Yolanda Díaz se compromete a pedir que se tramite el indulto de 'Las Seis de la Suiza'
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo se ha reunido en Oviedo con las seis sindicalistas y les ha transmitido su apoyo ante una condena que califica como “un escándalo”
Una de las numerosas manifestaciones a favor de "las seis de La Suiza". EFE
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha mostrado públicamente este viernes su apoyo a las sindicalistas conocidas como “Las seis de La Suiza”, con las que se ha reunido en Oviedo, y a las que ha transmitido su compromiso para pedir que se tramite su indulto y evitar así su inminente ingreso en prisión.
Las seis sindicalistas están pendientes de cumplir una condena de tres años y medio de cárcel tras haber sido declarada su responsabilidad en sendos delitos de coacciones graves y contra la administración de justicia.
Las acusaciones
Inicialmente fueron identificadas más de 30 personas por la Policía dentro de las manifestaciones de protesta que se habían llevado a cabo delante de la pastelería “La Suiza”, en Gijón/Xixón, por el despido de una compañera que había denunciado por acoso a su propietario. Sin embargo, finalmente, solo ellas seis fueron imputadas y condenadas.
El dueño adujo que se vio forzado a cerrar el establecimiento ante las presiones sociales y los tribunales de justicia le dieron la razón.
Yolanda Díaz ha asegurado en la capital asturiana que la sentencia es “un escándalo” y que su presencia en Asturias responde a la importancia de transmitir a todos los asturianos y a los españoles que deben luchar por la defensa de sus derechos laborales, incluido el derecho a la huelga.
Reunión a puerta cerrada
A las cinco de la madrugada de este viernes se levantó la ministra -según confirmó su entorno- para desplazarse hasta Asturias donde, desde las 9.30 de la mañana, tenía una apretada agenda de trabajo. El primer asunto del día que le trajo hasta la capital asturiana era la reunión, a puerta cerrada, con las seis sindicalistas.
Ni los fotógrafos de prensa, ni las cámaras de televisión, ni mucho menos los periodistas tenían autorizada la entrada para captar imágenes o las primeras palabras de las personas que acudían a ese encuentro.
La ministra quería hablar con tranquilidad con las seis sindicalistas y el grupo de apoyo que convoca los actos en solidaridad con ellas, desde concentración y manifestaciones a campañas informativas, y conocer los detalles de las situaciones personales y los hechos que les ha conducido a la movilización social y a solicitar el respaldo ciudadano, de los movimientos sociales, entidades, comités de empresa y diversos organismos hasta llegar a los ejecutivos autonómico y central para lograr su respaldo oficial al indulto.
El apoyo explícito del Gobierno
Y la ministra no les defraudó. Yolanda Díaz llegó a una sala de prensa de la Junta General del Principado completamente llena de representantes de los medios de comunicación, flanqueada por el consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos de Asturias -socio, por tanto, en el gobierno de coalición progresista que preside el socialista Adrián Barbón- y el portavoz parlamentario de Convocatoria por Asturias en la Junta General del Principado, Xabel Vegas.
La ministra quiso dejar claro que su presencia en el Principado obedecía a una razón de peso: “Como vicepresidenta y ministra, vengo para apoyar a las seis de La Suiza”.
La defensa de los derechos laborales
En esta doble condición basó toda su intervención y repitió en varias ocasiones que quería transmitir un mensaje a los trabajadores y a las trabajadoras del país: que no cejaran de luchar por los derechos fundamentales.
“Estoy aquí por una razón fundamental y es que hay una ola reaccionaria en el mundo desde Trump, Milei, pasando por Orban, por Meloni y muchos otros hombres y mujeres que tienen un objetivo fundamental que es restringir los derechos humanos y las libertades”, explicó la ministra.
Líderes mundiales que, según incidió, tienen una agenda en común que es la de restringir los derechos de los trabajadores y trabajadoras y los derechos fundamentales como el derecho de huelga.
La restricción de derechos
“No es casual -afirmó- que de las primeras normas que aprobó el presidente Trump fuera justamente la ley anti-huelga. Y no es casual que el señor Milei, una de sus primeras normas, fuera exactamente ésta. En nuestro país también está pasando esto”, advirtió.
“Si ustedes leen la ponencia del Partido Popular verán el ataque y, a pesar de que dice pocas cosas, tiene claro cuáles son los objetivos. No les digo ya si se lee el programa de Vox que les conmino a que lo lean, a pesar de que lo han retirado de circulación”, dijo en alusión a ese objetivo de restringir los derechos laborales.
Una diferencia que marcaba, en su opinión, la línea seguida por el Gobierno de España, en cuyo nombre actuaba, para decirles a “Las seis de La Suiza” que cuentan con su apoyo y solidaridad.
“La condena es un escándalo”
“Me conocía el asunto de manera técnica, pero es verdad que cuando las he escuchado me he escandalizado. Este es el sentimiento que tengo yo hoy, que es un escándalo”, ha reconocido.
Yolanda Díaz ha admitido que sus palabras, en función de los cargos que ostenta, no son habituales, pero su intención desde un principio era lanzar un mensaje que ella misma ha calificado como “fuerte” para todos los trabajadores y trabajadoras del país a quienes ha animado varias veces, a seguir luchando ante la importancia de reivindicar derechos y, entre ellos, el de la huelga.
La vicepresidenta segunda del Gobierno considera que, con el resultado de la sentencia, se está mandando un mensaje tanto a la clase trabajadora de Asturias como de España para que opten por no denunciar cuando se vean conculcados los derechos, cuando ella aboga por todo lo contrario.
“No vamos a aceptar retrocesos”
“No se puede criminalizar los derechos de los trabajadores y no vamos a aceptar retrocesos. Hay un ataque sin precedente a los sindicatos de clase. Por ello, como vicepresidenta, 'las Seis de La Suiza' cuentan con mi apoyo, solidaridad y todo el cariño”, ha añadido.
La ministra ha reiterado que “con los derechos laborales no se juega y con los derechos humanos tampoco” y ha comentado que no pudo asistir el pasado domingo a la manifestación convocada en Gijón/Xixón a favor de las seis sindicalistas por encontrarse en Budapest junto al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, para asistir a la manifestación del Orgullo prohibida por el Gobierno húngaro, ya que de lo contrario “habría estado en Xixón”, ha ratificado.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en el centro, junto a diputados asturianos y el secretario de Estado. EFE/ José Luis Cereijido
“Es una sentencia inexplicable”
Previamente, habían intervenido el consejero Ovidio Zapico y Xabel Vegas, quienes reiteraron el apoyo que ya con anterioridad, y desde un principio, habían mostrado a favor de las sindicalistas condenadas.
Xabel Vegas ha expresado su rechazo a una sentencia que considera “absolutamente inexplicable y que conculca los más elementales derechos sindicales”.
Ha recordado el éxito de la manifestación el domingo en Gijón/Xixón donde hubo “un grito” unánime de los asistentes de que “hacer sindicalismo no es delito” y ha coincidido con Yolanda Díaz y Ovidio Zapico en la importancia de que las seis sindicalistas condenadas no entren en prisión.
“Quieren que sea ejemplarizante”
En su opinión, lo que se pretende al condenarlas es “ejecutar una sentencia ejemplarizante para que los asturianos y las asturianas y los españoles y las españolas no quieran ejercer sus derechos sindicales, no se atrevan a ejercer los derechos sindicales con los que conseguimos mayores derechos y condiciones laborales más dignas para todos los trabajadores y todas las trabajadoras”.
También ha agradecido el gesto de Yolanda Díaz de desplazarse a Asturias para reiterar ese apoyo de forma pública porque, a su juicio, “Es importantísimo que una vicepresidenta del Gobierno de la Nación esté apoyando a trabajadoras que están viendo sus derechos sindicales conculcados y creemos que eso es un acontecimiento que calificaría de histórico”.
“Es un conflicto dentro de procesos de movilización social”
El consejero Ovidio Zapico ha reivindicado la aprobación de la solicitud del indulto por parte del gobierno de coalición asturiano del que se da traslado del acuerdo a la Secretaría de Estado de Justicia.
Ha anunciado que se ha incoado el expediente desde la Consejería que él dirige y ha dicho que lo ha hecho “con el convencimiento de que lo que está pasando con estas seis personas es algo inhumano, es algo completamente injusto. Hace ya ocho años -continuó explicando- que pasaron aquellos sucesos enmarcados además en procesos normales de movilización sindical ante un conflicto laboral”.
Zapico ha recalcado que estas seis personas que tienen pendiente esta ejecución de condena es “gente que tiene su vida, sus familias, sus hijos y llevan con esta incertidumbre durante ocho años. Por lo tanto, hay que parar ya esta deriva y dar a estas personas certidumbre y seguridad y, por lo tanto, justicia”.
La importancia de tener “gobiernos progresistas”
El consejero ha terminado su intervención exponiendo una reflexión: “Es muy importante que haya gobiernos de coalición progresistas, en Asturias y a nivel nacional, en comunidades autónomas, ayuntamientos y en el país. Yo creo que a nadie se le escapa que si el Gobierno de Asturias no tuviese este componente de izquierda -ha recalcado- que nosotros representamos, posiblemente este acuerdo no se hubiese llevado a cabo”.
A esa reflexión ha sumado también un llamamiento: “Yo creo que el sosiego, la serenidad y también desde la firmeza de que estamos en momentos difíciles a partir del miércoles tiene que haber un punto de inflexión y que el Gobierno de España tiene que tener el firme compromiso de cambiar cosas para que podamos seguir construyendo un país progresista que proteja derechos y no una suerte de Estado parecido a Hungría, donde bajo la carcasa de la democracia se carcome día a día los derechos, las libertades y en definitiva, el estado social y de bienestar que tenemos que construir y cuidar y mimar cada día”.
A continuación reproducimos el momento de la intervención de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, esta mañana en la Junta General del Principado, en Oviedo.
El indulto es la vía que les falta a “las Seis de la Suiza” para impedir la ejecución de la sentencia. El Gobierno central se sumaría así al apoyo del Gobierno de Asturias, anunciado a esta medida de gracia que insufla un balón de oxigeno al sindicalismo.
El apoyo del Gobierno de Asturias
El Ejecutivo autonómico ha justificado su decisión por razones de carácter “humanitario y personal” y basándose en que las condenadas han demostrado una “plena integración social, laboral y familiar”, carecen de antecedentes penales previos y han mantenido una “conducta ejemplar” desde que los hechos fueron juzgados.
El Gobierno asturiano también entiende que la prolongación del proceso judicial durante más de ocho años “ha supuesto ya un severo castigo psicológico y social, que excede el daño causado y justifica la aplicación de una medida de gracia”.
El respaldo público del Ejecutivo regional se producía apenas cuatro días después de que la Federación Socialista Asturiana (FSA) se sumara a las numerosas peticiones de indulto que se están registrando desde que se tuvo conocimiento de que no habían prosperado las peticiones de las defensas para evitar la ejecución de la sentencia condenatoria.
El impacto
La FSA-PSOE considera que la aplicación de esta medida de gracia permitiría evitar “el innegable impacto que la aplicación de esta sentencia tendría sobre el proyecto personal y vital de las seis personas afectadas”.
Representantes sindicales, asociaciones y comités de empresa de varios sectores, además de numerosos colectivos sociales se han ido solidarizando, a través de comunicados, concentraciones y manifestacionespara tratar de evitar su ingreso en prisión.
Uno de los últimos apoyos públicos procedentes de representantes políticos nacionales fue el de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, quien se desplazó a Asturias para participar en una manifestación en Gijón/Xixón a favor de las seis sindicalistas condenadas.
“Se criminaliza con dureza el puro sindicalismo”
Ione Belarra no dejó únicamente su testimonio gráfico, sino que quiso hacerlo público con declaraciones a los medios de comunicación donde aseguró que “las seis de la Suiza” representan “lo mejor de nuestro país” y su condena es “uno de los mayores atentados a la democracia” de España de “los últimos años”, al ver cómo “se criminaliza con dureza el puro sindicalismo”.
“Estas personas son lo mejor de nuestra sociedad. Son la punta de lanza que hace avanzar nuestros derechos y vamos a estar respaldándolas. No pueden entrar en prisión personas que lo único que están haciendo es ejercer sus derechos laborales”, ha apuntado tras sostener que el juez de este caso ha dictado “polémicas sentencias desde los años 80 del siglo pasado contra el sindicalismo”.
Belarra ha pedido al presidente del Principado, Adrián Barbón, que “se deje de maquillaje” y “levante el teléfono” para pedir al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que, en caso de entrar en prisión, se dicte un indulto “a la mayor brevedad”.
La condena
Las seis sindicalistas fueron condenadas a una pena de tres años y medio de cárcel por un delito continuado de coacciones graves y otro contra la administración de justicia.
La seis sindicalistas fueron condenadas en 2021 por participar en las protestas convocadas frente a la Pastelería La Suiza, en Gijón, por el despido de una empleada.
En junio de 2024 el Tribunal Supremo confirmaba la condena de tres años y medio de prisión, y, a principios de este mes, el juzgado de lo penal número 1 de Gijón desestimaba la solicitud de las defensas y la Fiscalía para que se suspendiera la condena impuesta por un delito continuado de coacciones graves y otro contra la administración de justicia, por lo que las condenadas deberán entrar en prisión en los próximos días.
La convocatoria en redes sociales
La sentencia detalla la convocatoria a través de las redes sociales de concentraciones delante del establecimiento con pancartas, la entrega de pasquines contra el empresario, así como la difusión de un vídeo en el que le denunciaban por acoso laboral y sexual.
Los condenados, según el relato de hechos, “incrementaron durante varios meses las acciones de boicot y presión” hacia el empresario y su familia porque éste se negó a indemnizar a la empleada por despido improcedente y a retirar la acusación contra la pareja de ésta.
Las medidas de protesta
Las concentraciones delante de la empresa terminaron cuando el empleador decidió cerrar su negocio, lo que, según el Supremo, fue “la consecuencia directa de la presión, constante y reiterada y desproporcionada derivada del número de concentraciones realizadas como respuesta por no acceder a las pretensiones económicas de los acusados”.
La sentencia condenatoria ha tenido un largo recorrido judicial por distintas instancias. Los letrados defensores interpusieron inicialmente recursos ante la Audiencia Provincial de Asturias y el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).
El mismo signo político
A las condenadas les quedaban entonces a vía del recurso y el indulto. La primera no surtió el efecto esperado ya que el juez de lo Penal de Gijón Lino Rubio Mayo denegó la petición de las defensas para evitar que se ejecutara la condena a las seis sindicalistas. Por ello aún tienen pendiente la segunda opción: la medida de gracia.
El apoyo explícito que ya les han mostrado a las seis sindicalistas los gobiernos central y autonómico les deja abierta la esperanza a que finalmente puedan ser indultadas y no se haga efectiva la ejecución de la sentencia que les llevaría a ingresar en el Centro Penitenciario de Asturias para cumplir la condena a tres años y medio de prisión por sendos delitos de coacciones graves y contra la administración de justicia.
La opinión de las sindicalistas condenadas
'Las seis de La Suiza' afrontan su ingreso en prisión “con coherencia” por apoyar a una trabajadora en un caso de acoso
Una veterinaria, una artista, una trabajadora del ámbito social, una trabajadora del sector del transporte, una empleada de hostelería y un profesor. Son las actividades laborales a las que se dedican las seis personas que han sido condenadas por el Tribunal Supremo (TS) a una pena de tres años y medio de prisión por el caso conocido como “Las Seis de La Suiza”.
Dos de las personas condenadas y una tercera que fue imputada inicialmente accedieron a relatar a elDiario.es Asturias, hace justo ahora un año, cómo se encontraban anímicamente, cuál era su situación personal, qué motivaciones les llevaron a movilizarse ante la pastelería “La Suiza” y cómo afrontaron el proceso judicial y todos los pasos que iban a realizar a partir de conocer la sentencia condenatoria.
En ese reportaje, del que extractamos algunas de esas opiniones, las sindicalistas reconocían encontrarse con fuerza para seguir adelante.
Afrontan “con coherencia y dignidad” este revés judicial que califican como un “peligrosísimo precedente” de persecución sindical por apoyar a una trabajadora que denunció a su jefe como presunto autor de sendos delitos de acoso laboral y sexual -que finalmente se archivaron- con concentraciones delante del negocio, ubicado en Gijón.
El inicio del conflicto
Desde hace siete años -ahora ya son ocho años- están inmersas en este largo procedimiento judicial que les llevó hasta el banquillo de los acusados del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), que confirmó la condena en primera instancia del magistrado Lino Rubio Mayo, titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Gijón por las protestas y manifestaciones que secundaron delante de la pastelería, en solidaridad con una trabajadora.
Esta empleada había acudido a las oficinas del sindicato CNT para pedir su asesoramiento tras denunciar sus malas condiciones laborales aduciendo que en su trabajo le encargaban tareas que ponían en riesgo su embarazo. Al mismo tiempo relató que era víctima también de un presunto caso de acoso sexual.
El equipo de acción sindical se puso en contacto con la empresa para pactar la salida de la trabajadora pero el empresario se negó a mantener cualquier tipo de reunión, por lo que el sindicato convocó varias concentraciones ante sus instalaciones en las que participaron las personas condenadas para mostrar su repulsa por la actitud del propietario hacia la empleada.
Los delitos
Para el alto tribunal, sus acciones se enmarcan en un delito continuado de coacciones graves y otro delito contra la Administración de Justicia cometidos en el año 2016 y la condena les sitúa a un paso del ingreso en prisión tras responsabilizarlas del cierre del negocio.
Ellas, por el contrario, sostienen que se limitaron a defender a una trabajadora que sufría un presunto caso de acoso, sin que en sus protestas emplearan la violencia, ni causaran daños y, sobre todo, contando con el respaldo de la autorización expresa que había concedido la Delegación del Gobierno en Asturias para la celebración de estas manifestaciones.
En estas concentraciones participaban vecinas y vecinos, representantes sindicales y de partidos de izquierdas y paradójicamente en esa época ostentaba el cargo de delegado del Gobierno Gabino de Lorenzo, el que fuera alcalde de Oviedo por el Partido Popular (PP) entre 1991 y 2012.
Un matrimonio, entre las condenadas
“Estamos en un punto de mucho estrés, en un momento complicado. Nos afecta, pero seguimos teniendo fuerza para enfrentar todo esto y lo llevamos con toda la dignidad y y ánimo que podemos llevarlo”, explica Luara, una de las mujeres que participó en estas concentraciones con su marido Héctor, también condenado.
El matrimonio tiene un hijo de ocho años, que ha crecido casi paralelamente al procedimiento judicial. Sus padres empezaron a ir a las concentraciones cuando él solo tenía un año.
“Estábamos ayudando a una mujer”
“La vida se trata nada más que de mirarte al espejo y ver qué imagen te devuelve. Y eso es lo que cuenta”, resume Héctor. Él dice con una sola palabra la imagen que ven desde el espejo: “la imagen es la de la coherencia”, apunta.
A su lado, su mujer Luara explica que la tranquilidad que les queda es saber que pueden dormir a diario con la conciencia tranquila.
“Hicimos lo que hicimos convencidos de que estábamos haciendo un bien ayudando a una mujer, a una persona que lo necesitaba en ese momento. Y además, estábamos haciendo algo que es un derecho. Mostramos nuestro apoyo desde un punto de vista sindical y feminista. Se hizo sindicalismo y se hizo feminismo”, apostilla.
Los dos estiman que las vecinas y vecinos del barrio de El Llano, la sociedad gijonesa y la sociedad asturiana en general entendieron la finalidad de sus acciones, cuando secundaron la convocatoria del sindicato CNT, al que acudió la trabajadora de la pastelería para denunciar su caso de presunto acoso laboral y sexual, que finalmente fue archivado.
“En aquel momento notamos también el apoyo de muchísima gente que ni siquiera estaba en el sindicato pero que entendía que era un problema que, por desgracia, pasa mucho en la sociedad y muy pocas veces se denuncia y se hace justicia. Ahora ha pasado mucho tiempo y en el momento en el que hay unas personas condenadas a prisión por hacer sindicalismo, la gente tiende a pensar que algo habrá pasado porque nadie en su sano juicio puede entender una cosa así”, comenta Luara.
Más de una treintena de personas imputadas
En esta causa llegaron a estar imputadas más de una treintena de personas. Una de ellas es Sara, que pertenece al movimiento feminista asturiano y que también expone a este diario su punto de vista sobre el caso.
“Yo llegué a estar imputada al principio. Éramos unas treinta y pico personas, pero al final se fue cribando y solo quedó gente que estaba afiliada a la CNT. Ni siquiera sabemos muy bien cuáles eran los criterios”, afirma.
Durante la investigación se incluyó a personas cuyo papel se había limitado a solicitar a una empresa una reunión con el sindicato; otras por acudir a esas reuniones.
Héctor recalca que todas las concentraciones eran convocatorias legales que contaban con la autorización de la Delegación del Gobierno. En todas ellas había presencia policial y no levantaron actas de disturbios, ni incidentes.