atención más individualizada. Aseguran que los conflictos son más frecuentes en recursos con un elevado número de residentes y que las consecuencias las sufren también aquellos menores que no participan en los altercados.
“Los chicos que no están implicados también padecen las consecuencias de esta situación y acaban sufriendo una especie de maltrato institucional”, sostienen.
Por esta razón y tras los recientes incidentes registrados en un centro de Movera gestionado por la Fundación Ozanam, los sindicatos se han reunido hoy y han solicitado una reunión urgente con la nueva gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), conocedora de la situación, ya que procede de servicio de menores de la administración autonómica.
El vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha atribuido los recientes incidentes al comportamiento de algunos menores y rechazó relacionarlos con una falta de atención. “No es porque estén bien atendidos o no. Hay personas que son agresivas, que vienen con una cultura de la violencia desde fuera y algunos de ellos mezclan eso con sustancias y consumos”, ha resuelto. Y por ello, ha anunciado más medidas de seguridad, en concreto, reforzar la vigilancia privada, toda vez que tuvo que descartar llevarla a cabo con la Policía Nacional porque el cuerpo solo puede intervenir en estos recursos en situaciones graves y excepcionales.
Sin embargo, las organizaciones sindicales consideran insuficiente la propuesta anunciada por el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco. Para UGT, CCOO y CGT, el Ejecutivo autonómico debe centrar el debate en el refuerzo de los recursos educativos, humanos y materiales y en dar salida a los pliegos caducados para la gestión de algunos centros.
Años de deterioro del sistema
La Plataforma por un Convenio Autonómico de Protección y Reforma de Menores en Aragón ha mostrado también su preocupación por los graves incidentes ocurridos a comienzos de este mes de junio en el centro de Movera pero sostiene que los robos, agresiones, amenazas, peleas multitudinarias e intervenciones policiales registrados son consecuencia del progresivo deterioro del sistema de protección. “Lo ocurrido no puede analizarse de forma aislada ni utilizarse para señalar a los menores”, afirma la plataforma, que vincula los problemas actuales a años de recortes y pérdida de recursos.
Según sus representantes, el cierre de centros ha provocado la saturación de los recursos existentes y dificulta ofrecer respuestas adaptadas a las distintas necesidades de los menores tutelados. Cuando faltan plazas, sostienen, los criterios educativos pasan a un segundo plano frente a la simple disponibilidad de espacio.
La plataforma asegura haber advertido durante años de esta situación mediante reuniones, escritos y movilizaciones, sin obtener una respuesta suficiente por parte de las administraciones. También llevaron a cabo una huelga el pasado mes de marzo, que calificaron de “inédita” en España.
Por ello reclama al Gobierno de Aragón y al IASS la recuperación de las plazas perdidas, la apertura de nuevos recursos especializados y una planificación estable que garantice una atención adecuada. También insiste en la necesidad de aprobar un convenio autonómico específico para el sector que contribuya a mejorar las condiciones laborales y la calidad de la atención prestada.
El vicepresidente Nolasco, sin embargo, mantiene una visión distinta sobre el origen de los problemas. A su juicio, las conductas violentas no obedecen a una falta de recursos, sino a la actitud de algunos menores. Como respuesta inmediata, ha anunciado la incorporación de seguridad privada, aunque ha avanzado que el Gobierno trabaja en nuevas medidas “ legales y judiciales” para garantizar la seguridad de los educadores.
El también líder regional de Vox, defiende la necesidad de priorizar la seguridad “porque contra una persona que mide dos metros, que llega bajo los efectos de las drogas y con antecedentes violentos, primero hay que impedir que pueda agredir a nadie”, argumenta y aunque reconoce que los problemas de convivencia no afectan únicamente a menores extranjeros, ha insistido en que la Administración no debería asumir el coste de atender a delincuentes procedentes de otros países. También reclama una mayor financiación por parte del Gobierno central para hacer frente al incremento de usuarios en el sistema de protección: “ni hay que hacerse cargo de los servicios sociales de toda África, que nos den cien mil millones de euros e igual lo podemos hacer. Pero, atender sin fronteras y sin límite, el presupuesto no da para eso”, ha zanjado.