Teruel Existe y organizaciones ambientales piden la anulación definitiva del clúster del Maestrazgo

El Movimiento ciudadano Teruel Existe ha insistido en reclamar la paralización urgente del clúster eólico del Maestrazgo para evitar que se repitan situaciones como la de Pozondón, donde la justicia “ha llegado tarde”. La petición se produce tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), que anula la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del parque eólico Santos de la Piedra, una resolución que la organización celebra, aunque subraya que llega cuando la instalación ya está construida “y el daño ya está hecho”.

En la misma línea, organizaciones ambientales como Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Fundación Renovables, Greenpeace y WWF España —junto a ANSAR, ECODES y la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos— han expresado su “profunda indignación” por las irregularidades detectadas en la tramitación del clúster del Maestrazgo, actualmente bajo investigación, y han reclamado la anulación definitiva del proyecto.

El portavoz del grupo de energía y medio ambiente de Teruel Existe, Jesús Villamón, ha advertido de que el caso de Pozondón “no es un hecho aislado, sino el reflejo de un modelo de implantación de renovables que ha priorizado la rapidez frente a la protección del territorio”. Una idea que comparten las organizaciones ecologistas, que consideran que estas prácticas evidencian “posibles incumplimientos de los estándares ambientales” y malas praxis en la planificación energética.

“Durante años se nos vendió una transición energética modélica que, en la práctica, ha estado plagada de irregularidades y falta de control”, ha señalado Villamón, en referencia a investigaciones judiciales en curso. A su juicio, lo ocurrido es “la punta del iceberg de un modelo que ha fallado”.

Las entidades ambientales apuntan en la misma dirección y detallan que las DIA concedidas al clúster han permitido tramitar hasta 25 parques eólicos en un corredor de alto valor ecológico, con afecciones a la Red Natura 2000 y a especies protegidas como el quebrantahuesos. Además, denuncian que algunos proyectos se fragmentaron para eludir evaluaciones estatales o se aprobaron sin estudios acumulativos suficientes.

Villamón ha insistido en que el sistema de evaluación ambiental “no estaba funcionando con las garantías necesarias” y ha recordado que “más del 96% de las declaraciones de impacto ambiental resultaban favorables”, un dato que, a su juicio, evidencia un problema estructural. En este sentido, ha llegado a afirmar que el Inaga “era un coladero” y que “el sistema de evaluación ambiental estaba siendo pervertido”.

Las organizaciones coinciden en que estas prácticas no solo afectan al medio ambiente, sino que también “ponen en jaque la credibilidad de la transición energética” y alimentan el rechazo social hacia las renovables, perjudicando a los proyectos que sí cumplen la legalidad.

Ante este escenario, Teruel Existe reclama medidas cautelares para frenar proyectos en curso: “No podemos permitir que se repita lo ocurrido en Pozondón y que la justicia dé la razón cuando ya no hay solución posible”, ha advertido Villamón, quien ha añadido que “no queremos que Aragón se convierta en una suma continua de ‘Santos de la Piedra’”.

Mejor planificación

Por su parte, las entidades ecologistas subrayan que, en un contexto de inseguridad energética y dependencia de combustibles fósiles, el despliegue de renovables es “más necesario que nunca”, pero debe hacerse “de forma ágil, justa y al servicio de la ciudadanía”, con garantías suficientes para evitar prácticas irregulares o especulativas.

Ambas partes coinciden en la necesidad de una mejor planificación. Mientras Teruel Existe reclama “parar para proteger, investigar y garantizar que la transición energética se haga con rigor”, las organizaciones ambientales exigen una ordenación territorial que excluya de forma vinculante las zonas de mayor valor ambiental y priorice suelos ya degradados o artificiales.

Asimismo, valoran positivamente el compromiso del Gobierno de definir antes del 20 de junio las Zonas de Aceleración para Renovables (ZAR), aunque piden que su diseño incluya una amplia participación ciudadana y criterios claros de protección ambiental.

Las organizaciones también reclaman mecanismos que refuercen la participación pública desde fases tempranas en los grandes proyectos, más allá de los requisitos actuales, y recuerdan que muchas de estas medidas “no son nuevas”, sino demandas históricas que, de haberse aplicado, “habrían impedido casos como el del Maestrazgo”.

“Cuando se permite que proyectos basados en procedimientos cuestionables sigan adelante, no solo se pone en riesgo el territorio, sino que se genera una burbuja económica cuyas consecuencias acabarán pagando todos”, ha advertido Villamón, que ha apelado a actuar con “responsabilidad y anticipación”.

En este contexto, tanto el movimiento ciudadano como las organizaciones ambientales coinciden en que lo ocurrido con el parque eólico Santos de la Piedra debe marcar “un antes y un después”. “Es hora de parar. Parar para proteger, para investigar y para que se haga verdadera justicia”, ha concluido el portavoz de Teruel Existe, mientras las entidades insisten en que “las malas praxis deben ser prohibidas y perseguidas” para garantizar una transición energética compatible con el territorio y la biodiversidad.