Las trabajadoras sociales de Zaragoza registran un escrito para exigir que se les permita atender a los inmigrantes
El proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes en Zaragoza ha desatado una fuerte contestación social. Organizaciones antirracistas, representantes sindicales y el movimiento vecinal coinciden en denunciar un bloqueo administrativo deliberado por parte del Ayuntamiento que está dificultando el acceso a derechos básicos y generando situaciones que califican de “inhumanas”.
El pronunciamiento conjunto del tejido asociativo y comunitario de la ciudad acusa directamente al consistorio de aplicar una estrategia de “obstaculización consciente” que vulnera derechos fundamentales. Según el documento, se está construyendo “un escenario de colapso” mediante la centralización de trámites y la limitación de recursos, lo que deriva en largas colas y saturación en la atención.
El comunicado del tejido asociativo va más allá y califica la situación como “racismo institucional”. Denuncia que se están bloqueando canales de acceso a documentación, infrautilizando recursos públicos y generando un trato desigual hacia las personas migrantes.
Para las organizaciones firmantes, la regularización “es una cuestión de justicia social que reconoce una realidad existente”: la de miles de personas que ya forman parte de la ciudad. Por ello, reclaman la descentralización inmediata de los trámites, el refuerzo de medios y una información clara y accesible.
Mientras tanto, las filas continúan y la presión social aumenta. Colectivos, profesionales y vecinos coinciden en una misma exigencia: que se permita a la administración funcionar con todos sus recursos para garantizar derechos, en lugar de restringirlos.
La plantilla municipal reclama poder trabajar
La crítica no procede únicamente de los colectivos sociales. Carmen Calvo, representante sindical en el Ayuntamiento, asegura que existe una red amplia de servicios sociales y juntas de distrito que no se está aprovechando.
La consejera municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Marian Orós, ha avanzado que a partir del lunes, 27 de abril, la regularización de los inmigrantes se centralizará en la Casa de las Culturas, al ser un centro de referencia para estas personas, y con cita previa en el teléfono 900 700 107 en horario de atención al público de mañana y tarde.
Aunque desde esta semana se ha reactivado el funcionamiento de registros en los barrios, la decisión anunciada este miércoles por la consejera de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Marian Orós, de centralizar los certificados de vulnerabilidad en la Casa de las Culturas a partir del lunes, 27, tampoco ha sido bien recibida ya que, según Carmen Calvo, esta medida “resulta claramente insuficiente”, al haber solo cuatro trabajadoras sociales encargadas de atender toda la demanda de la ciudad.
Frente a ello, más de 50 profesionales de servicios sociales —de un total de alrededor de 100— han firmado un escrito para exigir que se les permita emitir estos informes. Argumentan que ya conocen a la población y podrían agilizar el proceso sin necesidad de duplicar valoraciones.
“El problema no es la falta de personal, sino que no se les deja trabajar”, resume Calvo, quien advierte de que la centralización está provocando un cuello de botella que puede alargar las colas hasta el final del plazo, fijado el 30 de junio.
Filas, esperas y dificultades de acceso
Desde la Plataforma RegularizaciónYa Zaragoza, Bertha Sánchez sostiene que la situación no responde a un problema técnico, sino a una decisión política deliberada. A su juicio, el Ayuntamiento estaría intentando proyectar una imagen de “proceso masivo” vinculada a discursos de la ultraderecha, cuando en realidad se trata de personas que ya viven y trabajan en la ciudad.
Las consecuencias, señala, son visibles a diario: largas filas durante horas, dificultades para acceder a documentación esencial y un colapso que podría evitarse utilizando todos los recursos municipales disponibles. “Se está impidiendo que las personas puedan iniciar trámites que son clave para acceder a derechos básicos”, denuncia.
Desde la Federación de Barrios de Zaragoza, su presidente Arturo Sancho ha expresado el apoyo del movimiento vecinal a las personas afectadas. Subraya que la situación era previsible desde hace meses y que este es el séptimo proceso de regularización en democracia sin precedentes similares. “No es una situación sobrevenida”, afirma. “Se sabía que iba a ocurrir y no se han puesto los medios necesarios”.
Sancho también destaca que el problema no se está reproduciendo en otras ciudades, lo que refuerza la idea de que se trata de una gestión local. En este contexto, pide que, si persisten las trabas, el Gobierno central amplíe el plazo de regularización para evitar que personas con derecho queden fuera del proceso.
Otro de los problemas detectados es la desinformación. Las organizaciones están realizando charlas para aclarar que no todas las personas necesitan el certificado de vulnerabilidad, uno de los documentos que más está colapsando el sistema.
Nueva orden: tramitación en la Casa de las Culturas con cita previa
La consejera de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Marian Orós, ha anunciado que la regularización de los inmigrantes se centralizará en la Casa de las Culturas, al ser un centro de referencia para estas personas, y con cita previa en el teléfono 900 700 107 en horario de atención al público de mañana y tarde y ha explicado durante su comparecencia en la Comisión de Políticas Sociales, que se han recopilado la información de los registros de entrada para sistematizar las citas y desde el lunes se elaborarán informes de vulnerabilidad “con garantías”. Este operativo contará con refuerzo de los servicios sociales municipales, pero Orós ha dejado claro que “el Ayuntamiento no va bloquear, ni a cargase los servicios sociales”.
“No puedo permitir --ha argumentado-- que dada la mejora en el cumplimiento de la ordenanza en los tiempos de cita se vayan por el sumidero y las ayudas de urgencia o cualquier servicio tenga que esperar semanas y semanas por este proceso caótico y chapucero y no se si con mala fe o falta de diligencia que ha originado en todas las ciudades de España, porque todos los ayuntamientos están en la misma situación y han denunciado lo mismo”.
También, la Policía Nacional, ha asegurado Orós, ha alertado del contenido del real decreto de regularización extraordinaria de personas inmigrantes porque ha generado “muchas situaciones en las que hay mafias que cobran entre 300 y 600 euros para dar una cita, la sección de Extranjería está en huelga indefinida y Correos, que es del mismo equipo que el Gobierno de España, dice que no tiene información y hasta CCOO ha dicho que es imposible hacerlo porque no hay información”.
A su parecer, el objetivo del real decreto “no es la regularización para que los que ya están aquí puedan trabajar” y además, ha avisado de que “hay un efecto llamada y algunos vienen desde Inglaterra, Francia, e Italia”.
Orós ha considerado que la finalidad de este real decreto es “reventar la convivencia, colapsar los servicios sociales y generar caos y frustración” para estimar que el Gobierno de España “se tendría que haber sentado con las comunidades autónomas”, además de incluir una memoria económica de la que carece el real decreto.