Zaragoza y los municipios ribera abajo del Ebro siguen vigilantes a las motas ante un río que se mantendrá en niveles altos
La crecida del Ebro tras las últimas lluvias ha sido finalmente menos intensa de lo anunciado en un primer momento. El caudal a su paso por Zaragoza y por las localidades de la ribera baja no superó los 1.500 metros cúbicos por segundo, y tampoco se prevé que el segundo pico —esperado entre la noche del jueves y la madrugada del viernes— alcance niveles preocupantes. Con el río ya en descenso, la concejala delegada de Bomberos y Protección Civil en la capital aragonesa, Ruth Bravo, aseguró con rotundidad que “los zaragozanos pueden estar tranquilos”.
Sin embargo, el alivio es relativo. Las filtraciones han debilitado varias motas de defensa en puntos de la ribera baja, como Movera, Alfajarín y El Burgo de Ebro, lo que ha obligado al desalojo preventivo de más de un centenar de vecinos. Los trabajos de refuerzo deberán retomarse tras el paso de la riada, con la vista puesta en la crecida ordinaria de primavera. La propia Bravo reconoció que este episodio ha servido de “ensayo” para los servicios municipales implicados en emergencias.
La Confederación Hidrográfica del Ebro ha informado de que la crecida ha atravesado este miércoles la localidad de Gelsa, donde con un caudal de unos 1.600 m3/s quedará absorbida por el embalse de Mequinenza. Mientras, la segunda crecida —consecutiva— alcanzará Castejón (Navarra) al final de la jornada, aunque finalmente es probable que no genere un repunte de caudal en este aforo, sino que este se mantenga con entre 1.300 y 1.500 m³/s hasta el viernes, cuando se empezará a apreciar una disminución. En Gelsa, en esta bajada se producirá al día siguiente.
Desalojos preventivos
En el barrio zaragozano de Movera han abandonado sus viviendas 70 familias, aunque solo diez residen allí de manera permanente. La urbanización comienza a sufrir problemas cuando el caudal supera los 1.400 m³/s y permanecerá desalojada hasta que se desactive el Plan Municipal de Emergencias, previsiblemente el sábado.
Mientras tanto, una patrulla de la Policía Local ha vigilado de manera constante la zona para impedir accesos indebidos y proteger las viviendas. Solo un matrimonio de 70 años ha solicitado alojamiento municipal y ha sido trasladado a un hostal de la ciudad.
En Alfajarín, el Ayuntamiento ha habilitado el pabellón polideportivo para acoger a 27 vecinos —15 adultos y 12 menores— de los 80 desalojados. Cruz Roja y los servicios sociales comarcales han proporcionado camas, mesas, sillas y calefactores. Además, el bar de las piscinas, cercano al pabellón, ofrece manutención hasta que desaparezca el riesgo.
La vigilancia de las motas
En este mismo municipio, el alcalde Jesús Boned mantiene la vigilancia sobre una fisura detectada en la mota, que ha ido horadando progresivamente un tramo. Si llegara a romperse, anegaría por completo los campos colindantes y alcanzaría las viviendas situadas al final de estos terrenos, algo que no ocurre desde 2018. La primera grieta se detectó en diciembre y el riesgo fue comunicado entonces a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).
En El Burgo de Ebro, el alcalde Vicente Royo sigue de cerca la evolución de otra mota con riesgo de rotura. En la zona permanecen efectivos del 112 y de la CHE, aunque en ningún momento se teme por la inundación del casco urbano. Desde la CHE han dirigido trabajos para adecuar una salida al agua por si la mota se rompe, dado que en el estado actual no se puede operar, que solo afectaría a campos de cultivo.
También en Zaragoza se supervisan las motas de Alfocea, Monzalbarba y La Almozara, donde hasta ahora no se han detectado afecciones relevantes.
Pese a la relativa tranquilidad, alcaldes y concejales insisten en reclamar a la Confederación, organismo responsable del mantenimiento, una limpieza más exhaustiva de las riberas, ante el temor de que no resistan una segunda crecida.
Urbanizaciones en situación irregular
Vivir junto al río implica riesgos conocidos. No obstante, en varias urbanizaciones los vecinos edificaron sobre suelo rústico y muchos residen allí de forma permanente, aunque en su mayoría se trata de segundas residencias.
En Movera hay 70 viviendas —las conocidas huertas— y en Alfajarín, 80. En ambas localidades se repite el mismo patrón: los vecinos insisten en permanecer cerca de sus propiedades mientras reclaman soluciones habitacionales más estables.
Una vecina de Movera recordaba que la urbanización ha sufrido cinco grandes crecidas, “aunque las órdenes de desalojo son mucho más frecuentes. En cada crecida ordinaria debemos abandonar nuestras casas y buscar refugio por nuestra cuenta”; en su caso, en el domicilio de su hermano, lo que, reconoce, acaba generando tensiones familiares cuando la situación se prolonga.
Aunque Ruth Bravo ha reiterado que el Ayuntamiento ofreció alojamiento a quien lo solicitara —además de habilitar el pabellón municipal—, algunos vecinos con niños rechazaron trasladarse al refugio de Zaragoza. Solo un matrimonio mayor ha sido alojado en un hostal. La propia vecina que denunciaba desamparo reconocía que “solo en una ocasión se me facilitó habitación porque teníamos a mi nieta con pocos meses en casa”.
La reiteración de estas situaciones enfrenta a veces a los vecinos con la administración local: unos reprochan falta de apoyo; otros recuerdan los problemas derivados de la situación “alegal” de estas urbanizaciones en terrenos inundables.